La Justicia ordenó investigar dos cajas de seguridad que resultaron estar a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni. En medio de la investigación, la Oficina Anticorrupción decidió darle una mano al jefe de Gabinete y prorrogar el tiempo para presentar declaraciones juradas.
La Justicia decidió archivar la investigación sobre el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a Nueva York a bordo del avión presidencial. El argumento que esgrimió el tribunal fue similar al que había utilizado el presidente Javier Milei: que el traslado no había representado un costo adicional para el Estado.
Sin embargo, el episodio quedó reducido a una nota al pie frente a la magnitud de lo que vino después. Lo que comenzó como una controversia por el uso de un vuelo oficial derivó en una causa por enriquecimiento ilícito que hoy acumula pruebas sobre inmuebles, viajes al exterior, deudas sin documentar y movimientos financieros que la Justicia busca explicar.
En ese marco, la investigación acaba de sumar un nuevo elemento: la existencia de dos cajas de seguridad registradas a nombre de Angeletti en una entidad bancaria privada.
Las cajas de seguridad de la esposa de Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, ordenó recabar información sobre dos cajas de seguridad radicadas en el Banco Galicia que figuran a nombre de Bettina Angeletti. El objetivo es determinar quiénes están habilitados para acceder a esas cajas y si efectivamente lo hicieron.
En su requerimiento, Pollicita solicitó “la nómina de las personas autorizadas a acceder a las cajas de seguridad” y las “copias de registros de ingresos y egresos, libros, actas, planillas o cualquier otro medio de registro consignando fechas, horarios e identidad de las personas que hubieran accedido a las mismas” desde enero de 2022.
El período abarcado por el pedido se extiende hasta el corriente año. Además, pidió las grabaciones de cámara del sector donde se encuentran las cajas, para reconstruir quiénes ingresaron a esa área y en qué momentos. La medida apunta a establecer si hubo movimientos que puedan vincularse con el presunto incremento patrimonial injustificado que es el eje central de la causa.
En el marco de la causa principal por enriquecimiento ilícito, el juez Ariel Lijo también había ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de Angeletti, una medida que permitirá a los investigadores acceder a los movimientos financieros de la pareja en detalle.
La investigación de Pollicita no es la única que involucra a Angeletti. En forma paralela, Lijo lleva adelante una causa impulsada por el fiscal Carlos Stornelli que analiza contratos estatales en los que podría haber intervenido la esposa del jefe de Gabinete.
En ese expediente, Lijo ordenó la remisión de documentación vinculada a la concesión del predio de Tecnópolis y de expedientes relacionados con servicios de comunicación y mensajería masiva.
Esa causa se inició a partir de una denuncia que señaló posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de 3.600 millones de pesos para servicios de SMS, correos electrónicos y llamadas, y cuestionó los vínculos entre las empresas participantes.
Adorni expuesto: Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete y su esposa
La Oficina Anticorrupción prorrogó las declaraciones juradas
En este contexto, la Oficina Anticorrupción (OA) publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 3/2026, mediante la cual extendió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para que los funcionarios del Poder Ejecutivo presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período 2025.
La fecha original de vencimiento era el 30 de mayo, de modo que la prórroga implica una extensión de dos meses. La resolución lleva la firma de Gabriela Zangaro, quien asumió la conducción del organismo hace menos de un mes.
Desde la OA explicaron que la medida responde a una cuestión técnica: las declaraciones juradas patrimoniales requieren datos de las declaraciones impositivas de Ganancias y Bienes Personales, cuyos plazos de presentación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se extienden habitualmente hasta la primera quincena de junio.
Sin esa información, señalaron, no es posible completar correctamente los formularios patrimoniales. La resolución también instruyó a las áreas de recursos humanos de cada organismo a difundir la medida entre los funcionarios alcanzados por la obligación.
Con la prórroga, esa presentación queda postergada hasta finales de julio. Lo llamativo es que la decisión se adoptó en un momento en que Adorni se encuentra en el centro de una investigación judicial que tiene entre sus focos justamente la evolución de su patrimonio.
El propio funcionario había afirmado el 25 de marzo, en una conferencia de prensa en la que intentó desligarse de las acusaciones, que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado” y que “en tal caso, lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar”.
Cuando finalmente se presente, la declaración será objeto de atención específica, ya que deberá incluir información actualizada sobre bienes inmuebles, créditos hipotecarios, ingresos, egresos y capital invertido, tanto del jefe de Gabinete como de su esposa.
La inmobiliaria confirmó que el departamento de Adorni valía 115 mil dólares más de lo declarado
El viaje a Aruba y el patrimonio de Adorni bajo la lupa
Uno de los elementos que la Justicia ya pudo constatar con documentación concreta es el viaje familiar que Adorni realizó a Aruba entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025. El expediente incorporó comprobantes que dan cuenta de un gasto total de 14.696 dólares.
Según la documentación relevada en la causa, el alojamiento demandó 8.874 dólares: primero en el hotel Embassy Suites Hilton Aruba Beach, donde la familia estuvo entre el 29 de diciembre y el 3 de enero con desayuno incluido, y luego en el Divi Dutch Village Resort, hasta el 9 de enero.
El viaje completo concluyó el 10 de enero. Los pasajes aéreos de la aerolínea LATAM costaron 1.450 dólares por persona, con un total de 5.800 dólares para cuatro pasajeros. Fueron abonados en efectivo y en dólares, con escala en Perú durante el vuelo de ida y en Ecuador en el regreso.
En el período en cuestión, Adorni percibía un salario de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales en su rol de vocero presidencial, un monto que se mantuvo sin variaciones hasta comienzos de 2026, cuando el presidente Milei autorizó un aumento del 112% para los ministros.
Es por eso que la Justicia busca explicar de dónde salieron los fondos de sus abultados gastos. La causa también examina la compra de un departamento en el barrio de Caballito valuado en 230.000 dólares, que habría sido adquirido con un anticipo de 30.000 dólares y un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las mismas dos jubiladas que le vendían la propiedad.
Un testigo declaró además que Adorni tendría una deuda adicional de 65.000 dólares por refacciones del inmueble que no habría sido documentada. La inmobiliaria que intervino en la operación habría informado que el valor real del departamento asciende a 345.000 dólares, es decir, 115.000 dólares más que la cifra que figura en la transacción.
A esto se suma la compra de una propiedad en el country Indio Cuá por 120.000 dólares, operación que habría sido financiada parcialmente con una hipoteca preexistente. Y la fiscalía también analiza un pago de 30.000 dólares realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de una deuda vigente.
Con ese conjunto de movimientos sobre la mesa, el objetivo de la investigación es reconstruir el flujo de fondos de Adorni y su esposa para determinar si existe una desproporción entre los ingresos declarados y el nivel de gastos efectivamente registrado.
