A 300 días de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y a la espera de que el gobierno de Javier Milei cumpla con el fallo de la Corte Suprema que ordena su aplicación, este miércoles 19 de agosto se llevará adelante un banderazo en las Universidades Nacionales de todo el país.
Se trata de una convocatoria conjunta del Frente Sindical de las Universidades Nacionales (que nuclea a los distintos sindicatos y federaciones universitarias) y las universidades representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que participan los rectores de los distintos establecimientos educativos.
En Bahía Blanca, el banderazo comenzará a las 13 horas y se llevará adelante en el playón del Complejo Alem de la UNS, ubicado en avenida Alem 1253. Desde la UNS remarcaron que “en estos 300 días que llevamos esperando que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, la universidad siguió de pie porque una comunidad la sostuvo”.
“En estos 300 días seguimos enseñando, seguimos investigando y seguimos haciendo extensión“, indicaron a través de redes sociales, al tiempo que subrayaron: “Nosotros hicimos nuestra parte. Necesitamos que el gobierno haga la suya“.
El reclamo por la Ley de financiamiento
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada en el Congreso el año pasado y, aunque luego fue vetada por el presidente Javier Milei, los legisladores volvieron a insistir con la iniciativa y rechazaron el veto en ambas cámaras.
A continuación, el Poder Judicial emitió una serie de fallos instando al Estado Nacional a cumplir con la ley. El último de ellos tuvo lugar el 25 de junio, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso del Gobierno y devolvió la ejecución de la medida cautelar al juez de primera instancia Martín Cormick, quien la había ordenado en diciembre.
Una de las estrategias del Ministerio de Capital Humano (que conduce Sandra Pettovello) para desactivar el reclamo fue impulsar un aumento salarial del 24,33%, que fue aceptado por rectores y varios sindicatos a mediados de junio.
Sin embargo, los gremios remarcaron que el aumento corresponde a la negociación paritaria salarial, un frente que corre en paralelo y que no reemplaza la obligación del Estado de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ni de cumplir la medida cautelar.
Pese a que la Corte Suprema dio la razón a las casas de altos estudios, la Universidad de Buenos Aires (UBA) luego presentó ante la Justicia una solicitud para convocar a una audiencia de conciliación entre las partes, que luego aceptó el juez Córmick (y que tendrá lugar el 21 de agosto).
Ante esta situación, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, argumentó ante el juez que existe una cautelar firme, ratificada por la Corte Suprema, y que por lo tanto “no hay nada que conciliar”, sino que corresponde exigir al Estado el cumplimiento directo de la medida.
Si bien la decisión unilateral de la UBA había generado tensiones con las otras universidades, todas las federaciones universitarias unificaron en un nuevo paro nacional el pasado 12 de agosto. En este contexto, el banderazo insiste con la posición del CIN y los sindicatos, que remarcan que no hay conciliación posible, sino que el gobierno debe cumplir la ley.
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Tensiones en la comunidad universitaria local
En el plano local, la protesta llega en un marco de malestar interno que contrasta con la foto de unidad que se plasmó en las Marchas Federales Universitarias y que hoy se buscará mostrar en el playón del Complejo Alem.
ADUNS, el gremio docente, llega al banderazo escindido de la unidad que se había logrado entre sindicatos docentes, nodocentes, autoridades y por supuesto, los propios estudiantes.
En junio, cuando rectores y la mayoría de los sindicatos universitarios aceptaron el aumento del 24,33% ofrecido por el Ministerio de Capital Humano, ADUNS rechazó el acuerdo en sintonía con su federación, Conadu Histórica. Pero no se limitó a votar en contra: acusó de “traición” al resto de las organizaciones sindicales y a los rectores, entre ellos, al propio rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega.
Lo hicieron sosteniendo que la firma del acuerdo había frenado el plan de lucha universitario y funcionado como una forma de desactivar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, algo que los hechos terminaron desmintiendo: apenas días después del acuerdo salarial, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno y ratificó la cautelar que ordena aplicar la ley, sin que la paritaria firmada alterara en nada esa decisión.
