El Consejo de Mayo presentó su informe final y los 8 proyectos de ley que el Gobierno de Javier Milei pretende tratar en el Congreso. Además de la reforma laboral y la reducción del Subsidio de Zona Fría, el oficialismo propone un combo letal: Profundizar el ajuste y castigar a las provincias que no se sumen.
El Consejo de Mayo, cuyos miembros fueron designados unilateralmente y a través de un decreto por el gobierno de Javier Milei, presentó su “informe final” sobre los proyectos de ley que La Libertad Avanza impulsará en el Congreso de la Nación.
Además de la reforma laboral (cuyo borrador ya se conocía desde hace semanas) y la iniciativa para dejar sin subsidio de zona fría a varios municipios del país (que ya figuraba en el presupuesto), el documento de “consenso” incluye otros seis puntos con reformas que apuntan a profundizar el ajuste, flexibilizar la educación y perseguir judicialmente a las provincias.
El martes, en una conferencia de prensa encabezada desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó el informe final del Consejo de Mayo, que tiene 68 páginas y arranca con una cita del presentador peruano-estadounidense Jaime Bayly sobre lo “divertidos” y “mentirosos” que son los argentinos.
La actividad comenzó temprano cuando la exministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich ingresó junto al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem para una reunión de la “mesa política” con Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y el asesor Santiago Caputo, sin la presencia del presidente Javier Milei y su hermana Karina, que están en Noruega.
La última reunión del Consejo contó con la participación de cinco de los seis sectores: estuvo Carolina Losada por el Senado, Cristian Ritondo por los diputados, Martín Rapanilli por la UIA, Alfredo Cornejo por los gobernadores y el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. El único ausente fue Gerardo Martínez, el representante de la CGT.
Aunque Adorni indicó que no participó porque estaba de viaje en Washington, desde su entorno dejaron trascender que habían decidido “retirar a la CGT del espacio” ante la falta de acuerdo en varios puntos de la reforma laboral.
Adorni reveló que de los diez puntos del Pacto de Mayo en el Consejo solo se trataron ocho. La reforma previsional y la modificación a la Ley de Coparticipación quedaron afuera del informe.
Estos ítems serán parte de la agenda legislativa del 2026, a partir del 1° de marzo. Tres de esos ocho puntos están incluidos dentro del temario de sesiones extraordinarias que comenzó esta medianoche y se extenderá hasta el martes 30 de diciembre.
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Uno por uno, los 8 puntos del informe
Inviolabilidad de la propiedad privada
El primer punto trata sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, un principio que -vale recordar- ya figura en la Constitución Nacional. El funcionario adelantó que se modificará la Ley de Expropiaciones para disponer “de una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes”.
Además, anticipó que “se dispondrá la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación”. También se eliminará la prohibición de venta a personas jurídicas en barrios populares y se liberará la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros.
En la práctica, esta reforma representa un regalo para los empresarios inmobiliarios y facilitará los desalojos exprés sin garantías procesales adecuadas para los inquilinos o habitantes de asentamientos populares.
Una excusa para castigar a las provincias
El segundo punto refiere al equilibrio fiscal innegociable. El jefe de Gabinete adelantó que enviará un proyecto de ley por el “compromiso nacional de estabilidad fiscal y monetaria” que prohíbe el déficit del presupuesto nacional.
Además, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno.
Indicaron que el Consejo sugiere que los gobernadores fortalezcan el compromiso de no solicitar autorizaciones de endeudamiento si una provincia presenta déficit primario, salvo para operaciones de rollover o en casos de riesgo crediticio superior al de la Nación.
Amenazaron con excluir de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) “a las provincias que no adhieran o no cumplan las metas”. En otras palabras, el gobierno no solo profundizará el ajuste, sino que tendrá una excusa para utilizar los ATN como moneda de cambio para someter a las provincias.
El ajuste sobre los argentinos continúa
El tercer punto está referido a la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI. Esta meta, presentada como un logro de racionalización, representa en realidad un recorte masivo en áreas sensibles como salud, educación y protección social, profundizando el deterioro de servicios públicos esenciales.
Una reforma para flexibilizar la educación
El cuarto punto aborda una reforma educativa que buscará establecer mayor autonomía a las provincias y a cada institución. Según Adorni, el Estado fijará contenidos mínimos, pero cada escuela “tendrá la posibilidad de diseñar su plan de estudios”. Contemplará la modalidad híbrida y comunitaria, y buscará elevar la exigencia evaluativa.
