El Gobierno de Javier Milei obtuvo dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados sin hacer grandes concesiones: Aunque tuvo que dar marcha atrás con el ajuste en discapacidad, evitó incluir en el proyecto los fondos que reclaman las universidades.
El Gobierno de Javier Milei obtuvo dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, con cambios acotados respecto del texto original y sin hacer grandes concesiones frente a los reclamos opositores.
La Libertad Avanza (LLA) planea llevarlo al recinto el 25 de noviembre para lograr la media sanción. Después buscaría tratarlo en el Senado, en sesiones extraordinarias, antes de que termine el año.
Marcha atrás en discapacidad, ajuste en las universidades
La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, volvió a reunirse después de que el encuentro previsto para el 28 de octubre se suspendiera por diferencias entre el oficialismo y el PRO.
Tras cuatro jornadas de debate, el bloque oficialista consiguió 27 firmas sobre 48 legisladores presentes. “Logramos 27 firmas sobre 48 presentes y 7 de aliados”, festejó el diputado libertario. Veinte de las firmas son de LLA.
Las siete restantes corresponden a Fernando de Andreis y Daiana Fernández Molero (PRO), Pamela Verasay (UCR), Eduardo Falcone (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca) y Elia Fernández (Independencia).
Cinco de los aliados firmaron con disidencias. Provincias Unidas y Unión por la Patria presentaron dictámenes propios, y el misionero Oscar Herrera Ahuad, titular de Argentina Federal, no firmó ninguno.
La principal concesión fue en materia de discapacidad. El oficialismo eliminó los artículos 36 a 41 del proyecto original, que recortaban pensiones y prestaciones del sector. Vale aclarar que esto no significa que se haya evitado el ajuste.
Según explicó la diputada Laura Rodríguez Machado, esos artículos suprimían la pensión no contributiva por discapacidad, afectaban la cobertura médica y la actualización mensual de pagos a prestadores, y endurecían el acceso a los beneficios.
En su lugar se incorporó el artículo 35, que establece que los programas serán financiados por la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud. Si hiciera falta más dinero, se recurrirá a la Jurisdicción 91, una partida de reserva para gastos extraordinarios. El texto también autoriza a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas para asegurar la continuidad inmediata de las prestaciones.
Este cambio se vincula con la ley de fortalecimiento en discapacidad, que Diputados aprobó el 21 de octubre con apoyo de todos los bloques y que el Senado se encamina a sancionar esta semana. “Con la firma de este Presupuesto es una prueba más de que cumplimos con nuestra palabra”, afirmó Rodríguez Machado, la única oradora del oficialismo.
También se suprimió el artículo que eliminaba la actualización por inflación de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un punto que había planteado la UCR. Desde el oficialismo señalaron que “el compromiso es que la AUH quede atada a la canasta alimentaria”.
Sin embargo, el Gobierno no modificó los fondos para las universidades nacionales. El proyecto mantiene una asignación de alrededor de 7 billones de pesos pese a que el Consejo Interuniversitario Nacional calculó que se necesitan 11 billones para cubrir los gastos de funcionamiento de 2027.
Vale recordar que Casa Rosada sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario pese a los repetidos fallos judiciales en su contra, por lo que el sector arrastra un brutal ajuste que cada vez preocupa más a las casas de altos estudios.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cometó: “¿Los que firmaron el dictamen están garantizando los fondos para que funcionen las universidades? Porque con los 7 billones que pusieron no alcanza“. La radical Verasay, pese a que su espacio había reclamado más recursos para las casas de estudio, firmó sin disidencias.
Quedó sin cambios el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Varios bloques pedían una rebaja, o que lo recaudado se destine a las rutas nacionales. El Gobierno propuso que cada provincia negocie por separado con el Poder Ejecutivo.
