En protesta por el paupérrimo funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina, está previsto que para este martes 1 de febrero las movilizaciones contra la Corte Suprema tengan un alcance masivo. En todo el país se organizaron distintas convocatorias para protestar ante el poder más cuestionado de la República según varias encuestas. ¿Cómo se posiciona la oposición y el sindicalismo?
Los principales apuntados de una movilización que cuenta con el apoyo de jueces, fiscales, trabajadores judiciales, sindicalistas, intelectuales, periodistas, artistas, referentes sociales, organismos de Derechos Humanos y también algunos funcionarios nacionales, son los cuatros miembros del máximo tribunal del país: Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria está prevista para las 18 horas en frente al edificio donde funciona la Corte, en Talcahuano al 600, en pleno centro de la CABA. Allí se hará lectura de un documento único en el acto para el que se esperan entre 10 mil y 30 mil personas.
Este acto del “1F” contó con dos comisiones para llevarlo a cabo: una de organización y otra de redacción. De la parte organizativa se ocupó en gran parte la CTA que lidera Hugo Yasky, que se encargó de toda la logística.
Entre quienes redactaron el documento se llegó a la decisión de sumar varias patas: una de ellas, y la más importantes, es la crítica contra la Corte y el pedido de renuncia de los cortesanos.
Otra de las cuestiones centrales del documento es la sección laboral, con la “Gestapo” antisindical como protagonista junto al espionaje que armó el macrismo para perseguir y encarcelar sindicalistas y vulnerar derechos laborales.
“Vamos a denunciar el plan antiobrero de la Corte“, anticiparon desde la organización. El acto cuenta con el apoyo de uno de los sindicalistas más perseguidos por la administración Cambiemos: Pablo Moyano, el cosecretario de la CGT.
Además, se tocará el tema Derechos Humanos y juicios de lesa humanidad. A este acto también adhieren Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Va a ser incluido en el documento el caso Milagro Sala y presos políticos. Y se sumará al escrito la denuncia de la ausencia de perspectiva de género en la Corte y en la Justicia en general.
Según el último estudio de la consultora Taquión que relevó el tema, un 83,3% de los argentinos no confía en el Poder Judicial.
El dato emergió del informe titulado “¿En quiénes confían los argentinos?”, elaborado con el objetivo de relevar la confianza en distintos grupos sociales e instituciones en el marco del lanzamiento del Foro para el Desarrollo de América Latina (DAL). El Judicial es el Poder menos creíble de nuestra República y la institución que menor confianza genera en el pueblo.
Natalia Salvo, abogada y una de las impulsoras del 1F, afirmó:
“Marchamos por la democratización del Poder Judicial, para que sea federal y con perspectiva de género, que respete incondicionalmente los derechos humanos, que no llegue tarde con sentencias inocuas y que garantice el Estado de Derecho y no se alinee con el poder real”
Aunque el gobierno nacional no convoca abiertamente a la marcha, varios funcionarios expresaron su apoyo. Entre ellos se cuentan el titular de la cartera de Vivienda Jorge Ferraresi, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño.
Además de la movilización en la CABA, se convocaron a distintas marchas y manifestaciones en las provincias de Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Salta, Río Negro, Mendoza, Chaco y Misiones.
Por su parte, también hay una convocatoria en Bahía Blanca para realizar esta tarde un “bocinazo” por la “democratización de la Justicia” y el “fin del lawfare”.
La posición del sindicalismo
En las adhesiones a la marcha, al mismo tiempo, quedaron expuestas una vez más las diferencias y matices entre los diferentes espacios del sindicalismo argentino y los movimientos sociales.
La CGT no participará y aclaran que nunca participaron de ninguna reunión en la que se propusiera una movilización con las consignas del 1F; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) definió “libertad de acción” y tampoco moviliza de manera orgánica; el Movimiento Evita “acompaña” pero no convoca, y el propio Emilio Pérsico, líder de la agrupación, le bajó el pulgar a la convocatoria.
Por su parte, los sectores de la CGT cercanos al moyanismo, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical, las dos CTA y espacios como el Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois y el partido MILES de Luis D’Elia sí adhieren y movilizarán orgánicamente a la marcha.
El Secretario General del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, pidió sin éxito que la CGT se sume a la marcha. “Sólo lo de la Gestapo amerita participar del 1F, pero soy muy respetuoso de cada organización sindical“, dijo y agregó que “muchas de las organizaciones sindicales que vamos a participar del 1F fuimos víctimas del espionaje y el armado de causas”.
La titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju), Marieta Urueña Russo, señaló que adhieren y convocan a la marcha en cada una de las provincias. “Lo que se está reclamando es que el Poder Judicial sea democrático e independiente del poder real”, explicó en declaraciones radiales.
La dirigenta sindical agregó, en referencias a los gremios que no participarán de la marcha, que deberían hacerlo “por solidaridad” aunque no hayan sido víctimas de aprietes y persecuciones judiciales. “Si le pasó a uno no implica que en cualquier momento, si esto sigue así, le pueda pasar a otro”.
Juntos por el Cambio, en defensa de la Corte
Mientras tanto, la alianza opositora de Juntos por el Cambio se abroquela en defensa de la Corte Suprema de Justicia y en rechazo de cualquier intento de reforma judicial, afirmando que no se trata de otra cosa que un “intento desestabilizador a uno de los poderes constituidos del Estado” (sic).
Todos los socios de la alianza se plegaron a cuestionar la movilización y atarla directamente al gobierno nacional.
Elisa Carrió, co-fundadora de Cambiemos y líder de la Coalición Cívica, solventó parte de su discurso en una supuesta “defensa de la República, de la Constitución y de la división de Poderes”.
Para el espacio que conduce Carrió, manifestaciones como la marcha de hoy son “actos que constituyen violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa, más específicamente a la separación e independencia de los poderes públicos”.
Una nota similar fue publicada por la mesa nacional de Juntos por el Cambio el fin de semana contra la presunta “política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”.
Con el viejo discurso de la supuesta búsqueda de impunidad, la alianza lanzó que “el interés del Gobierno siempre estuvo centrado” en magistrados que “tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República”, afirmaron volviendo a su obsesión de atacar a Cristina Fernández de Kirchner.
Para la oposición que nombró dos jueces de la Corte Suprema por decreto, la remoción de magistrados debe cumplir con un criterio establecido en la Constitución que “no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno” porque “no sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista”.
Comunicado completo en https://t.co/RwiCbSkfK3 pic.twitter.com/34kE6kmapJ
— JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) January 29, 2022
