Patricia Bullrich tuvo que bajar la reforma del Banco Central del temario previsto para la sesión del Senado que se llevará adelante este jueves en medio de reclamos de sus aliados y de la oposición, y finalmente llegarán al recinto Inocencia Fiscal II y el Régimen de Biocombustibles.
Patricia Bullrich debió bajar del temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para evitar un nuevo traspié de La Libertad Avanza en el Senado, luego de que los bloques aliados exigieran cambios al proyecto que viene de recibir media sanción en la Cámara de Diputados.
De esta manera, la sesión ordinaria de este jueves, convocada para las 11 horas, se limitará a los proyectos de Inocencia Fiscal II y de Biocombustibles, además de otras iniciativas de menor importancia acordadas en la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles.
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El acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque dejó afuera la modificación a la carta orgánica del BCRA pese a que el proyecto ya contaba con dictamen de comisión y con media sanción de Diputados, donde había sido aprobado por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.
El obstáculo principal es el rechazo de los senadores aliados al mecanismo de designación y remoción de los directores de la entidad, un punto que los bloques dialoguistas pretenden modificar para incorporar representantes de las provincias en el directorio, en línea con un proyecto presentado por el catamarqueño Guillermo Andrada.
Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei pretende elevar los requisitos para remover a las autoridades de la entidad: la destitución del presidente del BCRA y de su directorio requerirá dos tercios de los votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
En otras palabras, el objetivo del libertario es atornillar al titular del Banco Central, Santiago Bausili, a su puesto ante la posibilidad de que cambien los gobierno.Cualquier cambio a esa altura del proceso obligaría a que la iniciativa vuelva a Diputados para una nueva votación.
A esa dificultad se sumaron otros factores. El oficialismo llegó a la negociación con dos ausencias propias: el riojano Juan Carlos Pagotto, por un problema de salud, y Francisco Paoltroni, que se encontraba de viaje.
También pesó el malestar de senadores de la UCR y del PRO, como Daniel Kroneberger y María Victoria Huala, por un decreto presidencial que otorgó a Mendoza el 100% de las regalías de la represa del río Atuel, en una disputa histórica que esa provincia mantiene con La Pampa.
El debate sobre el Central estuvo además atravesado por las críticas en torno al traslado de las reservas de oro del país al exterior en 2024. Durante su exposición en comisiones, Bausili afirmó que las reservas están depositadas en un banco en Suiza y que los balances de 2023, 2024 y 2025 fueron auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Sin embargo, el Bloque Justicialista dejó expuestas las contradicciones del titular del Banco Central y remarcó que le mintió al Senado, asegurando que el oro se encuentra en el Banco de Inglaterra. Además, la AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, emitió un comunicado en el que señaló que la auditoría de 2025 no se realizó.
A raíz de esto, el bloque que conduce José Mayans presentó un proyecto para citar a Bausili con carácter urgente, con el objetivo de que “brinde informes detallados, verbales y documentados sobre el traslado y la localización de las reservas de oro al exterior realizado durante 2024”.
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El proyecto de biocombustibles llega al recinto
Uno de los temas que sí llegará al recinto es la modificación al Régimen de Biocombustibles, impulsada por los bloques dialoguistas como Convicción Federal, entre otros, que condicionaron su acompañamiento a la sesión a la inclusión de este proyecto.
La iniciativa extiende la vigencia del régimen actual, que rige hasta 2030, por 15 años más. Además, eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 5% actual al 7,5%, con un aumento posterior al 10% al año de sancionada la ley, y dispone mantener el corte de bioetanol en naftas en el 12% durante un año para luego llevarlo al 15%.
También establece que ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% de la participación anual en el mercado de bioetanol. El proyecto, sin embargo, llega con resistencias del sector pyme del biodiésel, que había expresado su descontento la semana pasada.
Es que el proyecto habilita el coprocesamiento, que permite a las petroleras elaborar el combustible renovable dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte obligatorio, sin necesidad de comprárselo a las plantas pyme.
A esto se suma el artículo 38 del dictamen, que establece un cronograma de reducción progresiva de la cuota protegida para las pymes no integradas, hasta su desaparición completa a partir del 1 de enero de 2031, cuando todo el mercado quedará sujeto a competencia abierta.
Según datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), son 25 las plantas pyme distribuidas en cinco provincias (Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis).
Ellas producen actualmente cerca del 65% del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares anuales y sostienen unos 9.500 empleos directos e indirectos.
En Bahía Blanca opera Biobahia, una de esas plantas, con una producción anual de 40.896 toneladas y un valor generado de 49.075.200 dólares al año, según cifras de CEPREB.
Desde la cámara sectorial cuestionaron el trasfondo del proyecto: “Resulta inaceptable que un proyecto de ley del gobierno de Javier Milei, presentado por la senadora Bullrich, perjudique a Bahía Blanca y concentre el negocio en seis multinacionales de Santa Fe”, sostuvieron.
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La segunda versión de la ley de Inocencia Fiscal
Además de Biocombustibles, el oficialismo buscará darle media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II, que amplía los beneficios de la ley vigente para quienes introduzcan al sistema bancario los llamados “dólares del colchón”.
La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonio que hoy limitan el acceso al régimen simplificado y modifica el criterio para determinar si existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado y lo detectado por ARCA, cambiando la base de cálculo del “saldo de impuesto a ingresar” al “impuesto determinado”.
El texto mantiene la restricción, incorporada en Diputados, que impide a funcionarios de los tres poderes del Estado que hayan ocupado cargos en los últimos cinco años adherir a la exteriorización de divisas.
Es que la primera versión de la Inocencia Fiscal quedó bajo la lupa luego de que trascendiera que dirigentes y funcionarios del oficialismo se habían acogido al beneficio, entre ellos el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ex diputado José Luis Espert y el ex titular de ARCA Juan Pazo, entre otros.
Tanto Adorni como Espert están hoy investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lo que alimentó las críticas hacia una norma que, en los hechos, termina beneficiando a dirigentes con patrimonios bajo sospecha.
El temario incluye también el traspaso de competencias penales de la Justicia nacional al fuero de la Ciudad de Buenos Aires y tres pliegos judiciales con dictamen de la Comisión de Acuerdos (entre ellos las designaciones de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico).
