El juicio por la obra pública de Santa Cruz tiene este viernes una dura jornada mientras sube el voltaje del juicio con nuevas recusaciones que podrían tratarse en esta misma audiencia. Desde la mañana, algunas de las defensas de los imputados exponen los argumentos de recusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y también el juez Rodrigo Giménez Uriburu deberá presentar la respuesta a su recusación.
Aceptar la presentación de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, implicaría el derrumbe de toda la causa.
Los fiscales Luciani y Mola fueron recusados por un total de cinco defensas, encabezadas por la de la vicepresidenta, que lidera el abogado Carlos Beraldi, uno de los que se espera que expondrá este viernes. También lo hará Juan Villanueva, defensor del empresario y exsocio de la familia Kirchner Lázaro Báez; entre otros.
En su recusación a Luciani, la vicepresidenta también pidió el apartamiento de uno de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, Rodrigo Giménez Uriburu, por no ser “juez imparcial”. En su caso, deberá contestar por escrito, según marca el reglamento. Además, CFK solicitó la nulidad de todo lo actuado por ambos magistrados.
Las recusaciones contra Luciani y Giménez Uriburu se basan en las fotografías en las que se ve a ambos magistrados integrando el mismo equipo de fútbol y jugando un torneo que se realizó en Los Abrojos con dirigentes de Cambiemos durante 2017. La quinta es propiedad del expresidente Mauricio Macri, a quien Fernández de Kirchner atribuye la motorización del juicio en su contra en 2019.
Beraldi sostuvo en un escrito presentado este lunes que las fotografías “denotan una clara relación de amistad entre el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu”.
“Esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal”, afirmó Beraldi.
Uno de los abogados de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi adelantó en la audiencia del lunes que recusaría a Mola. La recusación en su contra sería en base a una publicación del ministro de Justicia, Martín Soria, en la que se consignó que visitó el despacho de Pablo Lanusse, entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia de Macri.
El Código Procesal Penal establece un plazo de 48 horas para que los funcionarios recusados manifiesten si aceptan o rechazan la recusación. Si Luciani, pero especialmente Giménez Uriburu, aceptaran las invocaciones de temor de falta de imparcialidad estarían tácitamente admitiendo tal hipótesis. Y, en ese caso, no sólo toda la estructura del juicio podría desmoronarse sino que ellos mismos podrían tener un problema judicial. Por lo que todo está dado para que ambos rechacen los planteos de las defensas.
Tampoco parece que vaya a prosperar la recusación contra el fiscal ayudante Sergio Mola, a raíz de su visita a la Casa Rosada para reunirse con el ex operador judicial y hoy prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en fecha concomitante con su designación. Si las visitas secretas de los jueces de la Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky al propio Macri no fueron consideradas delito ni afectación a la garantía de imparcialidad, no hay por qué suponer que la de Mola sí lo será.
En todo caso, el interrogante es de qué manera los funcionarios judiciales rechazarán las recusaciones. Todo parece indicar que el juicio seguirá adelante. Las recusaciones serán revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal y, por tratarse de un cuestionamiento a la garantía constitucional de ser juzgado por un tribunal imparcial, el tema indefectiblemente llegará a la Corte Suprema. Pero para entonces, seguramente el caso haya llegado a alguna resolución.