El gobierno no logró quórum: Fracasó la sesión para discutir la "Ley Malvinas"

El gobierno de Javier Milei no logró el quórum necesario para comenzar a discutir la “Ley Malvinas” y la reforma del Banco Central en la Cámara de Diputados. Con solo 126 diputados senados en sus bancas, Martín Menem tuvo que dar por fracasada la sesión.

Solo 126 diputados se sentaron en sus bancas a las 12:30 horas de este miércoles, por lo que el gobierno de Javier Milei no logró el quórum y fracasó la sesión especial de este miércoles en la Cámara baja. Para abrir el recinto hacían falta 129 presentes.

El oficialismo quedó a tres de distancia y dependía del acompañamiento de los bloques dialoguistas. Como era de esperar, no estaban los de Unión por la Patria, tampoco la izquierda. Pero fueron clave los diputados de Provincias Unidas. Ellos estaban en el recinto, pero permanecieron parados hasta el final.

La reunión había sido convocada por pedido del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Estaba dedicada a tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

¿Qué es el proyecto de Defensa de la Soberanía?

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre y obtuvo dictamen el 28 de octubre, luego de pasar por las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.

El texto original tenía 133 artículos, pero el dictamen quedó con 154. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, fue la principal representante del Gobierno en las negociaciones. Se trata de una de las funcionarias que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

El título I crea un nuevo régimen de sanciones para quienes exploren o exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina, y deroga la ley 26.659, promulgada en 2011 y dedicada a hacer lo mismo, lo que deja expuesto el interés del oficialismo por capitalizar el tema.

Prevé multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para las empresas involucradas. Mantiene penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores. Sin embargo, Milei hizo algunas omisiones para sus amigos.

Tras los pedidos de Estados Unidos por la presencia de empresas norteamericanas en el proyecto Sea Lion, quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta. Esa modificación se incluyó poco después de que un funcionario del gobierno de Donald Trump manifestara su preocupación ante Milei.

La iniciativa también crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de los aliados, se incorporaron como miembros no permanentes los presidentes de ambas cámaras y los gobernadores. Entre los cambios de último momento, el Ministerio de Seguridad dejó de ser miembro permanente y solo podrá ser convocado para temas determinados.

Ante una “amenaza externa grave”, el Consejo podrá disponer medidas urgentes: restricciones cambiarias y financieras, bloqueos de fondos y activos, suspensión de autorizaciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y aumentos de derechos aduaneros.

El texto suma un seguimiento parlamentario mediante una bicameral y exige autorización del Congreso para ciertas acciones sobre aeronaves o buques militares extranjeros ante un riesgo inminente de guerra. Este último cambio respondió a un planteo formulado por los propios aliados ante el intento del gobierno de tener un cheque en blanco para realizar estas operaciones.

El título VII sanciona a extranjeros sin residencia permanente y a empresas extranjeras que financien campañas electorales. También fija penas de cinco a doce años para quienes organicen o financien una “campaña de injerencia extranjera”.

Esta inclusión encendió las alarmas de los organismos dedicados a defender la libertad de prensa por lo ambiguo de la redacción. Es por eso que se forzó a LLA a incluir en el dictamen una aclaración para dejar afuera de esa figura a la diplomacia, el trabajo periodístico, la investigación académica y la defensa abierta de intereses, entre otras actividades.

El Ejecutivo pretende que Diputados vote antes del 28 de noviembre, cuando se espera un pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El organismo deberá definir si ordena medidas provisionales contra el desarrollo petrolero Sea Lion.

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El título VII concentra las mayores diferencias. Requiere una mayoría especial de 129 votos por tratarse de materia electoral. La UCR mantiene observaciones, Argentina Federal pide retirar el apartado y Provincias Unidas llegó a la jornada dividida.

Los misioneros cuestionaron el título completo y el MID, de Oscar Zago, mantiene reparos sobre el artículo referido a las campañas de desinformación. El PRO confirmó su respaldo, aunque algunos diputados cercanos a Patricia Bullrich no estarían completamente convencidos.

