Topper ya lleva 150 trabajadores despedidos desde la asunción de Javier Milei: En medio de una crisis que amenaza con llevar al cierre de su única instalación productiva, la empresa apostó a reducir las jornadas para evitar más despidos.
La planta de Topper en Aguilares, Tucumán, acumula cerca de 150 despidos en los últimos dos años y enfrenta una situación que amenaza con el cierre definitivo de su única instalación productiva en el país.
La crisis, vinculada directamente con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, no es un caso aislado: en las últimas semanas se agravó la situación en Lácteos Verónica y en Electrolux, mientras el sector industrial en su conjunto acumula cierres, suspensiones y planes de retiro voluntario que reflejan el deterioro generalizado de la actividad manufacturera.
Topper: una marca que puede desaparecer
La fábrica de Topper en Aguilares es la única planta de producción que la marca tiene en Argentina. Allí se fabrican tanto el calzado como la indumentaria de la marca, lo que convierte a esa instalación en el sostén de toda la operación local. Con casi mil trabajadores en actividad, la planta atraviesa uno de sus períodos más complicados en años.
El deterioro comenzó a hacerse visible con fuerza en 2024, cuando la empresa despidió a 120 operarios. En febrero de 2025, otros 23 trabajadores fueron desvinculados. Esas cifras ubican el total de puestos perdidos en torno a los 150 en el período.
Ante la caída de la demanda, empresa y sindicato alcanzaron en junio del año pasado un acuerdo de reducción de jornada laboral. El convenio eliminó el trabajo de los sábados y recortó la actividad de los viernes, estableciendo además que cada dos semanas se suspendería el viernes completo.
Daniel Gordillo, trabajador de la planta y delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), describió los términos del convenio y remarcó que “fue para no seguir despidiendo gente“.
Gordillo precisó que la reducción implicó resignar 15 horas de salario por quincena, con una pérdida de entre 150.000 y 200.000 pesos según la categoría. La mayoría de los operarios percibe actualmente alrededor de 700.000 pesos mensuales. “No hay bolsillo que aguante con la inflación que hay”, sostuvo el delegado.
El convenio de emergencia tenía vigencia hasta el 28 de febrero. Cuando los trabajadores se presentaron para retomar la jornada completa, la empresa les comunicó que no contaba con insumos suficientes para operar durante toda la semana.
Desde la compañía, el argumento sostenido en reiteradas oportunidades remite a la caída de las ventas y al impacto de la apertura de importaciones. La competencia con productos provenientes de Asia, en particular, genera una disparidad de costos que complica la producción local. El delegado gremial lo resumió en sus propios términos:
“Topper continúa aduciendo la baja estrepitosa de las ventas y el impacto negativo de la apertura de las importaciones y toda la política del gobierno que impacta sobre la industria en general”.
A los problemas productivos y salariales se suma la versión de que la empresa abrió un programa de retiros voluntarios que se pagarían en cuotas, lo que alimenta la incertidumbre entre los trabajadores.
Las negociaciones para renovar el acuerdo de jornada reducida no han avanzado, y el sindicato busca concretar una reunión urgente con el Gobierno de Tucumán (encabezado por Osvaldo Jaldo, uno de los aliados de Javier Milei) para explorar mecanismos de asistencia o mediación.
Durante los últimos meses, tanto la provincia como el municipio de Aguilares brindaron apoyo a la empresa para sostener la actividad. Sin embargo, Gordillo advirtió que ese respaldo tiene fecha de vencimiento: “La provincia y el municipio venían ayudando a la empresa, pero este mes se termina esa ayuda”.
Las implicancias de un eventual cierre son significativas para la región, dado que la economía del departamento de Río Chico está fuertemente vinculada a la actividad industrial del calzado. Pero también lo son para la marca en sí misma.
“Esta es la única planta de producción de Topper en Argentina. La planta fabrica calzado e indumentaria de la marca Topper. Si la planta cierra, la marca Topper desaparecería”, advirtió Gordillo.
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Lácteos Verónica: producción paralizada y denuncias judiciales
La crisis de Lácteos Verónica presenta un cuadro más agudo. El gremio lechero ATILRA denunció que la empresa adeuda los salarios de enero y febrero de 2025 y la segunda cuota del aguinaldo del año pasado.
Según el sindicato, la compañía fue reduciendo progresivamente su actividad desde el 8 de enero, hasta que el 16 de febrero dejó de recibir materia prima y detuvo la producción por completo, impidiendo además el ingreso de los trabajadores a las plantas.
