El gobierno de Javier Milei no logra destrabar la reforma laboral pese al momentum político de los últimos meses, y aunque Patricia Bullrich asegura que hay un “acuerdo bastante consolidado“, los gobernadores dialoguistas condicionan su apoyo al proyecto. El capítulo impositivo, uno de los puntos sensibles.
Mientras el Gobierno de Javier Milei celebra avances en el frente financiero (con la reducción del riesgo país y la baja del dólar tras sortear el vencimiento de deuda en enero) y ve avanzar a la administración de Donald Trump en sus objetivos geopolíticos (como Venezuela, Irán y quizás incluso Groenlandia), el escenario doméstico presenta un panorama más complejo.
La reforma laboral, pieza central de la agenda legislativa libertaria para las sesiones extraordinarias, enfrenta un escollo político que amenaza con convertirse en otro revés parlamentario para la administración libertaria. Las negociaciones lideradas por Patricia Bullrich en el Senado y Diego Santilli a nivel federal muestran señales de estancamiento.
Aunque la jefa del bloque de La Libertad Avanza habla de un “acuerdo bastante consolidado“, lo cierto es que omite las tensiones que se mantienen con los gobernadores dialoguistas, que también fueron responsables de frenar el Capítulo XI del Presupuesto 2026.
El impuesto a las Ganancias emerge como el punto más sensible del debate para los gobernadores. La rebaja prevista en las alícuotas para empresas, que en el proyecto original desciende del 35% al 31,5%, representa una pérdida de coparticipación de 130 mil millones de pesos mensuales para las provincias.
Los gobernadores ponen en duda el avance de la reforma
Los gobernadores dialoguistas se reunirán este jueves en la Casa de Salta para unificar su postura de cara al debate parlamentario. Gustavo Sáenz recibirá a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) con un objetivo claro: exigir que se elimine el capítulo de Ganancias de la reforma laboral.
Este grupo de mandatarios controla el voto de seis senadores y tiene llegada a otros legisladores que La Libertad Avanza necesita imperiosamente para aprobar la ley. Sin su respaldo, el oficialismo no alcanza los números necesarios.
El peor desenlace para el oficialismo sería que en caso de no quitar el capítulo impositivo, termine sin el apoyo de sus aliados clave. Pero el reclamo no se agota en Ganancias. Los gobernadores también exigen que Nación pague diferentes deudas acumuladas con las provincias.
Esto incluye aquellas vinculadas a la atención de afiliados del PAMI, de ANSES y obras conjuntas que terminaron financiando los mandatarios tras el abandono del Gobierno nacional a la obra pública en todo el país.
La preocupación de los gobernadores se agrava por la caída de la coparticipación nacional y la falta de recuperación de la recaudación. Entre los mandatarios provinciales existe consenso sobre un pronóstico pesimista: se avecina un año económicamente muy duro para las administraciones provinciales.
Para colmo, las recientes apariciones públicas del Presidente generaron fastidio entre varios gobernadores, particularmente por su gestión de la emergencia en la Patagonia. Aparentemente, también molestaron a Osvaldo Jaldo, que viene reclamando ayuda para frenar el impacto de las inundaciones en Tucumán.
Mientras cinco gobernadores patagónicos (Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Claudio Vidal) firmaban una nota reclamando la declaración de emergencia nacional por los incendios, Milei participaba de un evento con Fátima Florez en Mar del Plata y luego se presentaba en La Derecha Fest.
Sin embargo, fue Ricardo Quintela quien verbalizó públicamente el disgusto: “En la Patagonia, el fuego avanza sin piedad. Se pierden casas, trabajos, bosques, comunidades enteras. No se queman números: se quema la vida de miles de argentinos”.
“Y cuando el Estado no llega, o llega tarde, lo que se rompe es algo más profundo: la confianza básica entre la sociedad y quienes gobiernan“, agregó. El Gobernador riojano también expresó que:
“Mientras eso ocurre, el presidente elige otro escenario. Show, espectáculos, exposición mediática. No es una cuestión de gustos personales. Es un mensaje político. Cuando el show ocupa el lugar de la gestión, lo que queda claro son las prioridades”.
