La defensa de Cristina Kirchner presentó un pedido para que la expresidenta cumpla su pena en el departamento donde vive con su hija y reclamó que se disponga directamente el arresto domiciliario sin requerir su paso por una alcaidía.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa vialidad, la defensa de la actual titular del Partido Justicialista (PJ) presentó un pedido para que la expresidenta cumpla la pena en su domicilio.
Se trata del primer recurso formal de los abogados tras el fallo, y se da luego de la reacción casi inmediata de todo el peronismo y varios dirigentes y mandatarios internacionales, que rechazaron la avanzada judicial.
Por lo pronto, Cristina Kirchner cuenta con 5 días hábiles para presentarse en Comodoro Py para avanzar con la detención. Mientras tanto, el Tribunal notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos, concretando la proscripción contra la dirigente.
El pedido de prisión domiciliaria
La defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, presentó un escrito de 13 carillas al Tribunal Oral Federal 2 solicitando que la condena se cumpla en prisión domiciliaria sin tobillera electrónica.
El pedido específicamente requiere que el arresto domiciliario se efectúe en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente vive la ex presidenta con su hija Florencia.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria“, sostuvieron sus abogados en el documento judicial.
Los letrados argumentaron que plantear la detención en una cárcel común “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”.
La fundamentación del pedido se basa en tres elementos principales: la edad de Cristina Kirchner (72 años), los riesgos para su seguridad derivados del atentado que sufrió en septiembre de 2022, y su condición de expresidenta.
Los abogados sostuvieron que el eventual traslado a una cárcel derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.
Respecto a la tobillera electrónica, la defensa consideró que es “completamente innecesario” su uso, teniendo en cuenta que la ex mandataria cuenta con custodia las 24 horas. Los abogados también dejaron sentada una “expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema y ante organismos internacionales por las vías pertinentes” en caso de que el pedido sea rechazado.
Según la Ley de Ejecución Penal, en su artículo 32, “el Juez de ejecución podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria”. El beneficio está previsto especialmente para personas mayores de 70 años, condición que cumple Cristina Kirchner por su edad actual.
La legislación también contempla el beneficio para “el interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”. En el caso de Cristina, cabe recordar que en 2013 sufrió un hematoma subdural crónico, por lo que deberá ser sometida a un control del Equipo Médico Forense.
La ley establece que “la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución”.
En caso de aprobarse la petición, la defensa podrá proponer domicilios adecuados, aunque se deberán realizar estudios socio ambientales para aprobar la residencia como lugar de detención.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner
CFK deberá presentarse en Comodoro Py
Cabe recordar que el TOF N°2, a través del juez Jorge Gorini, ordenó que Cristina Fernández de Kirchner y los otros ocho condenados se presenten en Comodoro Py 2002 dentro de los próximos cinco días hábiles para efectivizar sus detenciones.
Además, dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación asigne, en un plazo de 24 horas, una dependencia adecuada de las fuerzas federales para alojar a los condenados. La resolución indica que la elección del lugar de detención deberá contemplar “las características particulares individuales” de cada uno de los involucrados.
Una vez cumplidas las detenciones, el Tribunal ordéna que se realicen los cómputos de pena y el ingreso formal de los condenados a los centros designados, en carácter de sentencia firme. Esta medida representa el paso formal hacia la ejecución efectiva de las condenas impuestas.
Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, requirieron la detención inmediata de todos los condenados. Los representantes del Ministerio Público consideran excesivo el plazo de cinco días hábiles otorgado para la presentación, argumentando que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.
Los fiscales sostuvieron que el cumplimiento urgente de las penas “reafirma la finalidad preventiva” y “envía un mensaje claro a la sociedad”. En su presentación, reiteraron que la pena de seis años impuesta a la ex presidenta resulta “insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado“. Ellos pedían doce años de prisión.
Más allá de las numerosas irregularidades observadas durante la investigación y que a lo largo del juicio nunca se logró probar que la expresidenta se beneficiara económicamente, Luciani y Mola insisten en que en el Estado funcionó “una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción” con la finalidad de “detraer fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero”.
La argumentación también intenta establecer una relación entre los niveles de pobreza en el país con la causa, asegurando que “los condenados se apropiaron de fondos que escaseaban o faltaban, lo cual impactó directamente en los derechos más elementales de la ciudadanía”.
Finalmente, sostuvieron que la falta de una reacción judicial inmediata podría llevar a pensar que las normas contra la corrupción “no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos”, advirtiendo que lo que está en juego “es la credibilidad de todo el sistema judicial“.
Cristina Kirchner en el PJ: “Creen que van a solucionar esto metiéndome presa”
Estrategia Internacional: Reclamo ante La Haya y Ofensiva Diplomática
Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, viajó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar la persecución política, judicial y mediática contra la expresidenta. “La lucha será global”, anticipó Dalbón al confirmar que se activarán todos los mecanismos de revisión internacional disponibles.
“La lucha continúa. Y será global”, escribió Dalbón en su cuenta de X tras confirmarse la condena. “El fallo no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad. No tiene legitimidad jurídica ni moral”, agregó el letrado.
Dalbón anunció que se activaron los principales canales de revisión internacional: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la propia Corte Penal Internacional y cada foro jurídico multilateral que defienda el Estado de Derecho.
También subrayó que el planteo no es solo en defensa de la expresidenta, sino de la democracia como sistema: “Cuando un poder judicial deja de proteger a los inocentes para servir al poder, lo que está en juego no es solo la libertad de una persona: es la salud misma de la democracia“.
En paralelo, el Partido Justicialista (PJ) puso en marcha una ofensiva diplomática a través de su Secretaría de Relaciones Internacionales, a cargo de Gustavo Menéndez, que ya comenzó a activar contactos con dirigentes y gobiernos dispuestos a pronunciarse.
La confirmación de la condena fue comunicada formalmente a mandatarios como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, y se iniciaron gestiones con líderes de peso global como Vladímir Putin y Xi Jinping. Con las instancias de apelación ya agotadas en la Justicia argentina, el plano internacional adquiere un peso decisivo en la estrategia jurídica.
La senadora Juliana Di Tullio denunció desde la sede del PJ nacional: “Estamos viviendo una situación muy similar a la de otros países latinoamericanos, a la que todos califican como ‘gobiernos dictatoriales’. En pleno proceso electoral van a proscribir a la candidata más importante que tiene la oposición”.
Por lo pronto, la Cámara Nacional Electoral quedó notificada de la vigencia de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que rige desde ayer sobre la expresidenta tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena.
Gorini envió un oficio a la Cámara para comunicar lo dispuesto en el veredicto. “Este tribunal dispuso -en lo que aquí interesa- la imposición de la pena contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, condenada a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”, se informó a la Cámara.
