El gobierno de Javier Milei anunció un acuerdo con las universidades nacionales en el que debió ceder a algunas demandas y habilitar la apertura de paritarias, pero gremios e instituciones remarcan que dista de resolver la situación salarial y presupuestaria. ¿Cómo recibieron el acuerdo en Bahía Blanca?
El gobierno de Javier Milei anunció un acuerdo con las universidades nacionales en medio de un conflicto presupuestario que ya lleva tres años y que incluyó marchas masivas, paros y una disputa judicial que aún permanece abierta por la negativa del libertario a sostener el financiamiento universitario.
El entendimiento, firmado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las principales federaciones gremiales docentes y no docentes, establece una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y mejoras en los fondos operativos de las instituciones.
El resultado, sin embargo, dista de cerrar el conflicto. Para una parte del sector universitario, el acuerdo representa una conquista parcial fruto de la movilización sostenida, que incluye la reapertura de la paritaria luego de más de dos años y la obtención de recursos concretos en un contexto de fuerte deterioro salarial.
Para otra parte, es directamente inaceptable. Algunos gremios rechazaron el acta de plano, argumentando que socava la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario N.° 27.795 (aprobada por el Congreso y aún no aplicada por el Ejecutivo) y que legitima un esquema de ajuste que esa misma ley busca revertir.
Lo cierto es que, aunque desde el Gobierno Nacional intentaron presentar el entendimiento como el cierre del conflicto, la demanda que el CIN mantiene ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de la normativa no fue retirada y todos los sectores acuerdan en la necesidad de continuar reclamando por su puesta en práctica.
Qué dice el acuerdo y qué sectores adhirieron
El acta fue suscripta el miércoles al mediodía en una reunión convocada para el 10 de junio, con la participación de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y las federaciones gremiales FEDUN, CONADU, FAGDUT, CONADUH, CTERA y UDA, junto con representantes del sector no docente.
Se trata de la primera reapertura formal de la paritaria universitaria en más de dos años. Y es que, en cuanto llegó al gobierno, Milei había decidido cerrar completamente este mecanismo y limitarse a dar aumentos a cuentagotas que en todos los casos quedaron muy por debajo de la inflación acumulada.
En materia salarial, el Ministerio de Capital Humano (a cargo de Sandra Pettovello) confirmó que el Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para incrementar la masa salarial en un 24,33% total, distribuido en dos tramos.
Habrá un aumento del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes al 31 de mayo de 2026, y un 3% adicional en octubre sobre los básicos del 30 de septiembre de 2026. El primer tramo también impactará en el cálculo del medio aguinaldo.
El acta fija además pisos salariales de referencia a partir de junio: $1.497.941,97 para dedicación exclusiva, $748.970,98 para semiexclusiva y $374.485,49 para dedicación simple, con aplicación proporcional en el nivel preuniversitario.
En términos presupuestarios, el acuerdo prevé un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, una asignación extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios, y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano destinadas a estudiantes del sistema universitario público. También se garantizan fondos de capacitación para las entidades gremiales.
En cuanto a la continuidad del proceso, el acta establece que la paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre y en adelante cada tres meses como máximo, con revisión de la variación acumulada del IPC según el INDEC y discusión sobre la recomposición del desfasaje salarial de 2024.
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“Demostramos que el Gobierno no dice la verdad”
Las organizaciones que firmaron el acuerdo lo hicieron con una posición clara: se trata de un paso adelante, pero no de una solución. Es que si bien se logró una respuesta concreta de Nación, la situación aún es crítica y la mejora no compensa el descalabro provocado por el ajuste en 2024.
El CIN lo definió como “un paso importante” que “de ninguna manera” resulta suficiente, y subrayó que la reapertura de la paritaria y la actualización salarial son “una conquista consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad universitaria”, aunque “de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos”.
Desde la FEDUN, la valoración fue similar. La federación destacó que la convocatoria a paritarias representa un avance “en un contexto económico sumamente complejo y después de 18 meses consecutivos de pérdida salarial en los que el gobierno se negó a convocarnos a paritarias”.
Al mismo tiempo, fue explícita en que el proceso no termina aquí: “La lucha sirvió, pero continúa. La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la Ley de Financiamiento Universitario, que sigue vigente, ni por la recuperación integral del salario perdido”.
Jorge Anró, de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y de APUBA, puso en perspectiva la magnitud del deterioro acumulado: “No es que con esto estamos bien ni nada que se les parezca. El poder de compra de los trabajadores perdió el 50%. Eso no lo podemos soportar”. Y agregó que:
“El retraso es muy grande, nunca hubo una pérdida salarial tan grande en la democracia”.
El paritario de CTERA, Marcelo Creta, apuntó directamente contra el argumento fiscal del Gobierno: “Demostramos que el Gobierno no dice la verdad cuando marcan que no hay plata. Esto no afecta la situación fiscal, como quieren argumentar. Está el dinero para pagar y es una decisión política”.
También denunció que durante las negociaciones la administración libertaria intentó presionar a rectores y gremios para que retiraran la cautelar ante la Corte Suprema: “Intentaron extorsionar porque les pidieron a los rectores y los gremios que quiten la cautelar en la Corte Suprema, lo cual fue rechazado por las organizaciones”.
Desde el Ejecutivo, en tanto, la postura sostenida es que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario compromete el equilibrio fiscal y que la norma no establece una fuente específica de recursos.
En ese marco, el Gobierno apeló resoluciones judiciales adversas y avanzó con medidas administrativas para frenar su implementación. La Corte Suprema, que recibió el planteo del CIN, aún no fijó fecha para pronunciarse.
