Cada vez más organizaciones y sectores políticos presentan recursos judiciales para frenar el decreto de Javier Milei que habilita a los servicios de inteligencia a detener personas y realizar tareas de espionaje sin control externo. Advierten que es ilegal e inconstitucional.
La lista de organizaciones y sectores políticos que presentan amparos para frenar la modificación de la Ley de Inteligencia que impulsó por decreto el gobierno de Javier Milei no deja de crecer.
El DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre pasado cuando el país se preparaba para recibir el año nuevo, reformó integralmente el sistema de inteligencia sin pasar por el Congreso y le otorgó nuevas facultades a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado).
Entre ellas, la posibilidad de detener personas sin orden judicial y acceder a información personal de ciudadanos sin controles. La batería de recursos judiciales comenzó a acumularse en el fuero contencioso administrativo federal, el mismo donde el gobierno libertario sufrió un duro revés cuando se anuló (temporalmente) el protocolo antipiquietes de Patricia Bullrich.
Ilegal e inconstitucional: El amparo del CELS
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo en la que solicita que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU.
La organización, que ya había logrado frenar la resolución de Bullrich sobre manifestaciones públicas, pidió además una medida cautelar urgente para suspender varios artículos del decreto y la habilitación de la feria judicial. En su presentación, firmada por los directivos Paula Litvachky y Diego Morales, el CELS plantea tres ejes fundamentales de cuestionamiento.
- Primero, sostiene que el Poder Ejecutivo no explicó cuál era la urgencia para avanzar en una reforma de esta magnitud sin el debate parlamentario correspondiente.
- Segundo, argumenta que el DNU avanza sobre materia penal, una facultad expresamente vedada al Ejecutivo por la Constitución Nacional, al habilitar a agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial ni control posterior.
- Tercero, advierte que los contenidos del decreto resultan ilegales, arbitrarios y desproporcionados por los derechos fundamentales que vulneran.
El organismo cuestiona especialmente los artículos 4, 17, 18 y 19 del DNU, cuya aplicación inmediata produce una afectación directa a derechos constitucionales y humanos: la libertad personal y ambulatoria, la privacidad, el debido proceso, la autodeterminación informativa y la libertad de acción y participación social y política.
Uno de los puntos más críticos, según el CELS, es el desmantelamiento de las prohibiciones históricas que regían sobre los organismos de inteligencia. La reforma amplía de manera imprecisa las facultades de intervención estatal bajo el paraguas de las llamadas “investigaciones de inteligencia” y, especialmente, de contrainteligencia.
Mientras que la ley anterior prohibía expresamente que las agencias influyeran en la vida política, social, económica, partidaria o en la opinión pública, el nuevo DNU excluye de esas restricciones a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance redefine y expande de forma arbitraria.
De este modo, prácticamente cualquier actividad podría ser encuadrada como contrainteligencia, habilitando la intervención estatal en ámbitos que antes estaban vedados. Otro aspecto central del cuestionamiento es el acceso irrestricto a información personal.
El nuevo artículo 10 autoriza a los organismos de inteligencia a requerir datos personales a cualquier dependencia del Estado nacional o provincial sin control externo y sin necesidad de justificar la proporcionalidad de la medida ni su vinculación con una finalidad legítima de seguridad nacional.
Además, el artículo 4.5 permite a la SIDE compartir esa información con entidades nacionales o extranjeras mediante convenios confidenciales, sin orden judicial previa, una exigencia que sí contemplaba la legislación anterior.
Esto implica que datos sensibles recolectados por organismos como el RENAPER, Migraciones o la ANSES (originalmente destinados a fines administrativos) puedan ser utilizados, almacenados y divulgados por las agencias de inteligencia sin control civil ni judicial y sin una finalidad concreta vinculada a la seguridad nacional.
El CELS también cuestionó con dureza la nueva facultad otorgada a los agentes de inteligencia para detener personas sin orden judicial, tanto en el marco de actividades de inteligencia como ante supuestos delitos en flagrancia.