El gremio conducido por Sergio Zaninelli fue más allá y decidió incluir a la propia UNS en su demanda judicial contra el Poder Ejecutivo, en su carácter de “empleadora directa y responsable de la liquidación y pago de haberes“, buscando así forzar el pago total de la cautelar.
La maniobra tensó al máximo la relación con la conducción de la universidad: Vega calificó lo actuado como algo que “rompe la unidad de la lucha” y advirtió, en diálogo con El Ágora Digital, que de prosperar la demanda el efecto habría sido “ponerle la bandera de remate a la universidad, porque nosotros no tenemos la maquinita de hacer billetes”.
La Justicia desestimó el planteo -según explicó el Rector- porque la propia UNS ya se había presentado ante los tribunales exigiendo al Ejecutivo la garantía de los fondos, el mismo objetivo que decía perseguir ADUNS, pero apuntando los cañones adonde estaba el verdadero objetivo.
Daniel Vega: “ADUNS decide demandar a la UNS a sabiendas de que no tenemos los recursos”
Desde el gremio también reclaman al Rector que respalde públicamente la metodología de sus medidas de fuerza en las Escuelas Preuniversitarias de la UNS (EPUNS), donde este año sostuvo en más de una ocasión paros de una semana completa.
La última, significativamente, llegó después de que sólo su federación, Conadu Histórica, rechazara el acuerdo con el Ministerio de Capital Humano para recomponer un porcentaje del sueldo, sin renunciar a la aplicación de la Ley. Mientras el resto firmaba, ADUNS calificó esa postura de “genuflexa” y respondió profundizando otra semana entera de paro en las escuelas.
La medida no fue sin costo: madres y padres de alumnos del ciclo de enseñanza media de las EPUNS anunciaron que iban a radicar una denuncia penal por incumplimiento del servicio educativo, al considerar que las inasistencias docentes por adhesión a los paros no se estaban registrando. Desde el gremio, la respuesta fue desafiante: no temían a los descuentos salariales porque, aseguraron, ‘no existirán’. El tufillo político por la presencia y vocería del grupo por parte de un ex candidato libertario, con un poco memorable paso por la gestión pública no ayuda al reclamo.
Pero el problema de fondo es que no son las únicas voces dentro de la comunidad universitaria que entienden que los estudiantes ya son víctimas del desfinanciamiento de Milei, y quien realmente quiere cuidar la educación pública no puede actuar a espaldas del resto de los actores de la comunidad universitaria.
No obstante, puertas adentro de la Universidad son varios los docentes que relativizan el tono beligerante de ADUNS y su despligue real en los paros convocados en los últimos tiempos.
En ese marco, es llamativo la reducción del padrón del gremio en los últimos años. En 2022 Aduns tenía 1.172 afiliados y actualmente el número se redujo a sólo 1.041. Dentro de la comunidad universitaria hay consenso de que quienes salieron a la calle lo hicieron por el prestigio que tiene la Universidad Nación Pública y Gratuita, más que por la convocatoria de un dirigente o una autoridad universitaria.
Sin embargo, el volantazo más elocuente de quien conduce el gremio llegó en las últimas semanas, cuando ADUNS empezó a repartir las responsabilidades de otro modo: a la consigna “Milei, cumplí la ley”, dirigida a quien con una sola firma podría destrabar el financiamiento universitario, le sumó otra: “Vega, cumplí tu rol”, equiparando al Rector con el Presidente como destinatario del mismo reclamo.
Ese endurecimiento discursivo se da en un contexto previo a las elecciones del propio gremio: el 14 y 15 de octubre ADUNS renueva autoridades, y la lectura extendida es que la radicalización de Zaninelli responde menos a la disputa con Nación que a la necesidad de blindar su base de apoyo en un momento en que el padrón y la acción del gremio viene en retirada.