Sin embargo, esta propuesta flexibiliza los contenidos y desliga al Estado nacional de su financiamiento, eliminando el compromiso de alcanzar el 6% del PBI en inversión educativa y transfiriendo toda la responsabilidad económica a las provincias, muchas de las cuales ya enfrentan serias dificultades presupuestarias.
El guiño de Milei a los evasores
El quinto punto se centra en una reforma tributaria que, según el gobierno, reducirá la presión impositiva. El Consejo incluyó proyectos elaborados por el Ministerio de Economía, como la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario (conocida como “inocencia fiscal”), que prevé la puesta en marcha de un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias.
También contempla un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y “un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y otras exenciones impositivas”. En la práctica, estas medidas favorecen a grandes evasores al flexibilizar controles y establecer presunciones de inocencia que dificultan la persecución de delitos tributarios complejos.
Explotación de recursos naturales en las provincias
El sexto punto trata sobre el compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales. Mencionan que “el Consejo entiende que una explotación plena de nuestros recursos naturales no solo es conveniente sino un imperativo en un mundo con un crecimiento tecnológico tan acelerado”.
Las iniciativas incluyen una modificación de la Ley de Glaciares para “resolver las incertidumbres asociadas a la exploración y explotación minera”, apoyo a la propuesta para retrotraer el régimen de zonas frías a su diseño original concentrado en la Patagonia y una modificación de la Ley de Bosques para eliminar las autorizaciones previas en las zonas verdes.
También se incluyen modificaciones en la Ley de Acuicultura y la eliminación de la Ley del Régimen Regulatorio de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo. Esta agenda se hace a costa de reducir exigencias legales que buscan evitar desastres ambientales y proteger ecosistemas frágiles como glaciares y bosques nativos.
Blanquear trabajadores quitando derechos
El séptimo punto refiere a una “modernización” laboral que promueva la formalización a fuerza de reducir los derechos que hoy tienen los trabajadores formales para crear condiciones más beneficiosas para los empleadores.
Adorni anticipó que el proyecto contemplará “la eliminación de la ultractividad indefinida, la revisión de la prelación de convenios y la reducción de la carga fiscal laboral, así como modificaciones al trabajo agrario”, y la derogación de normas como la Ley de Teletrabajo.
También habrá cambios en trabajo agrario y temas para trabajadores autónomos (plataformas digitales). Esta reforma quita varios derechos adquiridos por los trabajadores, debilitando la protección sindical y precarizando las condiciones laborales bajo el pretexto de la “modernización”.
La apertura al comercio internacional
El octavo y último punto trata sobre la apertura al comercio internacional. “Argentina es el país más cerrado del mundo por protección arancelaria y debemos alinearnos por los tratados internacionales adoptados por los mercados más competitivos del mundo“, señaló Adorni.
Según él, esta iniciativa beneficiará a la comunidad científica y al CONICET, dos sectores que se encuentran en una situación límite por el ajuste impulsado por Milei. El Consejo pidió “implementar los tratados ya aprobados por el país y avanzar con aquellos que cuentan con media sanción, como el Tratado de Cooperación en Patentes“.
En los hechos, esta apertura de importaciones amenaza con destruir la industria nacional, especialmente pequeñas y medianas empresas que no pueden competir con productos subsidiados de economías más grandes.
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La reforma educativa: vouchers y desfinanciamiento
Después de la conferencia de prensa, comenzaron a publicarse los proyectos que se enviarán al Congreso. Uno de ellos es la reforma educativa, bautizada como “Ley de Libertad Educativa”, con la que pretende reformar puntos esenciales de la educación.
El proyecto había sido rechazado de plano por los gremios por considerar que “privatiza, desfinancia y elimina al Estado como garante del derecho a la educación“. Entre los puntos más relevantes se encuentra la implementación de vouchers educativos, una vieja propuesta de Milei. El artículo 83 del proyecto estipula:
“El Sistema Nacional de Educación podrá implementar dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades. Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”.
Los vouchers funcionan como un subsidio indirecto para las escuelas privadas, ya que serán utilizados por las familias para pagar parte de las cuotas. Además, la reforma introduce un cambio clave al no retomar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que preveía el financiamiento progresivo del sector hasta alcanzar el 6% del PBI total.
Este pasaje fue reemplazado por un nuevo texto que omite esa referencia. El nuevo artículo 9 establece deberes de los estudiantes, sin hacer mención alguna al compromiso presupuestario del Estado.