En esos casos, el decreto establece que el aviso debe darse a fuerzas policiales o de seguridad, y no a un juez. “No se trata de meros ajustes administrativos”, señalaron desde la entidad, “sino de intervenciones directas y restrictivas sobre ámbitos centrales de la autonomía personal y la acción social, adoptadas mediante un instrumento de baja calidad democrática”.
Javier Milei habilitó a la SIDE a detener personas y a involucrar a las Fuerzas Armadas en inteligencia interior
Frade, Ferraro y Paulón hablan de “Estado Policial”
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron otro amparo ante el fuero contencioso administrativo.
La presentación cayó en el juzgado de Rita Ailán, designada en ese cargo en 2006, y solicita una medida cautelar para suspender la aplicación del DNU y que se declare su inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable.
Los legisladores cuestionan que el gobierno diseñó esta reforma mientras el Congreso sesionaba en extraordinarias, pero Milei esperó hasta el 31 de diciembre para sacarla por DNU y alegar que estaba en receso.
Además de señalar que el Poder Ejecutivo pasó por alto al Congreso sin justificar la necesidad y la urgencia, advierten que avanzó sobre materias penales y procesales prohibidas en los DNU al habilitar a personal de inteligencia a detener gente.
El amparo señala que la fusión de seguridad interior e inteligencia estratégica genera el riesgo de que “a instancias de los mensajes políticos de cada momento, se aplique inteligencia de guerra o de seguridad interior, contra los propios ciudadanos”.
“El proceso puede conducir a dar tratamiento de ‘enemigo externo’ a grupos internos, ciudadanos que demanden satisfacción de reclamos, periodistas que investiguen, políticos opositores, etc. Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado. Dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado argentino, que a una cuestión de seguridad interior, es la antesala inmediata a la existencia de un ‘Estado policial'”, advierte la presentación.
Los diputados también critican que se politiza la inteligencia con la “absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo”, lo que podría convertir “al organismo de inteligencia en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de ‘seguridad estratégica'”.
Otro punto problemático que destacan es que el artículo 2 bis introducido por el DNU establece que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”. Según la presentación, esto implica que el sistema de inteligencia queda exento de controles.
“No existe sistema de inteligencia que no se desvíe, sin la existencia de: control judicial previo, legislativo con acceso a gastos reservados y facultad de interpelación a jefes de inteligencia, con los recaudos lógicos y la transparencia y desclasificación de información estratégica, al cabo de plazos determinados”, advierte el escrito.
Los legisladores también cuestionan la inclusión de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Comunidad de Inteligencia Nacional. Es decir, un órgano que debe mantener autonomía queda dentro de un organismo de investigación política.
“Un dislate”, señalan, preguntándose qué pasaría si los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que manejan los bancos y entidades financieras se comparten en bases de datos con fines de inteligencia política.
Una “arquitectura legal deliberadamente opaca”
Un grupo de dirigentes que formó parte del gobierno de Raúl Alfonsín presentó un recurso de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo federal para pedir la suspensión inmediata de los artículos del DNU que habilitan a la SIDE a realizar tareas de contrainteligencia “sobre supuestos amplios y vagos” como “influencia” o “injerencia”, sin exigir orden judicial.
La presentación fue impulsada por el exdiputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau junto al abogado Miguel Ángel Pierri, quien trabajó para sumar las firmas de otros referentes históricos de la UCR como Federico Storani, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín, Ricardo Terrile y Ricardo Alfonsín.
Aunque Moreau es cercano a Cristina Fernández de Kirchner e integra las filas del kirchnerismo, mantiene vínculos con sus excorreligionarios, a quienes los une la preocupación por los movimientos del gobierno de Milei en términos institucionales y de violación de derechos y garantías constitucionales.
La alarma está puesta en particular en la habilitación a los agentes de inteligencia para aprehender personas “en la comisión de delitos de flagrancia”.
Es el punto que motivó conversaciones entre los firmantes y algunos funcionarios judiciales de larga trayectoria, que ven con preocupación el avance de los organismos de inteligencia en un terreno que les es propio. Los magistrados temen que la intervención de los agentes de la SIDE embarre causas judiciales a la manera de la década del ’90.