Más allá de esto, el ministro del Interior Diego Santilli viene recibiendo el mismo reclamo en cada reunión bilateral con mandatarios: la eliminación o postergación del capítulo fiscal. Pero Milei se resiste a estas modificaciones.
Alfredo Cornejo (Mendoza, uno de los aliados de Milei) propone diferir la implementación hasta 2027-2028, mientras otros gobernadores sugieren graduar el impacto en dos años.
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Patricia Bullrich no logra destrabar las negociaciones
Patricia Bullrich convocó el miércoles a los jefes de la oposición dialoguista en el Senado, en un encuentro que duró dos horas pero no logró cerrar la letra chica de la iniciativa que el oficialismo pretende llevar al recinto el miércoles 11 de febrero.
La senadora de La Libertad Avanza salió del encuentro con un mensaje optimista: “Estuvimos en un diálogo abierto con los bloques, reunimos 44 voluntades, estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral, tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno”.
Bullrich reunió en el despacho del bloque de la UCR, con la participación del jefe de bancada Eduardo Vischi como anfitrión, a representantes de diversas fuerzas: Luis Juez, Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Carlos Arce (Misiones) y Natalia Gadano (Santa Cruz).
En conjunto con La Libertad Avanza, estas bancadas reúnen 44 votos, siete por encima del cuórum necesario. Sin embargo, y aunque la exministra de Seguridad los da por descontados, lo cierto es que en la mayoría de los casos no está asegurado el apoyo.
Los dos principales obstáculos en las conversaciones son la recomposición a las provincias y cambios al sistema de indemnizaciones, que el proyecto establece con fondos de ANSES.
“Estamos convencidos de que la reforma laboral tiene que salir, pero hay algunas cuestiones desde el punto de vista impositivo que nos preocupan“, reconoció Vischi, quien ofició de anfitrión de la reunión. Se refirió así a las reducciones del impuesto a las ganancias, que, de prosperar, le restarían coparticipación a los gobernadores.
Fuentes que participaron del encuentro confirmaron que el tema fiscal acaparó la reunión y podría arruinarlo todo para el oficialismo. “Tiene que haber alguna alternativa”, se esperanzó Vischi. Sugirió que una opción en estudio es diferenciar empresas grandes, medianas y chicas.
Durante las discusiones también se debatieron posibles cambios al fondo para indemnizaciones (FAL), que según el proyecto sería financiado por la ANSES. Una propuesta es restringir el beneficio a pequeños emprendedores.
Las negociaciones continuarán el martes a las 15, cuando Bullrich buscará cerrar un bosquejo para llegar al recinto. Si bien hay expectativa en el oficialismo de alcanzar un acuerdo, no está claro hasta dónde está dispuesto a ceder Javier Milei.
“El Gobierno tiene como objetivo modernizar las relaciones laborales y que crezca la cantidad de empresas: tenemos 12 cada 100 mil habitantes. Uruguay nos quintuplica y Brasil nos duplica”, dijo Bullrich en una breve rueda de prensa, en la que evitó dar definiciones sobre las propuestas del Ejecutivo para juntar votos.
Cuando le preguntaron por la recaudación de Ganancias que reclaman los gobernadores, Bullrich pateó la pelota al Ejecutivo: “No se ha resuelto, está en discusión”, cerró la senadora de LLA sobre este punto. Prometió llegar con más información la semana próxima, aunque la redacción final se terminaría de cerrar en el recinto.
La definición que llegó desde la Casa Rosada, y que Bullrich repite como mantra, es que ningún cambio puede afectar “el espíritu” de la ley; como tampoco alterar el déficit fiscal de la Nación.
Milei asegura que la baja de Ganancias (que también afecta las cuentas del tesoro) será compensada con una mayor actividad en el mediano plazo, los gobernadores no quieren tomar ese riesgo y además se encuentran en una situación a corto plazo que requiere respuestas urgentes.
