Fortalecido por el resultado de las elecciones, Javier Milei reunió a 20 gobernadores en Casa Rosada y tras el encuentro aseguró que hay “consenso absoluto” para avanzar con la reforma laboral. ¿Quiénes estuvieron presentes, quiénes ausentes y cuáles son las iniciativas pretende llevar al Congreso?
Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a 20 gobernadores y vicegobernadoras en su primer gran acto político tras la victoria electoral del domingo pasado. El encuentro, del que quedaron excluidos los mandatarios opositores del peronismo, buscó proyectar una imagen de diálogo para agentes externos como el FMI y el gobierno de Estados Unidos.
El Gobierno nacional planea aprovechar el impulso electoral para avanzar en el Congreso un ambicioso paquete de reformas que incluye cambios profundos en materia laboral, tributaria y del Código Penal. El proyecto incluso pretende incorporar iniciativas que no lograron prosperar en el DNU 70/2023 (declaradas inconstitucionales por la Justicia) y en la Ley Bases,.
Casa Rosada tiene previsto avanzar en este sentido en sesiones extraordinarias (sea a partir del 10 de diciembre o enero de 2026), aprovechando la nueva composición del Congreso. Por su parte, los mandatarios provinciales reclamaron el envío del Presupuesto 2026, el giro de partidas adeudadas y soluciones para el déficit previsional provincial.
Tras el encuentro, Milei se mostró confiado y aseguró que existe un “consenso absoluto” para avanzar con la reforma laboral. El mandatario calificó la reunión como “extremadamente positiva” y sostuvo que se lograron acuerdos, aunque reconoció que fueron “con matices”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, repitió en conferencia de prensa que se trata del “Congreso más reformista de la historia“, mientras que el propio Presidente defendió enfáticamente sus propuestas asegurando que “la gente no va a perder derechos, van a ganar”, aunque sus dichos no van en línea con lo que dice el articulado de las reformas.
Cabe recordar que previamente el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger había negado que el gobierno estuviera trabajando en una reforma laboral. Sin embargo, ahora confirmó que las reformas laboral y tributaria serán la “columna vertebral” de esta segunda etapa de gestión.
Para colmo, negó que la iniciativa incluya sumar horas pese a que el último proyecto de ley presentado por la tropa libertaria lo impulsa. “Lo de aumentar las horas es un disparate, nunca en las discusiones lo escuché siquiera“, se excusó.
¿Quiénes estuvieron presentes en Casa Rosada?
Participaron del encuentro 17 gobernadores y 3 vicegobernadoras en ejercicio, representando a un total de 20 provincias. De todos los presentes, solo 10 tomaron la palabra durante las dos horas y media que duró el encuentro.
Estuvieron presentes: Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
También asistieron Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero; senador nacional electo) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Por su parte, las provincias representadas por sus vicegobernadoras fueron: Chaco, con Silvana Schneider (electa senadora nacional el domingo por la alianza entre La Libertad Avanza y el gobernador Leandro Zdero); Mendoza, con Hebe Casado; y Neuquén, con Zulma Reina.
Por el lado del Gobierno nacional, la foto incluyó a la totalidad del Gabinete. Junto a Milei se ubicaron Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad y senadora electa), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa y diputado electo).
También estuvieron Lisandro Catalán (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También participaron Karina Milei (secretaria General de la Presidencia) y Santiago Caputo (asesor presidencial y único presente sin cargo oficial).
Finalmente, cabe destacar la presencia de Santiago Bausili (presidente del BCRA), Pablo Quirno (canciller recién asumido en reemplazo de Gerardo Werthein), María Ibarzábal Murphy (secretaria Legal y Técnica) y Manuel Adorni (vocero y secretario de Comunicación).
Sin embargo, no fueron invitados los gobernadores peronistas opositores, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). De los pertenecientes a Unión por la Patria/Fuerza Patria, solo estuvieron presentes el pampeano Ziliotto y el santiagueño Zamora.
