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martes, marzo 19, 2024

Los documentos y recusaciones que complican a los jueces de la Corte Suprema en el juicio político

El proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema expone las fisuras dentro del máximo tribunal y la complicidad de 3 de los 4 supremos con Elisa Carrió. Por otra parte, el Congreso recibió documentación que complica a los ministros Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

"Lilita" y los Supremos

Héctor Daniel Marchi, secretario general de Administración de la Corte, uno de los funcionarios más influyentes del tribunal, recusó a los cuatro ministros en un pleito que mantiene con la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y dijo que tres de ellosHoracio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda— son defendidos por la dirigente cambiemita.

Apenas asumió el gobierno la alianza Cambiemos, Carrió denunció al también juez supremo Ricardo Lorenzetti y a Marchi por supuesto enriquecimiento ilícito. La causa terminó sobreseída en marzo de 2016.

Entonces, Marchi entabló una demanda civil contra Carrió y Fernando Sánchez, el otro denunciante. La Cámara Civil le dio la razón en 2018. Después de ese fallo, los dos integrantes de la CC llevaron el tema a la Corte Suprema, donde el expediente está "dormido" desde 2019.

El argumento del funcionario del tribunal es que lo que en un principio era una denuncia sólo contra Lorenzetti se terminó convirtiendo en una causal de juicio político contra el resto.

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Ahora, Marchi recusó a los supremos fundamentándose:

“Mientras yo mantengo una disputa legal contra Elisa Carrió ante estos estrados, vuestras excelencias se encuentran sometidos a un proceso de juicio político en el que mi contraparte interviene como acusador de uno y defensor acérrimo de otro”.

Lo que hizo Marchi fue dejar al descubierto los alineamientos del máximo tribunal con la oposición. Vínculo carnal que ya había quedado expuesto cuando se filtraron los chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro porteño Marcelo D'Alessandro.

Los documentos que complican a Maqueda y Rosenkrantz

La Comisión de Juicio Político del Congreso recibió dos documentos que complican a dos jueces supremos en particular, y a la Corte en general.

Por un lado, recibieron un mail donde Juan Carlos Maqueda reconoce que supervisó la Obra Social del Poder Judicial sin ninguna resolución o acto administrativo que lo designara, algo no sólo ilegal sino que confirma su responsabilidad en los desfalcos denunciados en la prestación médica de los judiciales.

Por otro, recibieron la nota donde el ex titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, había advertido que comenzaría a intervenir en causas de sus ex clientes. Algo prohibido por ley.

La existencia del mail donde Maqueda reconoce su rol en la Obra Social la reveló Lorenzetti. En la acordada 28 del 2022, donde Rosatti buscó modificar el Estatuto de la Obra Social, Lorenzetti votó en disidencia, criticó esa nueva modificación de la estructura de la prestadora médica de los judiciales y, en el considerando 8, reveló el siguiente mensaje de Maqueda:

“Desde el día de mañana, 31 de agosto de 2021, dejo de actuar en la Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; tal como se los adelantara a Uds. por zoom en reiteradas oportunidades. No presento una renuncia sujeta a aceptación porque no conozco ninguna Resolución o Acto Administrativo que me hubiera designado formalmente”.

Esto pone a Maqueda en el centro de la responsabilidad por los desmanejos y desfalcos de la Obra Social, la cual fue administrada por su sobrina durante 17 años, también sin una designación formal ni capacitación previa alguna.

Por otra parte, el documento que complica a Rosenkrantz es aquel en el que avisó que intervendría en causas de sus ex clientes, entre los que están Clarín, La Nación, La Rural, McDonald's, Quilmes, el Grupo De Narváez y el fondo Pegasus.

La Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard ya tiene ahora el documento donde Rosenkrantz alegó que ya habían pasado 5 años desde que fue designado en la Corte, y que por ello creía que podía intervenir en dichas causas y entonces no se excusaría.

Sin embargo, esto es ilegal. La ley no establece un plazo para que un juez pueda intervenir en casos de sus ex clientes. La prohibición es para siempre. El Código Procesal, en su artículo 30, no pone un plazo de tiempo para la obligación de excusarse y en el artículo 32 establece que el que no lo haga incurrirá en causal de “mal desempeño”.

Mientras avanzaba el Juicio Político, Rosenkrantz firmó más fallos que involucran a sus ex clientes. Ya suman más de 60 los expedientes donde intervino de forma ilegal.

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