El Banco Central habilitó a bancos y billeteras virtuales para que puedan cobrar deudas directamente desde las cuentas de sus usuarios, una medida que comienza a regir en medio de la escalada de la morosidad.
El Banco Central habilitó a bancos y billeteras virtuales a meter mano en las cuentas bancarias de sus usuarios para saldar deudas. La medida, que comienza a regir desde este lunes 31 de agosto, permitirá a entidades bancarias y fintech debitar directamente de las cuentas de los deudores el pago de cuotas atrasadas.
En medio de la crisis de morosidad que atraviesa el país, el gobierno de Javier Milei decidió tomar partido para defender a las empresas del sector financiero, en lugar de dar una respuesta a las familias endeudadas.
Bancos y billeteras pueden avanzar sobre endeudados
El nuevo mecanismo impulsado por la entidad que encabeza Santiago Bausili se llama Cobro con Transferencia (CCT) y viene a reemplazar al Debin, el sistema de débito inmediato que había sido dado de baja tras registrarse numerosos casos de estafas.
A diferencia de aquel esquema, el CCT solo podrá aplicarse a los créditos otorgados a partir del 1° de septiembre y requerirá, en todos los casos, una autorización previa y explícita del usuario. La normativa establece que el monto de la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor, con el objetivo declarado de evitar el sobreendeudamiento.
Además, si el crédito fue acreditado en una cuenta o CVU distinto al de la entidad que lo otorgó, esa misma entidad podrá igualmente ejecutar el cobro desde la cuenta receptora, sin importar en qué banco o billetera se encuentre. Entre esas cuentas alcanzadas está incluida la cuenta sueldo, hasta ahora territorio exclusivo de los bancos.
El procedimiento contempla un aviso obligatorio al cliente 24 horas antes de efectuarse el débito, y permite hasta tres intentos de cobro: el primero y dos reintentos posteriores, separados por 48 y 96 horas. El usuario, de todos modos, conserva la posibilidad de revocar la autorización otorgada.
La resolución fue definida por el Banco Central en marzo de este año, aunque recién entra en vigencia ahora. Pese a los pedidos de prórroga presentados por las cámaras bancarias, la entidad monetaria confirmó la fecha de implementación sin conceder extensiones.
De todos modos, el uso del sistema no será obligatorio para quienes otorguen créditos: específicamente se exige que las entidades habiliten sus plataformas para poder recibir este tipo de solicitudes de terceros.
Uno de los puntos que genera mayor discusión dentro del sistema financiero es que los saldos depositados en cuentas remuneradas o en fondos comunes de inversión quedan fuera del alcance de los débitos.
Según estimaciones de Mercado Pago, cerca del 65% del dinero que sus usuarios mantienen en la billetera está invertido en su fondo común de inversión, lo que en la práctica limita la capacidad de otros actores para cobrarles deudas a través de ese circuito.
La situación inversa, en cambio, no tiene la misma restricción: los saldos en las cajas de ahorro bancarias, incluidas las cuentas sueldo, sí pueden ser alcanzados por el nuevo mecanismo, lo que le permitiría a las fintech acceder de manera parcial a un segmento de cuentas que antes tenían vedado.
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La medida se pone en marcha en un escenario de deterioro sostenido en el pago de deudas. El sistema bancario tradicional registra que un 7,3% de los préstamos al sector privado se encuentra en situación irregular, una cifra muy superior al promedio de América Latina (2,78%).
El fenómeno es todavía más marcado fuera del sistema bancario tradicional. Un relevamiento de la consultora Pharo, que releva desde febrero del año pasado a más de 400 proveedores no bancarios de crédito, muestra que la morosidad total del sector pasó del 16,2% en julio de 2025 al 26,9% en febrero de este año.
Dentro de ese universo, la irregularidad en préstamos personales llegó al 34,1% y en tarjetas al 19,4%. Se trata de un mercado que, a junio de 2025, alcanzaba a más de 12 millones de personas y movía cerca de 14 billones de pesos.
El mismo estudio detectó fuertes falencias en materia de transparencia: el 61,81% de las 419 entidades analizadas no publica una Tasa Nominal Anual (TNA) localizable, y el 63,01% tampoco informa el Costo Financiero Total (CFT).
Entre quienes sí difunden esos datos, la TNA promedio fue de 240,28% (más de tres veces la tasa bancaria de referencia, que al 19 de agosto era de 64,33%) y el CFT promedio llegó a 995,98%. La TNA máxima registrada fue de 960%, correspondiente a Gray Matter SRL, mientras que el CFT más elevado fue de 16.488,47%, de la firma Cred IP.
Frente a este panorama, Pharo remarcó la necesidad de “fortalecer la fiscalización de las obligaciones de información, estandarizar la publicación digital de tasas y mejorar el acceso a alternativas bancarias y crediticias de menor costo”. Según la consultora, “el principal problema continúa siendo la transparencia”.
