El hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas motivó movilizaciones convocadas por Ni Una Menos en distintos puntos del país para reclamar justicia por las víctimas y volvió a poner bajo la lupa el feroz ajuste del gobierno de Javier Milei contra las políticas de género.
El brutal triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela volvió a colocar en el centro del debate público la cruzada del Gobierno de Javier Milei contra el feminismo y el desmantelamiento sistemático de las políticas de género.
La investigación apunta a que las víctimas fueron engañadas por una organización de narcotráfico con sede operativa en la Ciudad de Buenos Aires y que también operaba en distintos puntos del Conurbano, según indicaron las autoridades bonaerenses.
Lo cierto es que el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes, confirmado el miércoles 24 de septiembre, se produce en medio de una banalización de los casos de violencia contra las mujeres y tiene como telón de fondo un brutal recorte presupuestario en el área.
Es que el gobierno nacional eliminó el Ministerio de Mujeres poco después de la asunción de Milei y la administración libertaria ya canceló más de 40 programas destinados a la prevención y asistencia de violencia de género. El ensañamiento tiene aún menos sentido cuando se considera que las políticas de género representaban apenas el 0,2% del presupuesto nacional.
Lo que se sabe del triple femicidio de Varela
Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez (las primeras de 20 años y la última de 15) fueron reportadas como desaparecidas el sábado 21 de septiembre tras no regresar a sus hogares en La Matanza desde la noche del viernes anterior.
Las familias denunciaron que las jóvenes habían salido para asistir a una supuesta fiesta donde les habían prometido 300 dólares a cada una. La UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, reconstruyó que las víctimas subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca alrededor de las 21:30 del viernes.
Abordaron el vehículo en una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada, en el cruce de las avenidas Monseñor Bufano y Crovara. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que las tres jóvenes ingresaron a la camioneta.
La investigación, que cuenta con cuatro personas detenidas por homicidio agravado, determinó que las víctimas fueron trasladadas desde La Matanza, pasando por Lomas de Zamora, hasta llegar a una vivienda en Florencio Varela donde fueron asesinadas.
Los cuerpos fueron encontrados enterrados en el jardín de la propiedad durante la madrugada del miércoles, tras un operativo que incluyó brigadas especializadas de la Policía Bonaerense con perros de búsqueda.
Las autopsias confirmaron la brutalidad de la violencia ejercida contra las mujeres y, luego, sobre sus cuerpos. Entre tanto, la camioneta utilizada para trasladarlas fue incendiada durante la madrugada del sábado a una cuadra de la casa del crimen.
Según la principal hipótesis de la investigación, las jóvenes fueron víctimas de una venganza de una organización transnacional de narcotráfico que opera desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente desde el barrio 1-11-14 de Bajo Flores.
Según se conoció, la sesión de tortura fue transmitida en vivo por TikTok a otros miembros de la organización criminal como mensaje intimidatorio, aludiendo a un supuesto robo de dinero o drogas por parte de una de las víctimas torturadas y asesinadas.
La cruzada de Milei contra las políticas de género
Más allá del hecho puntual, el triple femicidio de Florencio Varela volvió a poner bajo la lupa la sistemática campaña de desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de violencia de género por parte del gobierno nacional.
Desde su asunción, la administración libertaria ha eliminado instituciones, cancelado programas y recortado presupuestos en esta área bajo argumentos de “eficiencia estatal” y supuestos sesgos ideológicos.
En junio de 2024, el gobierno concretó el cierre definitivo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que había sido creado durante la gestión anterior. La decisión, anunciada oficialmente por el Ministerio de Justicia, trasladó las funciones remanentes a una subsecretaría bajo la órbita de esa cartera, como paso previo a su eliminación total.
El comunicado oficial justificó la medida argumentando que el organismo se había utilizado “con fines político-partidarios” y para “propagar e imponer una agenda ideológica”. La administración de Milei cuestionó sus resultados y acusó a la entidad de mostrar un “sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”.
Para Casa Rosada, había una superposición de funciones entre el ministerio y otras secretarias, lo que según el gobierno resultaba en un “sobre mantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados” con diferentes escalas salariales.
En mayo de 2025, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció la eliminación de 13 programas adicionales dedicados a proteger y garantizar los derechos de mujeres y diversidades sexuales.
A través de las Resoluciones 291/2025 y 292/2025, el funcionario desarticuló políticas que incluían desde asistencia inmediata ante casos de violencia extrema hasta programas de educación sexual integral.
En aquella oportunidad, Cúneo Libarona celebró la medida en sus redes sociales, asegurando que se trataba de “programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos”.
El funcionario se burló específicamente del programa “MenstruAR”, calificándolo como “insólito“, pese a que estaba destinado a garantizar el acceso a insumos básicos de higiene menstrual en todo el país.
Milei eliminó 13 programas de género: Uno de ellos garantizaba asistencia inmediata ante casos de violencia extrema
Entre los programas eliminados se encontraba también el de “Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género”, dedicado a brindar contención y asesoramiento legal al grupo familiar y allegados de personas que sufrieran violencia letal.