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Los tres dictámenes que llegarán al recinto
El texto oficial proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4% y una inflación anual del 18%. Estima un dólar oficial de $1.847,60 a fin de año, con un promedio anual de $1.728, y un aumento salarial promedio del 25,4%.
Como ocurrió para el Presupuesto 2026, las estimaciones son extremadamente optimistas. Por caso, varios organismos internacionales vienen reduciendo sus perspectivas de crecimiento para el país: Para el FMI será de 3,5%, para el Banco Mundial será de 3% y para J.P. Morgan sería de 2,5%.
El Gobierno prevé además:
- un incremento del consumo privado del 3,4% y del consumo público del 0,6%;
- un alza de la inversión del 9,2%, de las exportaciones del 8,5% y de las importaciones del 8,2%;
- exportaciones por más de 130.000 millones de dólares y un superávit comercial superior a 15.560 millones de dólares;
- un superávit primario del 1,1% del PBI y un superávit financiero de entre 0,02% y 0,2%.
El dictamen oficial incluye además la prórroga hasta 2032 del régimen autopartista y cambios en las colocaciones de la Secretaría de Hacienda, que podrá operar una vez vencido el ejercicio con una adecuación presupuestaria posterior. La Jurisdicción 91, la tercera partida más grande del proyecto, cuenta con 14,9 billones de pesos.
Provincias Unidas, con apoyo de Encuentro Federal, presentó un texto impulsado por Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo. Propone aumentar el presupuesto universitario, reasegurar las partidas de discapacidad y reducir un 35% el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
También plantea restituir el programa Remediar, cancelar deudas con fondos previsionales y prorrogar hasta 2032 los beneficios para la industria autopartista y la Ley de Biocombustibles. Sus votos serán clave en la votación de cada capítulo.
Unión por la Patria propuso partidas para cumplir leyes que el Ejecutivo desfinanció, entre ellas la de financiamiento universitario. Incluyó fondos para ciencia, Defensa, obras hídricas, mantenimiento vial y subsidios al transporte provincial.
Para discapacidad pidió 878.000 millones de pesos del Ministerio de Salud, que saldrían de la Jurisdicción 91. Además eleva el bono jubilatorio de 70.000 a 164.000 pesos, restablece la moratoria previsional eliminada por Milei y reparte entre las provincias 1,1 billones de pesos acumulados en Aportes del Tesoro Nacional.
Durante la reunión, ningún legislador oficialista salió a defender el proyecto, salvo Rodríguez Machado en referencia a discapacidad. La diputada Julia Strada (Unión por la Patria) preguntó: “¿Nadie de ustedes va a hablar?”.
También lamentó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. A la comisión solo asistieron secretarios de las áreas de Hacienda, Trabajo, Educación y Desregulación.
Strada advirtió que “la Argentina está entrando en recesión”. Recordó que el presupuesto del año pasado preveía un crecimiento del 5%, mientras que el relevamiento de expectativas del Banco Central estima 0,7%. Cuestionó además que se hable de aumentos salariales mientras el Congreso no aprueba una ley de desendeudamiento de las familias.
Su compañera Sabrina Selva sostuvo que el presupuesto “le da la espalda” a los sectores vulnerables mencionados por el papa León XIV. Martínez cuestionó que el texto contribuya al bienestar, genere empleo o refuerce el financiamiento universitario.
Dijo además: “Quiero saber qué se está negociando acá y en el Senado”. Sobre los peronistas que acompañaron el dictamen oficialista, afirmó: “Acá está lleno de traidores al mandato popular”.
En la oposición calculan que el Gobierno retuvo 1,6 billones de pesos a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el fideicomiso SisVial, mientras las rutas nacionales siguen deterioradas.
Con el dictamen firmado, el oficialismo llegará a la sesión con apoyos de aliados, pero sin mayoría asegurada en el recinto. Allí deberá seguir negociando cada artículo, y varios de los compromisos asumidos con los bloques dialoguistas siguen siendo acuerdos verbales.