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¿Qué dijo Javier Milei luego de la reunión?
Tras el encuentro, Milei se mostró satisfecho con los resultados. “Hemos logrado estar de acuerdo, con matices, sobre lo que Argentina necesita en esta etapa”, expresó el mandatario, y aseguró que el gesto “muestra la voluntad de respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos de no volver al pasado”.
Sobre la reforma laboral, el eje central de su estrategia legislativa, Milei fue enfático: “La gente no va a perder derechos, van a ganar. ¿Los que están en el sector informal cuántos derechos tienen? Ninguno. Los 20 gobernadores que se reunieron conmigo están de acuerdo”.
El Presidente defendió el proyecto argumentando que no afectará a quienes ya están empleados: “Si usted ya está en el mercado laboral puede seguir adhiriendo a los contratos que están vigentes hoy. La diferencia es para adelante, para quien tiene que ingresar al mercado. Nadie pierde, solamente ganan derechos aquellos que estaban afuera“.
Lo que el libertario omite señalar es que dadas las condiciones para discutir “libremente” contratos, se da una asimetría entre empleado y empleador que siempre juega en contra el trabajador. Por otro lado, la normativa para quien “ingresa al mercado” propone igualar los derechos de quienes tienen contratos formales a los de quienes trabajan en la informalidad.
El mandatario también subrayó que bajo el nuevo esquema “el salario tiene que estar ligado a la productividad”, en línea con el modelo de flexibilización que impulsa su administración. Respecto a la iniciativa, aseguró que “le va a cambiar la vida” a los pequeños y medianos empresarios. Seguramente también se la cambie a los empleados.
Al ser consultado sobre las ausencias, Milei justificó la exclusión de los gobernadores peronistas asegurando que: “Si usted repite el catecismo marxista o recetas que son las que hundieron a la Argentina en la decadencia de los últimos 100 años, es muy difícil tener un diálogo razonable”.
“No nos podemos juntar con gente a la que dos más dos no le da cuatro“, comentó, utilizando un argumento que ya ha repetido en varias oportunidades y que intenta igualar el peronismo con el comunismo.
El Presidente también destacó que hubo “acuerdo total” en cuanto al “déficit cero como política de Estado”, aunque reconoció que las provincias realizaron un ajuste de poco más de tres puntos del producto. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el reclamo de los gobernadores por la coparticipación federal, el mandatario evitó compromisos inmediatos:
“Hay que reconocer que las provincias hicieron un ajuste de un poco más de tres puntos. Estamos todos laburando en la misma línea. Hay que separar lo que es de corto y largo plazo. El reclamo de la coparticipación viene desde ’94. Yo estoy dispuesto a dar el debate de la correspondencia fiscal. Encantado de la vida en avanzar en una reforma para que cada uno recaude lo que decida gastar. A mí me encanta arreglar cosas imposibles, pero no es el momento de discutir eso. Está bueno sentar las bases”.
Por su parte, Adorni había anticipado en conferencia de prensa que el paquete legislativo incluiría tres grandes reformas. Sobre la laboral, explicó que buscará “integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad”.
Respecto a la tributaria, sostuvo que “va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”.
Finalmente, sobre la reforma del Código Penal, indicó que será “para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada”, agregando una muletilla que se convirtió en lema oficial: “Como siempre decimos, el que las hace las paga“.
Lo cierto es que el Gobierno no presentó proyectos escritos ni borradores específicos. Tampoco se mencionó nada sobre una eventual reforma previsional, ni sobre posibles cambios de Gabinete pese a los rumores que circularon durante la semana.
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¿Qué implicaría el paquete de reformas de Casa Rosada?
La reforma laboral, según trascendió, retomará artículos del capítulo laboral del DNU 70/2023 que fueron declarados inconstitucionales por la Justicia. Cabe recordar que en enero de 2024 la jueza Liliana Rodríguez Fernández había anulado los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 de ese decreto por considerarlos contrarios a la Constitución.
