El gobierno de Javier Milei lanzó este jueves el llamado a licitación pública para privatizar completamente Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos del país, y anticipó que parte de lo recaudado se destinará a equipamiento militar.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El proceso implica la venta del 100% del paquete accionario (3.050.000 acciones ordinarias) sin reserva de participación estatal ni programas de propiedad participada para los trabajadores.
El precio base de la operación es de US$45.120.000, cifra que surgió de una valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La licitación se realizará en etapas múltiples a través de la plataforma oficial Contrat.ar, donde los interesados podrán acceder a la documentación y presentar sus ofertas.
El cronograma establece que las consultas podrán realizarse hasta el 27 de abril de 2026, mientras que las ofertas deberán presentarse antes del 7 de mayo a las 9:30 horas, con apertura ese mismo día a las 10. Para analizar las propuestas, se creó una Comisión Evaluadora ad hoc integrada por funcionarios designados.
Intercargo opera actualmente en 16 aeropuertos del país y tiene un rol central en la logística del transporte aéreo nacional e internacional. La venta se realizará bajo la modalidad de empresa en marcha, lo que implica que la compañía continuará operando con sus contratos, licencias y vínculos comerciales vigentes.
No obstante, el Estado deberá rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión que le otorgaba a Intercargo la prestación exclusiva del servicio de rampa antes de concretar la transferencia.
El proceso tiene su origen en el Decreto 198/2025, dictado en marzo del año pasado, y se encuadra en la Ley 27.742 (la Ley Bases). La Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” podrán participar del proceso y requerir asistencia técnica a la propia empresa durante la licitación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado la medida el miércoles a través de su cuenta en X: “Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”.
Desde la Secretaría de Transporte argumentaron que la privatización responde a un “cambio de paradigma” en el que “el Estado deja de operar directamente para concentrarse en regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia”.
Manuel Adorni: “Si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea”
El resto de las reformas anunciadas por Adorni
Lo cierto es que el gobierno ya había desregulado la prestación del servicio en 2024 y ahora se concentra en rematar la compañía para obtener los fondos que desesperadamente necesita para mantener a flote el programa económico.
Sin embargo, la inversión no irá a la sociedad, sino a las fuerzas armadas. Así lo explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su última conferencia de conferencia de prensa, en la que anunció que el gobierno destinará el 10% de los ingresos generados por privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas.
La medida apunta, según sus palabras, a “promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar” y consolidar una política de defensa de largo plazo. La iniciativa forma parte de un paquete legislativo más amplio que el Ejecutivo enviará al Congreso. La propuesta busca reforzar las capacidades militares sin incrementar el gasto público corriente.
Lo alarmante es que esta inversión se daría bajo el alineamiento absoluto de Argentina con Estados Unidos e Israel, que se encuentran en medio de una campaña bélica contra Irán. Hace poco, el canciller Pablo Quirno abrió las puertas a la posibilidad de que el país participe activamente en el conflicto.
El mismo miércoles, Adorni presentó una serie de proyectos adicionales que el gobierno remitirá al Poder Legislativo.
Uno de los ejes es la modificación del régimen de expropiaciones, que el Ejecutivo propone limitar a situaciones estrictamente excepcionales y acompañar de mayores compensaciones económicas para los propietarios afectados. El objetivo declarado es -como siempre- brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones.
Otro proyecto apunta a acelerar los procesos de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, con plazos mucho más cortos que los actuales. La iniciativa busca reducir los tiempos judiciales para la restitución de propiedades y en esencia le da otra herramienta al gobierno para avanzar con desalojos por la fuerza.
El paquete también contempla una reforma a la Ley de Tierras Rurales que eliminaría las restricciones vigentes a la compra de tierras por parte de extranjeros. Desde el gobierno argumentan que la medida favorecería la llegada de capitales internacionales a sectores como energía, minería y agroindustria.
En materia social, el Ejecutivo anunció una revisión del sistema de pensiones por discapacidad, con el objetivo de endurecer los criterios de acceso y detectar posibles irregularidades. También se incluyó en el paquete la intención de concesionar por 30 años el complejo hotelero de Chapadmalal, con el argumento de incorporar inversión privada y reducir costos estatales.
Por último, el Ministerio de Justicia presentará al Senado 60 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales para su confirmación. Durante la conferencia, Adorni también debió responder preguntas sobre su situación patrimonial y sobre viajes a Nueva York y Punta del Este. Visiblemente incómodo, abandonó la conferencia tras pelearse con periodistas.