En el capítulo dedicado al Financiamiento del Sistema Educativo, se establece que el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el “ámbito de sus respectivas competencias”, deberán financiar la educación en “condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas”.
Esto implica que el sostenimiento económico estará a cargo solo de las provincias, obligándolas a sostener un sistema de aportes a escuelas privadas. La iniciativa también incorpora principios como el de “eficiencia”, que exige el uso de recursos “de manera racional” y la reducción de “gastos improductivos o asignaciones discrecionales”.
En un apartado sobre “formas alternativas de enseñanza”, el texto reconoce el derecho a recibir educación “mediante formas alternativas de enseñanza, entendidas como procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una institución de Educación Básica“.
Entre ellas se aceptará como oficial la “Educación en el hogar” que estará “dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas”.
Este tipo de iniciativa se ejercita en países como Estados Unidos, y no solo aleja a los estudiantes del entorno social escolar y sino también de la posibilidad de aprender contenidos por fuera de la órbita cultural familiar.
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Persecución judicial a quienes no se sometan al ajuste
También se publicó el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que busca limitar el gasto de los gobiernos provinciales.
La iniciativa introduce una serie de transformaciones estructurales en materia fiscal, penal y administrativa, y resulta alarmante porque implica un intento de forzar a los gobiernos provinciales a plegarse al programa de gobierno de Nación.
El núcleo del proyecto establece una regla fiscal estricta: la prohibición absoluta de sancionar presupuestos deficitarios. Con esta disposición, el Congreso queda atado a un principio contable cuyo cumplimiento depende de variables volátiles que escapan al legislativo. La medida reduce la capacidad del Estado para responder a shocks económicos o emergencias.
El artículo 2 habilita al jefe de Gabinete a realizar recortes durante la ejecución presupuestaria cuando existan desvíos de ingresos o incrementos de gastos. El texto exige priorizar reducciones en partidas no obligatorias, pero no fija criterios objetivos ni mecanismos de control externo, otorgando al Ejecutivo un amplio margen para redefinir políticas públicas en plena ejecución.
Todo proyecto con impacto fiscal deberá incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por Hacienda o la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) según la autoría del proyecto.
Otro punto relevante es la nulidad absoluta e insanable de normas que violen estas disposiciones. Este nivel de rigidez podría derivar en litigiosidad creciente y en la judicialización de decisiones políticas.
En el Capítulo IV, la iniciativa endurece las limitaciones sobre el Ejecutivo: se prohíbe asumir gastos sin autorización y solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario. Si bien esta medida busca evitar la emisión, deja sin un instrumento contracíclico central en economías emergentes.
La reforma a la Ley 24.156 amplía el alcance de la consolidación presupuestaria obligatoria a entes autárquicos, fondos fiduciarios y entidades públicas. Quienes no cumplan con este requisito quedan impedidos de recibir fondos del Tesoro, una sanción que podría comprometer funciones esenciales del Estado en áreas como ciencia, salud, educación y protección social.
El proyecto incorpora modificaciones penales inéditas en la legislación argentina. Por primera vez el Código Penal criminaliza la violación de reglas fiscales, introduciendo dos nuevas figuras de alto impacto institucional.
El artículo 248 ter criminaliza la aprobación o ejecución de actos que incrementen gasto sin contar con recursos acreditados, con penas de 1 a 6 años. El artículo 287 bis penaliza con entre 3 y 10 años a funcionarios del BCRA que autoricen emisión irregular, y también a quienes distribuyan moneda emitida ilegalmente.
El principal problema técnico radica en que la frontera entre política fiscal y delito se vuelve difusa. La definición de “recursos debidamente acreditados” o “emisión irregular” depende de interpretaciones contables, de coyuntura y de la dinámica macroeconómica.
En contextos de volatilidad, un error de proyección o una decisión discutible podría traducirse en imputaciones penales, generando un clima de excesiva inhibición burocrática o, peor aún, persecución política.
El proyecto modifica el régimen del Decreto 1399/01 y redefine el capítulo presupuestario de las empresas públicas, lo que afecta especialmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sometida ahora al régimen de administración financiera sólo para efectos presupuestarios y contrataciones.
El combo resulta letal: por un lado el Estado nacional se repliega de sus responsabilidades en educación, salud y protección social, desfinanciando servicios públicos esenciales; por otro lado castiga a quienes que pretendan compensar su ausencia, amenazándolos con sanciones penales y el corte de fondos en el caso de las Provincias si no se pliegan al ajuste.