El acuerdo tampoco satisface plenamente el parámetro que establece la propia ley: según señalaron gremios y federaciones, la norma implicaría una recomposición del orden del 51%, más del doble de lo acordado.
En ese sentido, el entendimiento alcanzado cubre parte de la inflación de 2025 y 2026 y reconoce de forma parcial la pérdida de 2024, pero no cierra la brecha generada desde el inicio de la gestión de Milei.
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Bahía Blanca: tres posiciones ante el mismo acuerdo
En la Universidad Nacional del Sur (UNS), el acuerdo fue recibido de formas diversas por los distintos sectores. Mientras que la institución aseguró que brindará un alivio a la situación y el sindicato SUDUNS que es un paso en la dirección correcta, ADUNS rechazó de plano el acuerdo y convocó a continuar con las medidas de fuerza.
La vicerrectora de la UNS, Andrea Castellano, evaluó el acuerdo de forma positiva y destacó que la recomposición del 24,33% permite cubrir la inflación de 2025 y 2026 y recuperar parte de lo perdido en 2024.
“Lo vemos con buenos ojos. Va a traer mucho alivio, sobre todo a los trabajadores universitarios”, afirmó, aunque aclaró que el entendimiento no cubre la totalidad de los reclamos enmarcados en la Ley de Financiamiento Universitario.
Castellano confirmó que la demanda ante la Corte Suprema no será retirada y consideró que el acuerdo puede interpretarse como el inicio de una negociación más amplia.
En cuanto a la situación específica de la UNS, señaló que los nuevos recursos permitirán acercarse a los niveles de actividad del año anterior, aunque los incrementos previstos para 2026 no alcanzaban a cubrir el impacto de la inflación acumulada.
También mencionó que la universidad aún enfrenta las consecuencias de la inundación que afectó a Bahía Blanca, con daños que los fondos recibidos hasta el momento no alcanzan a cubrir en su totalidad.
Distinta fue la posición de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS). En una asamblea que reunió a más de 115 docentes en forma presencial y virtual, el gremio rechazó el acuerdo por unanimidad al considerarlo “absolutamente insuficiente”.
Para ADUNS, el problema va más allá de los números: “El acuerdo directamente desconoce la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, la misma por la que hace menos de un mes marchamos casi dos millones de personas en todo el país”.
La organización repudió tanto al CIN como a las federaciones firmantes, acusándolos de haber “convalidado una estafa política y social“: “La sociedad confió en que defenderían a una Universidad pública que viene siendo agredida de manera sistemática, y en lugar de eso eligieron avalar un pacto que profundiza el ajuste y debilita nuestra capacidad de defensa”.
Según ADUNS, con este acuerdo “la Ley queda desprotegida y debilitada frente a la justicia, que todavía debe fallar para garantizar su plena ejecución. No hay nada para festejar y mucho menos en nuestro nombre”.
En consecuencia, el gremio ratificó el paro nacional convocado por la CONADU Histórica para la semana del 16 al 20 de junio y convocó para el miércoles 17 de junio a las 16 horas a una asamblea interclaustros en el hall del Rectorado de la UNS, para luego asistir a las 18 horas al plenario del Consejo Superior Universitario.
Por su parte, Alejandro Bucciarelli, secretario general del Sindicato Unido Docente de la Universidad Nacional del Sur (SUDUNS) y secretario de Ciencia y Tecnología de la CGT Regional Bahía Blanca, describió el acuerdo como una instancia que debe entenderse en contexto.
“Se trata de una instancia que debe valorarse en su justa dimensión: como un avance concreto que permite recomponer parcialmente el salario y reabrir un canal de negociación, pero al mismo tiempo como una medida insuficiente frente a la pérdida acumulada, que exige sostener la organización, el seguimiento y la continuidad del reclamo”, señaló.
Bucciarelli, también subsecretario de Formación Profesional de FEDUN, resaltó además que sin la firma del acta el conflicto habría quedado enteramente librado a los tiempos de la Corte Suprema, sin garantías de plazos ni de ejecución de una mejora salarial concreta.
En sus palabras, el acuerdo “no implica el cierre de las negociaciones ni de los reclamos de fondo“, sino “la apertura de un puente de recomposición parcial mientras continúa la discusión estructural y la vía judicial en curso”. También señaló que:
“La representación sindical tiene la responsabilidad de sostener la unidad de todos los sectores del sistema universitario, garantizar el seguimiento permanente de la negociación y mantener las medidas de visibilización y acción colectiva, en paralelo a un diálogo institucional que permita sostener la defensa del salario y de la universidad pública“.
En Bahía Blanca, CONADU Histórica tampoco aceptó el acuerdo. Patricio Grande, integrante de la Mesa Ejecutiva del sindicato dijo en Pulso Informativo que “no hay nada que festejar, el único que lo hace es el gobierno”.
Consideró que “esto se firmó de forma extorsiva, apresurada y sin consulta por eso el repudio es tan grande”. Además, adelantó que “mañana llevaremos a un congreso, como sindicato de base, un pedido para que no se cierre el conflicto hasta que el Estado cumpla con la ley, no se puede negociar, tiene que cumplirse tal cual como fue votada”.
“Nos parece que esto es una tomada de pelo, es muy favorable a los intereses del Ejecutivo. El argumento de los rectores es que había una urgencia pero esto va mucho más allá, acá hay una tregua política a costa del desfinanciamiento del sistema”, agregó.