Bullrich también impulsó la conformación de una comisión técnica que recibió a representantes sindicales, empresarios y dirigentes políticos. No obstante, en el propio Gobierno aclaran que no tiene mandato para introducir cambios, por lo que su función es más política que operativa.
Una fuente oficialista sostuvo: “La reunión fue más que nada para enumerar los reclamos, pero los pedidos de las provincias los deben atender la Casa Rosada. Es probable que (el ministro de Economía) Luis Caputo compense deudas locales a cambio de tener el apoyo de la reforma como está”.
En la Casa Rosada aclaran que el dictamen no será modificado previamente, pero admiten que eventuales cambios podrían resolverse directamente en el recinto. La señal marca un giro respecto de la postura inicial de intransigencia.
El proyecto de reforma laboral fue enviado en diciembre y se dictaminó tras una trabajosa negociación de Bullrich, quien logró acordar algunas modificaciones con la Casa Rosada. Por caso, el texto original habilita a pagar las indemnizaciones en 12 cuotas.
En comisión, se agregó que pueden ser 18 en el caso de mipymes. El pago en especie fue eliminado y sólo se incluyeron las billeteras virtuales habilitadas en el Banco Central.
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La provincia de Buenos Aires sería la más perjudicada
Lo cierto es que de aprobarse tal como está escrita ahora mismo, la normativa daría un duro golpe a todas las administraciones provinciales. Un informe técnico elaborado por la CGT y distribuido entre gobernadores y legisladores pone números precisos al daño fiscal que provocaría la reforma.
El documento fue elaborado por técnicos del gremio AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) y llegó en las últimas horas a todas las provincias. El objetivo de la central obrera es claro: que el debate se centre, además del impacto en los derechos laborales, en cuántos fondos pierden los gobernadores.
El informe estima una pérdida fiscal total equivalente a 1,278% del PBI por las reducciones impositivas de la reforma laboral. El impacto más fuerte recae sobre la coparticipación: las provincias dejarían de recibir $3,18 billones anuales por la rebaja en Ganancias a sociedades y otros impuestos.
Particularmente, la provincia de Buenos Aires perdería específicamente $397.257 millones, el 12,46% de esa distribución, lo que la convierte en la jurisdicción más perjudicada en términos absolutos.
“Aunque se presenta como una ley para modernizar el trabajo, el proyecto persigue reducir el costo laboral empresario a costa de la Seguridad Social y de las provincias”, plantea la CGT en el mensaje con el que difundió el análisis.
La central obrera busca presionar a los gobernadores que Bullrich necesita para sumar votos. Les ofrece argumentos técnicos contra el artículo 191 del proyecto, que reduce de 35% a 31,5% las alícuotas más altas de Ganancias a sociedades. Ese punto genera la mayor resistencia entre mandatarios de todas las fuerzas políticas, incluso entre los más dialoguistas.
Para PBA, la pérdida calculada equivale a casi el 40% de lo que recibió en ATN durante todo 2025. Axel Kicillof está vetado de las negociaciones con Santilli por confrontar con el gobierno nacional, que por su parte intenta asfixiar económicamente a quien reconoce como su principal opositor.
El análisis técnico desglosa las pérdidas: reducción de contribuciones patronales, rebaja en Ganancias, eliminación del impuesto cedular, derogación parcial de impuestos internos y supresión de gravámenes a cine. AEFIP trabajó sobre la recaudación proyectada para 2026 según datos oficiales de ARCA, INDEC y el presupuesto nacional.
A ciencia cierta, en el Senado Bullrich necesita 37 votos y tiene garantizados 24. Busca los 13 restantes entre radicales, provincialismos y peronistas díscolos. La iniciativa podría tratarse a partir del 12 de febrero, dentro de un período extraordinario que se extenderá hasta el 27.
El tiempo corre, las negociaciones siguen trabadas y el oficialismo enfrenta la disyuntiva de ceder en puntos sustanciales o arriesgar un nuevo fracaso legislativo que debilitaría aún más su capacidad de negociación en el Congreso.