Como si esto fuera poco, también fue cancelado el programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección de personas en contextos de violencia por motivos de género.
Otros programas desarticulados incluían el fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero, las Escuelas Populares de Formación en Género, la capacitación en perspectiva de género para el sector privado, y diversos programas de promoción de proyectos productivos para mujeres y LGBTI+ que atravesaran situaciones de violencia.
El ministro Federico Sturzenegger había impulsado medidas similares meses antes, dando de baja 127 áreas, de las cuales casi el 25% eran políticas de género y diversidad. En un cínico mensaje que equiparaba los derechos con la idea de “curro”, Sturzenegger publicó: “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”.
La motivación ideológica detrás de la insólita cruzada contra las políticas de género se vuelve aún más clara si se tiene en cuenta su mínimo impacto fiscal. Según datos oficiales, por cada 100 pesos que gastaba el Estado, solo 20 centavos iban al Ministerio de Mujeres, representando apenas el 0,2% del presupuesto nacional.
A esto se suma la violencia verbal expresada por el propio Milei. En el foro de Davos, aseguró que “el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado“.
El mandatario calificó al “wokismo” como el “deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia”. En esa misma ocasión, Milei afirmó: “Se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”.
También buscó relacionar a las parejas homosexuales que adoptan hijos con la pedofilia, declarando: “En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.
El ministro Cúneo Libarona ha respaldado estas posiciones, asegurando que “nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología” y calificándolas como “inventos subjetivos”, a contramano de las normativas vigentes que reconocen la identidad de género autopercibida.
Tras quedarse sin su foto con Trump, Milei fue a Davos a impulsar su “batalla cultural”
Marchas y repercusiones políticas del caso
En este contexto la investigación policial avanza. El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso vinculó el hecho con organizaciones criminales transnacionales. Al respecto, explicó que:
“La droga, como lo dijimos muchas veces, recorre 2.000 kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires, en este caso es una organización que tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires”.
Alonso precisó que la organización “habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato” y confirmó que se trata de “una banda o un desprendimiento de una banda narco con integrantes de nacionalidad peruana que se mantiene activa en la zona del Bajo Flores con conexiones en la zona oeste y zona sur del Conurbano Bonaerense”.
El funcionario detalló el trabajo de investigación que permitió ubicar a las víctimas: “Nosotros llegamos a esa casa a partir de tener la información de los teléfonos celulares”. La investigación involucró equipos de la DDI en CABA, Berazategui, Quilmes, Lomas de Zamora y Florencio Varela.
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof enfatizó la dimensión federal del problema: “Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista”. Kicillof agregó que:
“Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.
El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Estela Díaz, emitió un comunicado donde definió que “los femicidios son las expresiones más extremas de las violencias de género y en los contextos de narco criminalidad, una descarnada y feroz expresión de la deshumanización, crueldad y descarte“.
Desde la cartera provincial confirmaron que “acompañamos la búsqueda y seguimos trabajando de manera articulada con la Fiscalía, el municipio de La Matanza y el Ministerio de Seguridad de la Provincia” y demandaron que:
“Es imperioso el esclarecimiento de los hechos, de los responsables materiales e intelectuales y que se lleve a cabo un proceso con perspectiva de género”.
Quien poco dijo al respecto fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Sus declaraciones públicas se limitaron a quejarse por los reproches que recibió la administración de Milei por los recortes implementados contra las políticas de género, aunque evitó hablar en profundidad del caso.
En diálogo con Radio Mitre, Bullrich también rechazó la discusión sobre la aplicación de la figura de femicidio en el caso y se negó a “entrar en la politización de que es un tema de género”. “Banalizar esto o comenzar a plantear que esto es por [haber eliminado] el Ministerio de las Mujeres me parece de una bajeza y de poca seriedad total“, comentó.
Por su parte, el colectivo Ni Una Menos convocó a marchas en todo el país para exigir justicia, con movilizaciones iniciales en La Tablada, La Plata y Plaza Flores. Durante la tarde posterior al hallazgo de los cuerpos, dos hombres dispararon contra la casa de Lara, según denunció su familia a la policía.
La causa judicial se encuentra bajo secreto de sumario y cuenta con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Las autoridades aseguran que “hay más personas involucradas” y que existe “una trama que tiene que seguir investigándose” para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.
En cuanto a las manifestaciones, cabe remarcar lo ocurrido en Plaza Flores (CABA), donde la concentración comenzó pasadas las 19 y estuvo marcada por un fuerte despliegue de seguridad. Además, se registraron empujones, corridas y momentos de tensión entre fuerzas de Seguridad y manifestantes.
La policía de la Ciudad fue echada al grito de "Fuera yuta fuera" cuando intentó detener la acción de una movilización masiva que exigía justicia para Lara, Morena y Brenda. Esperaron a que nos retiráramos y fueron a cazar a gente que estaba sobre la Plaza de Flores. Solo una… pic.twitter.com/GdfA2fmtwL
— Vanina Biasi (@vaninabiasi) September 25, 2025
