Tras funcionar como un aliado clave del oficialismo durante el tratamiento del Presupuesto 2026, tanto en el Senado como en Diputados, la bancada de Cristian Ritondo recordó su enojo por las designaciones en la AGN y ahora asegura que “no es cómplice de atropellos institucionales”.
Después de que el PRO acompañara el Presupuesto de Javier Milei tanto en Diputados como en el Senado, la bancada que conduce Cristian Ritondo volvió a recordar su enojo por las designaciones realizadas en la Auditoría General de la Nación (AGN), impulsadas la semana pasada durante la sesión del 18 de diciembre.
A través de un comunicado difundido el domingo, el bloque amarillo denunció que las tres designaciones en la AGN fueron producto de un acuerdo político previo entre La Libertad Avanza (LLA), el kirchnerismo y el bloque Innovación Federal.
“El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO”, afirmaron desde el partido, que señaló que la votación se aprobó con 189 votos positivos, superando ampliamente los números necesarios.
La controversia tiene su origen en la sesión en la Cámara de Diputados en la que se trató el Presupuesto 2026 y, según trascendió, el bloque amarillo aspiraba a que uno de los cargos fuera ocupado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca, algo que finalmente no ocurrió.
El comunicado del PRO contra las designaciones
El partido de Mauricio Macri aeguró que en aquella oportunidad se retiró de la sesión en un acto de rechazo a un procedimiento que consideran viciado. “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad”, remarcaron en el comunicado, al tiempo que explicaron que permanecer en sus bancas hubiera implicado legitimar una votación que califican de inconstitucional.
Desde el PRO denunciaron que la votación se realizó sin que existiera dictamen previo, sin acuerdo de Labor Parlamentaria y sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos. Además, sostienen que el tema se trató sin estar incluido en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, lo que según afirman vulnera el artículo 63 de la Constitución Nacional.
“No se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, concluyó el comunicado partidario.
El presidente del bloque, Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz. El escrito de 29 páginas solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución aprobada en Diputados, que se dicte una medida cautelar.
“El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, sentenciaron desde el bloque, en un intento por despejar las versiones que los señalan como facilitadores de la votación al retirarse del recinto.
Sin embargo, esta férrea defensa de la institucionalidad que el PRO exhibe frente a las designaciones de la AGN brilló por su ausencia cuando el gobierno intentó incluir en el Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia en discapacidad.
Las dos normas habían sido insistidas por dos tercios del Congreso y, pese a esto, el Ejecutivo viene negándose a cumplirlas (una decisión sin precedentes desde la vuelta a la democracia). En aquella oportunidad, Ritondo había cuestionado el procedimiento, pero esto no le impidió ni a él ni a su banca apoyar el articulado.
Lo cierto es que las designaciones en la AGN provocaron cortocircuitos con La Libertad Avanza. El ministro del Interior, Diego Santilli, minimizó el episodio y calificó el enojo del diputado como una “calentura del momento“. Lo cierto, es que el aparente malestar no ha tenido efectos legislativos hasta el momento.
