Hay quórum: Comenzó la sesión por la Ley de Discapacidad en el Senado

El Senado de la Nación alcanzó el quórum este jueves y dio inicio a una sesión maratónica en la que se tratarán la nueva Ley de Discapacidad y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, luego de que el oficialismo tuviera que aceptar los cambios que reclamaron sus aliados y la oposición.

La sesión estaba convocada para las 11 y el quórum se confirmó a las 11:25 horas. Hubo 41 senadores presentes, una cifra holgada, porque además de los aliados del Gobierno se sentaron en sus bancas los integrantes del bloque peronista.

Es la primera de tres sesiones que el oficialismo prevé para las últimas dos semanas del período ordinario. La segunda será el 25 de noviembre, con el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La tercera será el 26 de noviembre, cuando el Gobierno espera obtener la media sanción de la reforma electoral, que consiguió dictamen el miércoles por la tarde.

El temario incluye:

  • El proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad.
  • La inviolabilidad de la propiedad privada, que vuelve de Diputados con cambios.
  • La adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), también devuelto por Diputados con modificaciones.
  • La reforma del régimen de cabotaje marítimo y fluvial.
  • La “Ley Joaquín”, sobre seguridad en espacios deportivos y recreativos.
  • Un proyecto de protocolos contra las violencias hacia niñas, niños y adolescentes.
  • Un paquete de tratados internacionales, transferencias de inmuebles del Estado y la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

La Ley de Discapacidad

La iniciativa fue impulsada por la oposición y luego tomada por el oficialismo, que confirmó que se eliminaron del Presupuesto 2027 los artículos que afectaban al sector.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consiguió un dictamen de mayoría sin cambios, con el respaldo de los aliados y del peronismo. Previamente, el oficialismo había intentado incluir cambios para conservar parte del ajuste inicialmente pretendido por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Bullrich la definió en sus redes como una “ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”. En Diputados, el texto obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

El proyecto retoma gran parte de los beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitorio, de modo que las medidas pasan a ser permanentes.

Establece una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización por inflación, y fija el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta para acceder. Los beneficiarios podrán mantener la pensión con empleo registrado o monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La norma garantiza además la cobertura de salud con las prestaciones básicas de la Ley 24.901, a través del programa Incluir Salud. Prevé un sistema para recuperar las pensiones suspendidas.

Para los prestadores, que reclamaban por falta de pagos, crea un nomenclador universal y un arancel unificado, que se actualizará según la movilidad jubilatoria. Las deudas existentes deberán tener un cronograma de pagos en 30 días y cancelarse en 90 días.

La Agencia Nacional de Discapacidad deberá hacer controles periódicos cruzando datos con ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. Podrá suspender beneficios de forma preventiva ante incumplimientos claros, con aviso previo y restitución provisoria. Durante la sesión habrá una movilización de personas con discapacidad frente al Congreso.

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Ley de Propiedad Privada

El proyecto obtuvo media sanción en agosto y regresa con modificaciones de Diputados. En esa instancia generó tensiones por la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego, y dejó expuestas las contradicciones del gobierno en cuanto a la soberanía del país.

Gracias a las presiones de la oposición y la sociedad, se descartaron las versiones anteriores del Senado, que primero permitían una venta casi libre de tierras a extranjeros y luego la limitaban al 25%. También se eliminaron los cambios a la ley de Manejo del Fuego.

El texto vuelve entonces a la norma de 2011: un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, un máximo del 30% por nacionalidad y 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

En materia de expropiaciones, establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva“. La expropiación deberá ser adecuada, necesaria y proporcional. Fija en 90 días el máximo de “ocupación temporánea anormal” de un bien privado por el Estado.

De fondo, la normativa busca limitar la capacidad del Estado de avanzar con expropiaciones, incluso en los casos en los que podría representar un beneficio estratégico para el país.

El propietario recibirá una compensación por el valor de mercado y por los daños directos e inmediatos. No se pagarán el valor sentimental ni las ganancias supuestas. El lucro cesante solo se compensará si se prueba con elementos concretos y no podrá superar el 30% del daño real, salvo que el propietario demuestre un perjuicio mayor.

El proyecto también modifica el régimen de desalojos: establece 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”. Sin embargo, permite al Estado Nacional lavarse las manos y dejar el tema en manos de la jurisdiccion local.

En los desalojos por falta de pago, exige una intimación con al menos 10 días para saldar la deuda. Quienes vivan en una propiedad urbana como única vivienda permanente podrán acceder a beneficios tras 10 años de ocupación pacífica y continua.

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Patentes, un pedido de EEUU

Patentes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue creado en 1970 en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y busca simplificar y unificar la etapa inicial de los trámites para proteger invenciones en otros países.

Cuenta con 158 adherentes y establece que una patente registrada en un país miembro tiene validez automática durante 20 años en el resto. El Senado ya había aprobado el tratado, pero volvió a esta cámara porque Diputados modificó su articulado el 27 de agosto, con 147 votos a favor y 93 en contra.

La adhesión es uno de los requisitos del acuerdo comercial con Estados Unidos, reclamada por ese país y por su embajador, Peter Lamelas, y también está vinculada a los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y la EFTA.

Los laboratorios nacionales son los principales críticos. Advierten que podría permitir extender patentes con cambios menores, que el INPI perdería poder de decisión y que se usarían informes técnicos de oficinas extranjeras.

La sesión incluye otros proyectos, como la reforma del régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria busca abrir el transporte marítimo y fluvial entre puertos del país, sumar operadores, simplificar trámites y reducir costos.

Sin embargo, detrás del discurso oficial está la intención de ampliar la participación de buques extranjeros. Los sindicatos del sector y las empresas navieras la cuestionan y piden mayores beneficios impositivos para poder competir.

El temario incluye la Ley Joaquín. Lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero de 2026 en Junín de los Andes, Neuquén, cuando le cayó encima un arco de fútbol sin anclaje durante un campamento.

La norma impone medidas obligatorias de seguridad en equipamiento deportivo y juegos de plaza, públicos y privados, con normas de estabilidad, anclaje y protección. Diputados la aprobó el 27 de agosto con 220 votos afirmativos y ninguno en contra.

Otro proyecto establece protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes, en establecimientos educativos, deportivos, religiosos y culturales, públicos y privados.

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Tratados, designaciones y otros temas

La agenda suma convenios internacionales: importación temporal de mercaderías, servicios aéreos con Finlandia y Paraguay, cambios en la Organización Marítima Internacional, el futuro del Parlamento del Mercosur y un acuerdo para la conservación de la biodiversidad marina en aguas fuera de jurisdicción nacional.

También se votarán transferencias de inmuebles del Estado a universidades, municipios y organizaciones civiles, una iniciativa para declarar 2027 como año del centenario del nacimiento de Raúl Alfonsín y el ascenso a General de Brigada de Sebastián Ignacio Ibañez.

La sesión es además el primer paso para designar a las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que controla los lugares de detención y el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Los candidatos del Congreso son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. Leonardo Szuchet representará a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

El CELS objetó la postulación de Zarabozo y advirtió en un comunicado sobre su “falta de antecedentes, idoneidad e independencia”. Sostuvo que su designación “pondría en riesgo la independencia del organismo” y que “su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar”.

Recordó que desde 2024 trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde “su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones judiciales que se les dirigen, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es la inversa”.

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