El gobierno boliviano denunció un intento de golpe de Estado en medio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz y los bloqueos en las rutas del país, y aunque Milei envió un avión humanitario, la preocupación del libertario por la democracia quedó en tela de juicio por las revelaciones del “HondurasGate”.
Bolivia atraviesa su peor crisis social en años. Las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira superaron las dos semanas sin señales de acuerdo, mientras los bloqueos de rutas profundizan el desabastecimiento en La Paz y El Alto.
En ese contexto, Argentina anunció el envío de un avión Hércules C-130 para transportar alimentos al país vecino y firmó una declaración conjunta con otros siete países en respaldo al gobierno boliviano.
Sin embargo, la solidaridad del presidente Javier Milei con la democracia regional quedó bajo la lupa esta semana: audios filtrados en el marco del “HondurasGate” sugieren que el mandatario argentino habría prometido fondos para desestabilizar gobiernos de izquierda en América Latina.
En cuanto a las manifestaciones, cabe recordar que comenzaron el 1° de mayo con reclamos sectoriales y fueron escalando hasta convertirse en una huelga general por tiempo indeterminado que hoy agrupa a sindicatos, campesinos, indígenas, maestros y transportistas.
El gobierno boliviano atribuye parte de la agitación a sectores vinculados al expresidente Evo Morales y al narcotráfico, mientras la oposición y los manifestantes acusan a Paz Pereira de gobernar de espaldas a las demandas populares.
Huelga general y situación límite en Bolivia
La Central Obrera Boliviana (COB), que representa a 70 sindicatos en todo el país, lidera una huelga que acumula casi dos semanas sin resolución. Entre sus reclamos figuran un aumento salarial del 20%, la no privatización de empresas públicas y la estabilización de una economía que registra una inflación interanual del 14% a abril de 2026, la peor en cuatro décadas.
A esos reclamos se sumaron organizaciones campesinas e indígenas opuestas a la Ley 1720, que regula la conversión de pequeñas propiedades agrícolas en medianas. Varios dirigentes rurales fueron más lejos y exigieron directamente la renuncia del presidente.
Desde el lunes de la semana pasada, una columna de seguidores de Morales avanza desde Caracollo, a 188 kilómetros de La Paz, bajo el nombre de “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”, con el objetivo de llegar a la Plaza Murillo y sumarse a las protestas en la capital.
Los bloqueos se extendieron a más de una docena de puntos en el departamento de La Paz, cortando rutas hacia Oruro, Copacabana, Yungas y la frontera con Chile en Desaguadero.
El desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno hospitalario ya se siente en las ciudades. El gobierno organizó vuelos internos para mitigar la escasez, aunque la situación no se resolvió.
El operativo represivo de las fuerzas de seguridad de despejar los bloqueos el sábado derivó en 47 detenciones y al menos cinco heridos. Organizaciones campesinas denunciaron además dos muertes en los municipios de Ingavi y El Alto, algo que las autoridades oficiales niegan.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reclamó que cualquier intervención estatal respete los principios de legalidad y proporcionalidad, y renovó el llamado al diálogo.
Paz Pereira rechazó la posibilidad de renunciar y calificó las protestas como parte de un intento de “desmontar” el sistema democrático. “Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel”, advirtió durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, fue más directo y denunció un “plan macabro” financiado por el narcotráfico, señalando implícitamente a Morales. Desde su cuenta de X, el expresidente respondió:
“El gobierno y la derecha boliviana repiten desde hace tiempo que soy un cadáver político y que no tengo capacidad de movilizar a nadie. Sin embargo, me siguen culpando de todos los problemas del país”.
Javier Milei: ¿A favor o en contra de la democracia?
El canciller argentino Pablo Quirno anunció el envío del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a través de sus redes sociales. Definió la medida como “de carácter humanitario y temporal”, coordinada entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa, y precisó que fue realizada “a solicitud del gobierno boliviano”.
Junto a esa acción, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú suscribieron una declaración conjunta en la que manifestaron preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia y rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” del Estado Plurinacional.
Paz Pereira agradeció públicamente el apoyo de Milei a través de X, y el presidente argentino respondió: “Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso.”
Sin embargo, la supuesta preocupación del libertario por la democracia regional quedó en duda luego de que una investigación del Diario Red y el portal Hondurasgate.ch publicó una serie de audios que comenzaron a ser denominados como “HondurasGate”.
Las grabaciones, atribuidas al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (indultado en diciembre pasado por Donald Trump de una condena de 45 años por narcotráfico), revelarían conversaciones en las que se menciona a Milei como parte de una red orientada a desestabilizar gobiernos progresistas en la región.
En uno de los audios, la voz atribuida a Hernández afirma: “Pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con US$350 mil también”, en referencia a un fondo destinado a “extirpar el cáncer de la izquierda” en América Latina.
En otro fragmento, fechado el 30 de enero de 2026, se habla de montar “una célula informativa” en Estados Unidos para operar sin ser rastreados en Honduras, y se menciona la preparación de “expedientes contra México, Colombia y Honduras”.
El exjefe de gobierno español y director de Canal Red, Pablo Iglesias, aclaró que “la única evidencia” disponible son los propios audios y que “el resto son especulaciones“. Hasta el momento, ni el gobierno argentino ni el hondureño ofrecieron desmentidas formales detalladas.
Lo que sí quedó registrado es que, días después de la difusión de los audios, Milei y el presidente hondureño Nasry Asfura se reunieron en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, junto a figuras como la directora del FMI Kristalina Georgieva y el CEO de BlackRock Larry Fink.