En ese contexto, la empresa envió cartas documento notificando una reducción del 50% de la jornada laboral y de los salarios. El sindicato calificó esa medida como una suspensión encubierta. En total, están en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.
El conflicto golpea con especial fuerza en la provincia de Santa Fe, donde Verónica tiene instalaciones en Lehmann, Suardi y Clason, dentro de una de las principales cuencas lecheras del mundo. Allí los trabajadores denuncian que la empresa dejó de procesar leche y comenzó a vaciar las plantas.
El trasfondo financiero es grave. La firma acumula cheques rechazados por unos 14.000 millones de pesos, deudas millonarias con proveedores y con los tamberos que le abastecían de materia prima.
Esa acumulación de pasivos impactó directamente en la operatoria diaria de las plantas. Verónica llegó a procesar cerca de 600.000 litros de leche diarios, por lo que su paralización amenaza también a los tambos y proveedores que dependían de la empresa.
Domingo Possetto, secretario general de ATILRA Rafaela y representante de los trabajadores de la planta de Lehmann, fue contundente al describir el impacto social: “Hay un abandono real de la empresa”. Possetto añadió que la situación en la región “es peor que el caso Fate en Buenos Aires”.
Detrás del colapso operativo, según trascendió, existe también una interna empresaria. La compañía pertenece a una familia con cerca de veinte socios entre hermanos, primos y sobrinos, y existirían disputas abiertas por el control y la conducción de la empresa que habrían dificultado la toma de decisiones estratégicas en medio de la crisis financiera.
En el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, tramita una denuncia por presunta apropiación indebida de recursos y posible lavado de activos vinculados a la empresa. En paralelo, en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela avanza una investigación por presunta estafa.
Ante el agravamiento del cuadro, ATILRA solicitó la intervención urgente del gobierno nacional para garantizar el pago de los salarios y preservar los puestos de trabajo. En el sector advierten que, si la empresa no logra una salida financiera en el corto plazo, podría quedar al borde del cierre definitivo.
La situación de Verónica se enmarca en un deterioro más amplio de la industria láctea. La caída del consumo interno producto de la recesión económica redujo las ventas de productos básicos como leche, yogur y quesos, mientras los costos siguen presionados por la inflación y por el encarecimiento de la energía y la logística.
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Electrolux: más inscriptos que cupos en el plan de retiros
En Rosario, la multinacional Electrolux lanzó un plan de retiros voluntarios orientado a reducir su plantilla en al menos 100 puestos en su planta local. La medida responde a la fuerte caída del mercado de electrodomésticos y al aumento de la capacidad ociosa en la planta.
La respuesta de los trabajadores, sin embargo, superó ampliamente las previsiones de la empresa. En menos de 48 horas, el programa recibió más de 130 solicitudes de adhesión, pese a haber sido diseñado para 100 retiros.
El Sindicato Metalúrgico local señaló que gran parte de los interesados busca asegurar pagos inmediatos para afrontar deudas y obligaciones personales. Toda una muestra de la situación económica en la que el gobierno de Javier Milei sumió al país.
El plan ofrecía indemnizaciones completas más un plus adicional equivalente a varios salarios, lo que lo convirtió en una alternativa atractiva para empleados que enfrentan dificultades económicas. La masiva adhesión también da cuenta de la preocupación instalada entre los trabajadores respecto de la estabilidad de sus puestos.
Desde la empresa se confirmó que los retiros son estrictamente voluntarios y que la medida no implica despidos forzosos. Electrolux indicó que el objetivo es ajustar la estructura de personal ante el contexto de baja producción y contracción del consumo.
No obstante, los gremios advirtieron que el plan podría ser el primer paso hacia un ajuste mayor si las ventas no repuntan. La compañía, por su parte, debió evaluar cómo gestionar las solicitudes que excedieron el cupo original.
Los casos de Topper, Lácteos Verónica y Electrolux comparten rasgos comunes: caída de ventas, reducción de jornadas, planes de salida negociada y una creciente presión sobre los ingresos de los trabajadores. A la lista se suman empresas como Fate, Whirpool e incluso Stellantis.
En todos los sectores la combinación de menor consumo interno, apertura de importaciones y costos en alza aparece como el denominador común de las dificultades. Gordillo, el delegado de UTICRA en Topper, sintetizó una percepción extendida en el sector: “Todos los días vemos cierres de fábricas y compañeros despedidos a los que les pagan la indemnización en cuotas”.
“Necesitamos que la oposición se plante ante el atropello de la industria“, concluyó.
