Patricia Bullrich tuvo que cancelar la sesión del Senado en la que esperaba avanzar con la Ley de Biocombustibles porque ni sus propios senadores ni los radicales quisieron respaldar el proyecto, que amenaza con dejar fuera del mercado a las PyME del sector, entre ellas la que opera en Bahía Blanca.
Patricia Bullrich sufrió un nuevo traspié en el Senado. La titular del bloque oficialista no logró reunir los apoyos necesarios para llevar al recinto este jueves la reforma a la Ley de Biocombustibles y tuvo que bajar la sesión que pretendía imponer.
Entre quienes le voltearon la iniciativa figuran hasta dos senadores de su propio espacio, La Libertad Avanza, además de aliados como la UCR y sectores cercanos a los gobernadores. El proyecto, que ya cuenta con dictamen de comisión, amenaza con dejar fuera del mercado a las plantas PyME del sector, entre ellas la que opera en Bahía Blanca.
El gobernador Axel Kicillof ya había advertido sobre el impacto de la normativa en la reunión que sostuvo con empresarios del sector, en la que manifestó su rechazo al proyecto y asumió el compromiso de defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo en las economías regionales.
Patricia Bullrich no pudo imponer su agenda
La reunión de Labor Parlamentaria, convocada para este miércoles a las 14 horas, se levantó sin acuerdo y con ella quedó descartada la sesión que el oficialismo buscaba realizar este jueves. El temario incluía, además de la reforma a la Ley de Biocombustibles, el tratamiento de pliegos para la designación de jueces.
El principal obstáculo fue el rechazo del sector PyME del biodiésel, que había advertido sobre el impacto negativo de los cambios propuestos. Pero la resistencia no quedó ahí: también se plegaron a la negativa senadores radicales, entre ellos Daniel Kroneberger, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, a los que luego se sumó el resto del bloque.
El dato más llamativo, sin embargo, fue la rebeldía de dos senadores libertarios: los puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta se plantaron contra el proyecto por considerar que perjudica a las pymes de San Luis. “Es un gran daño para nuestra provincia“, justificaron desde el entorno de Arrascaeta.
Como si esto fuera poco, se sumó el rechazo del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.
Según consignó La Política Online, González no compartió los términos en que quedó redactado el dictamen aprobado en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que preside la senadora salteña Flavia Royón. A ese cuestionamiento técnico se sumó un pedido explícito desde el Ministerio de Economía para que se postergara el tratamiento del proyecto.
Desde el oficialismo reconocieron la falta de números: “Los que empujan el proyecto no terminaron juntando los votos“, admitieron fuentes libertarias, en referencia a las senadoras de provincias productoras de bioetanol, como Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Beatriz Ávila (Tucumán) y Alejandra Vigo (Córdoba).
Sin los votos y ante la posibilidad de protagonizar un nuevo papelón, Bullrich decidió entonces bajar la convocatoria hasta lograr un consenso sobre las modificaciones al dictamen.
Según trascendió, el oficialismo apunta ahora a reprogramar el tratamiento para el jueves 17 de septiembre, en una sesión con un temario más amplio que incluiría la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el RIIR y el traspaso de la Justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires.
Kicillof respaldó a las pymes del biodiésel frente a la avanzada de Bullrich para aislarlas del mercado
Por qué las PyMES rechazan el proyecto
La iniciativa, identificada como Proyecto S-809/26 e ingresada al Senado el 14 de mayo de 2026 por Bullrich junto a otros seis legisladores de La Libertad Avanza, propone derogar la Ley 27.640 y reemplazarla por un nuevo régimen.
El texto eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del actual 7,5% al 10% y el de bioetanol en naftas del 12% al 15%, ambos de manera gradual. Sin embargo, el punto que generó mayor resistencia no es el aumento de los porcentajes de corte, sino el mecanismo de reparto del mercado ampliado.
El proyecto habilita el coprocesamiento, que permite a las petroleras elaborar el combustible renovable dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte obligatorio, sin necesidad de comprárselo a las plantas pyme.
Ese mecanismo puede escalar hasta un tope de tres puntos, con lo cual el mercado disponible para las elaboradoras independientes se reduciría a cerca del 7%.
A esto se suma el artículo 38 del dictamen, que establece un cronograma de reducción progresiva de la cuota protegida para las pymes no integradas, hasta su desaparición completa a partir del 1 de enero de 2031, cuando todo el mercado quedará sujeto a competencia abierta.
Según datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), son 25 las plantas pyme distribuidas en cinco provincias (Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis).
Ellas producen actualmente cerca del 65% del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares anuales y sostienen unos 9.500 empleos directos e indirectos.
En Bahía Blanca opera Biobahia, una de esas plantas, con una producción anual de 40.896 toneladas y un valor generado de 49.075.200 dólares al año, según cifras de CEPREB.
Desde la cámara sectorial cuestionaron el trasfondo del proyecto: “Resulta inaceptable que un proyecto de ley del gobierno de Javier Milei, presentado por la senadora Bullrich, perjudique a Bahía Blanca y concentre el negocio en seis multinacionales de Santa Fe”, sostuvieron.
El sector remarca además que las empresas invirtieron a largo plazo en base a la Ley 27.640, sancionada en 2021 con vigencia hasta 2030, y advierte sobre el riesgo de modificar esas reglas antes de lo previsto.
“La geografía no se puede cambiar por ley”, señala un documento de la cámara, en referencia a la imposibilidad de trasladar una planta del interior hacia el polo aceitero de Rosario para acceder a las mismas condiciones que las grandes exportadoras.