“La norma impugnada resulta inadmisible por cuanto habilita intervenciones estatales sobre la base de conceptos abiertos, vagos y carentes de precisión normativa. La ausencia de criterios objetivos y verificables deja librada la actuación del sistema de inteligencia a amplios márgenes de discrecionalidad administrativa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho”, dice el recurso, que recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, que conduce el juez Martín Cormick.
Los firmantes le piden a Cormick la habilitación de la feria judicial para tratar el tema debido a “la naturaleza de los derechos fundamentales comprometidos y al riesgo cierto de producción de efectos de imposible o muy dificultosa reparación ulterior durante el receso judicial”.
Plantean, además, la reserva de acudir directamente a la Corte Suprema mediante el mecanismo del per saltum, bajo el argumento de “la gravedad institucional” y por tratarse de una reforma de naturaleza “estructural”.
La intervención de Cormick no es un buen augurio para el Gobierno. Se trata del mismo juez que declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich el 29 de diciembre pasado, apenas dos días antes de que Milei firmara el DNU de inteligencia. En su presentación, los dirigentes radicales advierten:
“A través de una arquitectura legal deliberadamente opaca, el decreto impugnado diluye los límites establecidos por la normativa vigente en torno a la prohibición del espionaje interno, la recolección de datos sin orden judicial y la vigilancia ideológica o política. Se institucionaliza un régimen de inteligencia que habilita el monitoreo de la ciudadanía no ya en función de hechos ilícitos concretos y verificables, sino sobre la base de criterios amplios e indeterminados de oportunidad política, conveniencia estratégica o prevención difusa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho”.
Tras acompañar el presupuesto, el PRO se acordó de su enojo con LLA por las designaciones en la AGN
El PRO evita quedar pegado al DNU de Milei
En la Casa Rosada defienden la reforma pese a las críticas y tratan de minimizar las presentaciones judiciales que se están acumulando.
La propia SIDE sacó un comunicado donde decía que las modificaciones apuntan a “acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de inteligencia nacional, adecuándolo a las amenazas del Siglo XXI“. También afirmó que cumple “estándares democráticos y republicanos”.
Pese a los antecedentes adversos en el fuero contencioso administrativo, en el gobierno libertario se sienten confiados. Una fuente oficial declaró: “Si hay que debatirlo en tribunales, vamos a ganar. La Corte tiene jurisprudencia que nos da la razón”.
El gobierno hace referencia a la acordada 17/2019 de la Corte Suprema, en la que el máximo tribunal adoptó un criterio restrictivo frente a las actividades de inteligencia, sobre todo a raíz de las escuchas ilegales que se difundían en distintos medios de comunicación.
Sin embargo, el gobierno enfrenta un problema adicional en el plano político: el PRO no garantizó su apoyo al DNU. A través de un comunicado, el bloque de Diputados conducido por Cristian Ritondo indicó que todavía no tiene una postura definida respecto del decreto.
“Consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, señalaron.
La relación entre el PRO y La Libertad Avanza alcanzó su pico máximo de tensión en las últimas semanas de diciembre, luego de una polémica sesión en Diputados donde el PRO denunció un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo por cargos en la Auditoría General de la Nación. “Dejamos de ser aliados”, sentenciaron desde el bloque.
Según Mauricio Macri, quien ya hizo saber puertas adentro de su partido que rechaza el DNU, el gobierno ya está al tanto de esta situación y trabaja para evitar que el PRO vote en contra del decreto cuando llegue al recinto de ambas cámaras, tal como sucedió a mediados de 2024 con el DNU que le otorgaba a la SIDE 100 mil millones de pesos en fondos reservados.
Si hay un dirigente político con vínculos profundos con los servicios de inteligencia, ese es Macri, quien realizó un uso extensivo de los espías durante su gobierno. De hecho, incluso llegó a espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Se trata del submarino que naufragó en 2017 mientras circulaba por el Mar Argentino. Luego el fundador del PRO fue investigado por espionaje ilegal, y aunque fue sobreseído, la Justicia confirmó la existencia de tareas de espionaje, pero argumentó que estaban justificadas.
