El Ministerio de Economía remitió a la Cámara de Diputados la segunda versión del proyecto de Inocencia Fiscal, con la que pretende captar los “dólares bajo el colchón” flexibilizando las condiciones al punto que el propio Luis Caputo quedaría habilitado a inscribirse en el régimen.
El ministro de Economía, Luis Caputo, envió este jueves a la Cámara de Diputados una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, en un intento por captar los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario.
La iniciativa llega después del fiasco de la primera edición de la norma, sancionada a fines de 2025. Según cálculos oficiales, en el “colchón” hay cuatro veces más dólares que los depositados en los bancos. pese a los sucesivos blanqueos que impulsó el gobierno de Javier Milei.
La segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal
La reforma, presentada junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, apunta a ampliar el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y a reforzar las garantías jurídicas para quienes decidan bancarizar sus ahorros.
Caputo sostuvo que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada” y remarcó que “el objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”.
El cambio central es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que la versión anterior había fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente, para poder adherir al régimen.
Con la nueva redacción, el beneficio queda abierto a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin límite de ingresos o patrimonio. La única excepción son los Grandes Contribuyentes, que podrán usar la modalidad simplificada pero sin acceder a las presunciones ni a los efectos liberatorios de la ley.
El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”. Hoy, si una fiscalización de ARCA detecta una diferencia igual o superior al 15% respecto de lo declarado, el contribuyente pierde la presunción de exactitud. La reforma introduce un piso adicional: aunque se supere ese porcentaje, el beneficio no caerá si el monto no llega a los $5 millones.
Entre otras modificaciones, se habilita a los contribuyentes a presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia detectada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, conservando así todos los beneficios del régimen.
También se crea un mecanismo de reintegro acelerado: si la Justicia revoca una impugnación de ARCA, el organismo deberá devolver lo abonado con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.
Además, el texto prevé la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado ajustes previos en Ganancias o IVA y se sumen al régimen simplificado, y establece que el tratamiento especial para los fondos alcanzados por la presunción de exactitud regirá hasta el 31 de diciembre de 2027.
Por tratarse de un proyecto de ley, los cambios todavía no están vigentes: deberán ser debatidos y aprobados en el Congreso antes de su promulgación. Mientras tanto, siguen aplicándose las disposiciones actuales. El oficialismo buscará darle un trámite rápido para convertirlo en ley durante agosto, según dijo el propio Caputo.
Caputo reforma la Ley de Inocencia Fiscal en otro intento de captar los “dólares bajo el colchón”
Las críticas de la oposición
El principal cuestionamiento pasa por la falta de exclusiones para funcionarios públicos y personas políticamente expuestas. Entre ellos, vale mencionar que incluso podría adherirse el propio Caputo.
La primera versión de la Inocencia Fiscal quedó bajo la lupa luego de que trascendiera que dirigentes y funcionarios del oficialismo se habían acogido al beneficio, entre ellos el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ex diputado José Luis Espert y el ex titular de ARCA Juan Pazo, entre otros.
Tanto Adorni como Espert están hoy investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lo que alimentó las críticas hacia una norma que, en los hechos, termina beneficiando a dirigentes con patrimonios bajo sospecha.
La eliminación de los topes de patrimonio, además, habilitaría al propio Caputo a sumarse al régimen: en su declaración jurada de 2024 había informado un patrimonio de $11.800 millones, cifra que superaba el límite anterior pero que ya no representa un impedimento.
Desde Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron proyectos propios para impedir que la ley beneficie a funcionarios. El diputado Agustín Rossi calificó la iniciativa como “otra ley hecha a medida” y agregó: “No sólo premian a los grandes evasores; ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública”.
Su par Eduardo Valdés impulsó un proyecto específico para excluir a las personas políticamente expuestas y sostuvo que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”.
En la misma línea se pronunció el diputado socialista Esteban Paulón, quien afirmó: “Ingresó el proyecto que pretende legalizar la evasión fiscal en Argentina y consagrar la impunidad de la corrupción política”, y agregó que “la desesperación del Gobierno nos lleva al límite de la impunidad y la opacidad”.
