Pablo Yadarola archiva la causa que investiga las valijas del empresario Leonardo Scatturice que ingresaron al país sin controles aduaneros, a pocos días de que el gobierno de Javier Milei le asegurara un lugar como camarista gracias el respaldo del kirchnerismo en el Senado.
El juez Pablo Yadarola archivará la causa que investiga el ingreso sin control aduanero de diez valijas transportadas en un avión privado propiedad del empresario y dueño de Flybondi, Leonardo Scatturice, según informó la periodista Luciana Geuna en TN.
El magistrado, que fue recientemente ascendido a camarista de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal, sostiene que al no haberse escaneado el equipaje en Aeroparque resulta imposible determinar qué contenía.
En paralelo, trascendió que podrían iniciarse actuaciones contra los funcionarios de Aduana que permitieron el paso de los bolsos sin inspección, transportados por Laura Belén Arrieta, gerente de una de las empresas de Scatturice y una de las caras visibles de la Conferencia de Acción Política Conservadora en Argentina.
Se trata de un escándalo que salpica al gobierno de Javier Milei, ya que el empresario y Arrieta funcionan como vínculos entre Santiago Caputo y el sector republicano de la política estadounidense.
El libertario no solo se convirtió en un orador habitual de las conferencias organizadas por la derecha estadounidense, sino que además le otorgó a Scatturice más de 17 contratos con el Estado por un valor superior a los 90 millones de dólares.
En cuanto a Yadarola, vale remarcar que su pliego fue aprobado por unanimidad en el Senado la semana anterior gracias al apoyo de todos los bloques, incluso del kirchnerismo, junto con otros 66 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El magistrado también integró, en 2022, la comitiva que viajó a Lago Escondido junto a jueces, exfuncionarios porteños, exagentes de inteligencia y empresarios de medios, un episodio que el peronismo venía señalando como objeción a su candidatura.
En aquella oportunidad, Yadarola incluso planteó la posibilidad de armar una causa que tuviera a los responsables como “víctimas” de un supuesto caso de espionaje ilegal en un grupo de WhatsApp que compartía con varios integrantes del grupo.
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Las valijas de Leonardo Scatturice
El episodio se remonta al 26 de febrero de 2025, cuando un jet Bombardier Global 5000, con matrícula estadounidense N18RU, aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery procedente de Estados Unidos. En la aeronave viajaban Laura Belén Arrieta, y los pilotos Juan Pablo Pinto y José Luis Donato Bresciano.
Arrieta descendió con una decena de valijas que no pasaron por el escáner de control. Según surge de la causa, una funcionaria de rango se acercó a recibirla y habilitó un circuito especial para evitar el paso por los aparatos de rayos X.
Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la vicejefa de Aduana, Silvana Abalsamo de Silva, haciéndole a la comitiva un gesto con la mano para que continuara sin detenerse. Las mismas filmaciones exhiben además a Arrieta retirándose del aeropuerto con parte del equipaje.
El avión permaneció en un hangar de Aeroparque hasta el 5 de marzo, cuando partió rumbo a París con Arrieta, los dos pilotos y un cuarto pasajero, Víctor Du Plooy, gerente de negocios de OCP, quien había ingresado al país días antes por Ezeiza.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el testimonio de un policía aeroportuario, que relató haber visto a Arrieta entregarle su celular a la empleada de Aduana Cintia Cali mientras esta mantenía una conversación telefónica.
El juzgado solicitó a la empresa de telefonía los registros de comunicaciones del período, pero el primer peritaje no arrojó llamadas ni mensajes de texto por red celular tradicional durante la permanencia en el aeropuerto.
Sí se detectaron quince registros de uso de datos móviles, aunque resultó técnicamente imposible establecer si correspondían a llamadas por aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal, ni identificar a los interlocutores. En el caso de Cali, la compañía informó que no tenía líneas telefónicas registradas a su nombre en la fecha del hecho.
Ni Abalsamo de Silva ni Cali declararon ante la Justicia. Fuentes judiciales explicaron que ambas “podrían revestir la calidad de imputadas aun cuando no se verifique el caso de contrabando por posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público”.
En el sumario administrativo de la Aduana, sí se pronunciaron y encuadraron su proceder “en un proceso de selectividad propio de su función”. Abalsamo de Silva, por su parte, negó haber recibido una orden para dejarlos pasar sin control y atribuyó su decisión al “perfil de la pasajera”.
Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, este último a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, elaboraron un dictamen de 47 páginas en el que dieron por “acreditado” que el equipaje no fue controlado.
El documento señala “inconsistencias significativas”, entre ellas la ausencia de registros de trazabilidad del equipaje, deficiencias en el registro migratorio y dudas sobre el aeropuerto de origen declarado.
Según los registros de Migraciones, el vuelo había partido de Fort Lauderdale, aunque la investigación judicial indica que el despegue real fue en Opa-locka, dato que surgiría de un mensaje de WhatsApp del piloto a la empresa Royal Class.
Los fiscales calificaron lo sucedido como “una discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos” y remarcaron que el resto de los pasajeros que arribó en el mismo horario sí fue sometido a control.
También cuestionaron el supuesto sellado del avión durante su estadía en el hangar, ya que las filmaciones entregadas por la Policía Federal y por la empresa presentaban cortes. Al respecto, remarcaron que ese procedimiento “no tuvo ningún aval oficial”.
