Una de las dos camionetas que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad y que fueron usadas para pegar los carteles ofensivos contra Cristina Fernández de Kirchner pertenece a la empresa Geovías S.A., que se dedica al alquiler de vehículos. En tres causas judiciales distintas se está tratando de averiguar quién alquiló la Fiat Fiorino, patente LGY 025 o si la camioneta fue entregada por esa empresa para realizar el trabajo de injurias contra la Vicepresidenta.
La camioneta Fiat Fiorino patente LGY 025, que aparece en imagen, es uno de los vehículos usados para la pegatina de carteles injuriosos contra Cristina Fernández de Kirchner.
La Fiorino entró a CABA por la Autopista del Oeste, ya con los carteles cargados, y las cámaras la ubicaron luego en el centro porteño. En esa zona pegaron entre 300 y 500 afiches, bien confeccionados y, muy posiblemente, impresos también en zona Oeste.
La pegatina se hizo en carteleras propiedad de las tres empresas que tienen la concesión y todo indica que los mismos que concretaron la operación luego llamaron a los medios para que tomen imágenes y le den repercusión en los canales de televisión.
Los investigadores sostienen que en pocas horas van a poder establecer el lugar de impresión, porque no son muchas las imprentas que puedan hacer este tipo de trabajo.
Por ahora, todo indica que “mano de obra barata”, al estilo de barras bravas de fútbol, fueron los contratados para hacer el trabajo sucio. Habrá que ver si la justicia logra dar con quién puso en marcha la operación que claramente tuvo el objetivo de incentivar rupturas y violencias dentro del Frente de Todos. Según creen en la alianza oficialista se trata de alguien ajeno al Frente oficialista.
El caso de los carteles ya se investiga en tres causas judiciales. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presentó en Comodoro Py porque considera que hubo una agresión a los tres poderes del estado, es decir que se trata de un hecho de alcance federal. El expediente recayó en el juez Daniel Rafecas.
El ministerio público porteño, que encabeza Juan Mahiques, actuó de oficio y la causa -impulsada por el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Dalessandro– recayó en el fiscal Mauro Tereszko. En este expediente es que se detectaron, a través de las cámaras de seguridad, los movimientos de las dos camionetas.
El tercer expediente surge de la denuncia realizada por José Pepe Albistur, titular de Grupo Al Sur, que tiene la concesión de carteleras en la Ciudad de Buenos Aires. El empresario, muy cercano al presidente Alberto Fernández, alegará que una parte de los carteles se pegaron por encima de los afiches de sus carteleras, pero a lo que se apunta es a delitos que de alguna manera incentivan la violencia contra la democracia.