Dentro del propio oficialismo, la diputada Sabrina Ajmechet advirtió que el articulado expone a organizaciones como el Foro Argentino Contra el Antisemitismo, que ella fundó, al prohibir el financiamiento extranjero. Milei hablará en ese foro este jueves y en La Libertad Avanza aseguran que trabajan en cambios a ese título, pero no confirmaron que el punto esté resuelto.

Ante este escenario, el oficialismo analizó la posibilidad de votar cada título por separado. La alternativa requeriría el acuerdo de Labor Parlamentaria o del recinto y permitiría avanzar con las sanciones vinculadas a Malvinas aunque el apartado electoral quede afuera.

Unión por la Patria rechaza los capítulos que exceden la cuestión específica de las islas y propone modificar la ley Solanas en lugar de crear un régimen nuevo. Cuestiona el mecanismo de desistimiento porque considera que representa “un blanqueo” para quienes exploraron y explotaron recursos sin autorización.

También rechaza el Consejo de Seguridad Nacional y el registro de entidades terroristas, que a su juicio deberían discutirse en proyectos separados. El bloque advierte además un sesgo “anti-China” en un conjunto de artículos, en particular el 111, que exigiría autorización del Consejo para inversiones de empresas estatales o con participación estatal.

Según la oposición, esa disposición afectaría a compañías chinas y a Petrobras Brasil. Sostiene que el Consejo estaría “hegemonizado por Santiago Caputo” y, sobre esa cláusula, dijeron: “Es un escándalo”.

Siguen dentro del texto otros puntos cuestionados: el protocolo para derribar aeronaves y hundir buques, la participación de las Fuerzas Armadas en “operaciones no convencionales” y el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) analizó los cambios de último momento. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, explicó que el artículo 45 reemplaza la etiqueta “Seguridad Nacional” por la de “Asuntos Estratégicos”. Sobre ese cambio, planteó que “el término intereses estratégicos es tan amplio que se vuelve totalmente difuso”.

El organismo señala que el artículo 119 reforma la ley de Defensa para pasar del concepto de agresión externa al de riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, lo que altera la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior.

Desde el entorno de Bullrich, quien no puso el foco en el proyecto por la agenda del Senado, afirmaron: “Hicieron un poco de show y después, cuando vieron que desalentaban la inversión de empresas que ya invierten en la Argentina, tuvieron que recular”. Si la ley sale de Diputados, el Senado no alcanzaría a tratarla antes del cierre del período ordinario, el 30 de noviembre.

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El segundo proyecto central es la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa ya había sido aprobada por Diputados, pero volvió a la Cámara baja porque el Senado introdujo cambios. Los legisladores deben decidir si los aceptan para convertirla en ley.

El texto establece como objetivo central del organismo “la preservación del valor de la moneda nacional”. Prohíbe el financiamiento directo al Tesoro, tanto mediante adelantos transitorios como con la compra de títulos públicos en el mercado primario. Además, elimina el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

La principal modificación del Senado otorga a la Cámara alta la potestad exclusiva de designar y remover a los integrantes del directorio, por mayoría absoluta. Los funcionarios tendrán mandatos de seis años, con posibilidad de reelección, y el Ejecutivo podrá realizar nombramientos en comisión mientras se tramita el acuerdo.

El proyecto también fija nuevas condiciones para la distribución de utilidades y establece la cancelación progresiva de las letras intransferibles y los adelantos transitorios. Además, habilita el uso de activos y reservas como garantía para operaciones propias, incluidos los acuerdos REPO.

En última instancia, la iniciativa pretende condicionar la política económica del próximo gobierno obstaculizando cambios en el directorio y estableciendo por ley cuestiones relacionadas con decisiones de Estado.

La agenda incluía el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El entendimiento fue firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro. También figuraba una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

En materia judicial, los diputados iban a debatir dos convenios entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con el traspaso de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño. Entre ellas, atribuciones penales y vinculadas con la Justicia de menores.

El temario se completaba con una modificación de la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas para incorporar a las cooperativas entre las entidades que pueden acceder al certificado MiPyME y a sus beneficios.

La de hoy debía ser la primera de cinco sesiones que el oficialismo tenía previstas para las últimas semanas del período ordinario. Estaba prevista otra sesión en Diputados para el 25 de noviembre, destinada al Presupuesto 2027, y el Senado tiene citas el jueves 19, el miércoles 25 y el jueves 26.

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