Declaran los dueños de la inmobiliaria que vendió el departamento de Caballito a las jubiladas prestamistas de Manuel Adorni, dando inicio a una semana repleta de declaraciones testimoniales ordenadas por la Justicia en la causa por enriquecimiento ilícito contra el funcionario.
Este lunes declaran ante la Justicia los dueños de la inmobiliaria que intermedió en la venta del departamento de Caballito que hoy ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La citación a Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi marca el inicio de una semana cargada de testimonios en los tribunales federales de Comodoro Py.
La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y gira en torno a las inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. El eje de la pesquisa es la compra de tres inmuebles y las refacciones de alto costo realizadas en uno de ellos, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad del dinero involucrado.
La operación bajo la lupa es la compra del departamento ubicado en la calle Miró al 500, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares.
Según surge del expediente, Adorni habría aportado solo 30.000 dólares en efectivo, mientras que las vendedoras (las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo) financiaron los 200.000 dólares restantes mediante una hipoteca privada, sin interés y con vencimiento en noviembre de este año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la devolución del inmueble.
El recorrido previo del departamento también forma parte de la investigación. El inmueble perteneció originalmente al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró en la causa que se lo vendió a las jubiladas por 200.000 dólares, cifra notablemente inferior a los 340.000 dólares que pedía originalmente la Inmobiliaria Rucci.
La Justicia confirmó que Adorni se fue de vacaciones a Aruba junto a toda su familia
Una semana repleta de declaraciones
El miércoles 22 de abril comparecerá Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas involucradas. La fiscalía lo convocó tras el testimonio de la escribana interviniente, quien lo señaló como el nexo entre Adorni y las vendedoras, que afirmaron no conocer al funcionario.
Feijoo fue quien realizó la reserva del inmueble y deberá presentarse con su teléfono celular, según consta en la citación.
El viernes 24 llegará el turno de Matías Tabar, constructor a cargo de las reformas en el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde Adorni posee otra propiedad.
La fiscalía le exigió que aporte presupuestos, facturas y registros de comunicaciones (incluyendo mensajes de WhatsApp) para determinar quién financió las obras y si esos montos son compatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.
En paralelo, la Justicia busca contrastar los valores de mercado de las propiedades con los declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Entre los puntos bajo análisis figuran el pago de una cuota de ingreso al barrio privado estimada en 5.000 dólares y expensas cercanas a los 700.000 pesos mensuales, que figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
La ronda de testimonios cierra el lunes 27 de abril con Juan Ernesto Cosentino, ex propietario de la vivienda en el country. También está prevista la declaración del encargado del edificio de Caballito.
Las prestamistas de Adorni declararon que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses
Hasta Ritondo quiso tomar distancia
En medio del avance judicial, el escándalo también generó incomodidad incluso entre los principales aliados del gobierno de Javier Milei: el PRO, clave en los debates del Congreso para garantizarle los votos necesarios a los proyectos libertarios.
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, anticipó este domingo que la visita de Adorni al Congreso (prevista para el 29 de abril en el marco del informe de gestión obligatorio) derivará en un espectáculo político sin sustancia.
“Vamos a ver un show por parte de la oposición y por parte del oficialismo. No sé si es para ver y comprar pochoclos porque afecta a la política y la visión de la gente con el Congreso. No creo que ayude para nada“, señaló el legislador.
Ritondo, cuyo propio nombre también está vinculado a polémicas por la adquisición de propiedades, eligió correrse de la defensa del funcionario y lamentó que la sesión opaque el debate de iniciativas legislativas que considera prioritarias, como la Ley de Inocencia Fiscal.
La declaración del legislador ilustra el costo político que está generando la causa: incluso desde el entorno del oficialismo, la acumulación de denuncias contra Adorni (que incluyen propiedades no declaradas, viajes a Nueva York y Punta del Este, y el financiamiento del departamento de Caballito) comienza a incomodar a aliados que prefieren no quedar en el mismo encuadre.
