La Cámara de Diputados dio quórum para tratar la Reforma Penal Juvenil impulsada por el gobierno de Javier Milei, con la que pretende reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La Libertad Avanza confía en que podrá darle media sanción a su proyecto.
Tras lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el gobierno de Javier Milei busca ahora dar un nuevo paso en su agenda legislativa con el tratamiento de la Reforma Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Este jueves, pasadas las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados obtuvo el quórum necesario para iniciar la sesión especial convocada para debatir el proyecto, además de la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo logró reunir 129 legisladores presentes frente a 128 ausentes, habilitando así el debate en el recinto para una sesión, que se anticipa extensa, como fue el caso de la reforma laboral en el senado.
El oficialismo, además, sumó otro aliado: Juan Schiaretti, quien juró este jueves como diputado tras haberse ausentado de la sesión preparatoria por una intervención cardíaca. El exgobernador de Córdoba recibió el alta médica el 14 de enero, regresó al Congreso después de once años y confirmó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad.
Schiaretti no solo apoyará la reforma penal juvenil, sino que también garantizó su voto para la reforma laboral cuando esta llegue a la Cámara baja. Este posicionamiento del caudillo del peronismo cordobés fortalece la posición del oficialismo en ambas iniciativas legislativas.
El proyecto principal que impulsa La Libertad Avanza establece los 14 años como edad mínima de punibilidad para delitos graves, entre los que se incluyen homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. La normativa fija una pena máxima de prisión de hasta 15 años para menores condenados por estos delitos.
Para infracciones con penas menores a los 10 años, el texto contempla una serie de medidas alternativas a la privación de libertad, como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño causado.
La iniciativa llega al recinto tras un intenso trabajo en comisiones y luego de que el gobierno protagonizara un confuso episodio en el que intentó impulsar un texto alternativo para bajar la edad de imputabilidad aún más, a los 13 años.
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¿Qué proyectos se pondrán en consideración en la sesión?
El miércoles se desarrolló el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, donde se firmaron los diferentes dictámenes que este jueves se pondrán a consideración en el recinto.
La curiosidad des que el lunes, La Libertad Avanza presentó una iniciativa que proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, una medida que no había sido consensuada previamente con sus aliados.
Frente al rechazo inmediato del PRO y la UCR, que sostuvieron que solo acompañarían una reducción a 14 años, el oficialismo tuvo que retirar la propuesta a las pocas horas de haberla presentado.
Finalmente, el dictamen de mayoría reunió entre 78 firmas de los bloques LLA, PRO, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas. La oposición presentó cinco dictámenes alternativos. Dos de ellos son de rechazo total: uno del Frente de Izquierda y otro del diputado catamarqueño Sebastián Nóblega.
El dictamen de Unión por la Patria, que se posiciona como la segunda propuesta con mayor respaldo, mantiene la imputabilidad en 16 años y establece que las penas no podrán superar los 10 años de prisión.
Además, habilita la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena, limita los traslados discrecionales y prohíbe la prisión preventiva salvo casos excepcionales de peligrosidad.
Por su parte, el Frente Renovador presentó un proyecto que también baja la edad a 14 años, en línea con el Código Penal que había impulsado Sergio Massa en 2015. Aunque desde el espacio cuestionan la falta de un plan maestro de infraestructura específica, adelantaron que acompañarán en general la reducción de la edad para sostener su “posición histórica” en el tema.
El interbloque Provincias Unidas (con excepción de los diputados cordobeses) también propone fijar la punibilidad en 14 años, pero con un régimen especializado y establecimientos dirigidos por civiles, por fuera del sistema penitenciario tradicional.
Uno de los puntos más críticos del debate es la infraestructura necesaria para implementar el nuevo régimen. El proyecto oficial establece un plazo de adecuación de 180 días, un período a todas luces insuficiente dada la realidad actual del sistema y la poca voluntad de Nación para impulsar obras.
Según datos oficiales, existen 100 establecimientos especializados en el país para el alojamiento de menores en conflicto con la ley penal. Sin embargo, estos centros están concentrados principalmente en Buenos Aires y Santa Fe, mientras que 17 provincias no cuentan con más de tres unidades y Tierra del Fuego no tiene ninguna.
Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtieron que los establecimientos existentes “en muchos casos no respetan los estándares mínimos de alojamiento en cuanto a metrajes mínimos, diseño y distribución de los espacios” y que “se asemejan a pequeñas cárceles, con rejas, puertas con candados y aislamiento constante”.
Varias fuerzas políticas adelantaron que pedirán modificaciones respecto al financiamiento para garantizar que los menores no compartan alojamiento en lugares donde hay personas mayores de edad, una preocupación central en el debate sobre derechos humanos y garantías procesales.
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Los riesgos de habilitar la encarcelación adolescente
En medio del debate, cabe mencionar que un estudio científico publicado por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF) de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA) cuestiona la efectividad del enfoque punitivo y advierte sobre los peligros de encarcelar adolescentes.
El informe, encabezado por el médico especialista en psiquiatría y medicina legal Ezequiel Mercurio, aporta evidencia sobre el desarrollo del cerebro adolescente y su impacto en el diseño de políticas públicas. Según el estudio, el cerebro adolescente no finaliza su maduración a los 18 años y el desarrollo cerebral durante esta etapa no se realiza de forma simétrica.
El documento señala que el lóbulo frontal (la región más anterior del cerebro) es la última en madurar. Se trata de un área crítica para la autorregulación, el control inhibitorio y la toma de decisiones.
Los investigadores enfatizan que “los adolescentes, en comparación con los adultos, se comportan de forma más impulsiva, son más susceptibles a la presión de pares y al estrés, y priorizan las recompensas inmediatas”.
El estudio distingue entre contextos “fríos” y “calientes” para la toma de decisiones adolescentes. En contextos “fríos”, con baja activación emocional y tiempo para la reflexión, los jóvenes toman decisiones similares a las de los adultos.
Sin embargo, en contextos “calientes”, con alta carga emocional y presión de pares, los adolescentes optan por opciones más arriesgadas, activando rutas neuronales distintas. La investigación destaca que la mayoría de las conductas antisociales en las que se involucran los adolescentes ocurren precisamente en estos contextos “calientes”.
Uno de los hallazgos más relevantes es que “la mayoría de los adolescentes que cometen delitos no continúan en una trayectoria delictiva sostenida durante la adultez”.
Por ello, el estudio argumenta que “incorporar más tempranamente a los adolescentes en el sistema penal, en entornos de privación de libertad, impacta negativamente en su desarrollo, al aumentar las cargas de estrés y eventos adversos en un cerebro en formación”.
Existen evidencias internacionales que muestran que los jóvenes privados de libertad tienen más probabilidades de enfrentar dificultades escolares y de reincidencia delictiva que aquellos tratados en modelos socioeducativos. Además, el informe subraya que no hay pruebas de que bajar la edad de responsabilidad penal reduzca la seguridad ciudadana.
Estos argumentos neurocientíficos han sido incorporados por la Corte Suprema de Estados Unidos en diversos fallos, y también por el Comité de los Derechos del Niño en 2019, que recomendó que los países con edad mínima de responsabilidad penal en 15-16 años no la reduzcan.
El informe del CIDIF también señala que “los proyectos de legislación penal para adolescentes en discusión no incorporan ninguna perspectiva de discapacidad, contraviniendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina”.
En este sentido, enfatiza que “la propuesta de bajar la edad mínima de responsabilidad penal es contraria al principio de no regresividad, a las recomendaciones de diversos expertos internacionales –entre ellos, el Comité de los Derechos del Niño– y a las evidencias disponibles”.