El proyecto incluiría la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, la posibilidad de establecer acuerdos de trabajo por empresa (en lugar de por actividad) y aumentos salariales atados a la productividad.
También se incorporarían elementos del decreto 340/25 de la Marina Mercante, que establece servicios mínimos del 75% en conflictos laborales para actividades esenciales, y del 50% para servicios de importancia trascendental: Una avanzada contra el derecho a protesta para multitud de sectores que también fue frenada por la Justicia.
Entre las modificaciones propuestas figura la posibilidad de que el empleador introduzca cambios en la prestación laboral, siempre que no sean irrazonables ni alteren elementos esenciales del contrato.
Se mantendría la irrenunciabilidad de derechos, pero se permitiría la homologación de modificaciones contractuales por la autoridad de aplicación. También se habilitaría el pago de salarios mediante transferencia bancaria y la entrega de recibos digitales.
Las vacaciones podrían fraccionarse en períodos de al menos una semana, y se extendería el plazo para su goce hasta el 30 de abril del año siguiente. Las convenciones colectivas podrían establecer regímenes de banco de horas, permitiendo acumular horas extras para compensarlas con tiempo libre futuro en lugar de tener vacaciones pagas.
En cuanto a licencias por enfermedad, se extenderían los períodos a 6 meses para trabajadores con menos de 5 años de antigüedad, y a 12 meses para quienes tengan más antigüedad o carga familiar. Si el trabajador no puede reincorporarse, el empleador debería conservar su empleo por un año adicional.
El Gobierno también buscaría eliminar la obligatoriedad de los aportes a las asociaciones sindicales y la ultraactividad, concepto que implica que un convenio colectivo sigue vigente aunque haya vencido.
Como la mayoría de los convenios están fechados en 1974, esta medida dejaría sin cobertura a trabajadores de múltiples rubros. Además, se impulsarían paritarias por productividad y por empresa, descentralizando la negociación colectiva (y por ende, debilitando la capacidad de negociación).
Para la reforma tributaria se elevaría el Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias para personas físicas, se ampliarían las deducciones personales (incluyendo servicio doméstico, alquiler y crédito hipotecario) y se expandiría el Régimen Simplificado de Ganancias.
Un eje central sería la división del IVA: del 21% actual, se proyecta que la Nación perciba un 12% y las provincias un 9%, con el objetivo de fomentar la competencia impositiva entre jurisdicciones. También se pediría a las provincias que reduzcan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. No está claro cómo se espera que compensen renunciar a parte de sus ingresos.
Finalmente, la reforma del Código Penal incluiría cambios drásticos. Se establecería prisión perpetua sin libertad condicional para delitos graves, con penas de hasta 40 años en casos de reincidencia múltiple (actualmente el máximo es de 35). Los homicidios, delitos sexuales, narcotráfico, trata de personas y delitos de lesa humanidad serían imprescriptibles.
Se incorporaría el decomiso anticipado de bienes vinculados con delitos, incluso antes de una condena firme, y una presunción a favor de la autoridad en casos de uso de armas por parte de las Fuerzas de Seguridad, invirtiendo la carga de la prueba y abriendo la puerta al abuso de poder por parte de las fuerzas.
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Las penas por homicidio simple subirían a un máximo posible de 30 años de prisión (actualmente de 8 a 25 años), mientras que se ampliarían los supuestos de homicidio agravado con prisión perpetua.
También se crearían nuevas figuras delictivas para fraudes informáticos impulsados por inteligencia artificial (con penas de hasta 7 años), apuestas ilegales, ciberdelitos y pornovenganza.
Se elevarían exponencialmente las penas por narcotráfico y se incorporarían figuras autónomas sobre precursores químicos y opioides sintéticos. En materia de corrupción, se rediseñaría el delito de enriquecimiento ilícito y se sancionaría el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal.
De concretarse, con esta medida Milei y su equipo lograrían imponer parte de su programa de gobierno como una ley que limitaría las posibilidades de las próximas gestiones a través de un sesgo económico.
