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viernes, abril 12, 2024

Vuelven a citar a las asesoras de Milman mientras la IGJ investiga su "sociedad pantalla"

La justicia federal volvió a citar como testigos a las dos asesoras del diputado PRO Gerardo Milman que lo acompañaron el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando habría hecho referencias al atentado contra CFK que ocurriría dos días después. La IGJ detectó irregularidades en operaciones comerciales del entorno del legislador. Por otro lado, investigan un sospechoso episodio ocurrido en Córdoba, horas antes del ataque.

Las asesoras de Milman bajo la lupa

El fiscal federal Carlos Rívolo -quien se encuentra al frente de la investigación desde la semana pasada por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti- activó la investigación.

Rívolo ya escuchó la testimonial diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, jefe del testigo que dijo haber escuchado al diputado opositor decir 48 horas del ataque a Cristina Fernández Kirchner: “cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”.

Cleri ratificó todo lo dicho previamente, y presentó los mensajes que le envió su asesor, confirmando su versión.

Ahora, el fiscal federal escuchará este miércoles vía Zoom -por encontrarse en el extranjero- al diputado nacional Mario Leito, quien también estaba en el bar Casablanca en ese momento.

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El fiscal pretendía también escuchar nuevamente al testigo asesor de Cleri. Sin embargo, habría sufrido un ACV la semana pasada que no le provocó graves secuelas pero que lo obligó a recuperarse en su casa.

De esta forma, Rívolo sigue los pasos marcados por Capuchetti y la Cámara Federal porteña, que el viernes pasado puso una serie de obstáculos hasta llegar a las asesoras de Milman, las apuntadas por la querella de CFK.

Para los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, el pedido de Cristina para secuestrar los celulares de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz -las asesoras que acompañaron a Milman a Casablanca- es una medida procedente pero que antes debían llevarse a cabo otras, que tenían que ver con declaraciones testimoniales.

Gómez Mónaco y Bohdziewicz fueron citadas a declarar nuevamente como testigos para este jueves.

En la anterior (y primera) declaración que ofrecieron, las asesoras mintieron y se contradijeron a la hora de reconocer que estuvieron en la confitería, cuándo sucedió el encuentro, y ambas negaron que la frase alusiva al atentado haya existido.

La sociedad "pantalla" de Milman y sus empleados

Al tiempo que se volverá a tomar declaración a las asesoras, las mismas son investigadas en una causa paralela por malversación de fondos y lavado de activos.

La Inspección General de Justicia (IGJ) constató más de una decena de ilícitos en una sociedad creada en 2017 -pleno gobierno de Cambiemos- por dos empleados de Milman, contando con recursos provenientes del Ministerio de Seguridad.

Para el organismo, existen “graves, precisas y concordantes presunciones de que se trata de una sociedad simulada” o “pantalla”, detrás de la cual estaría el legislador del PRO.

En septiembre del 2017, Carolina Gómez Mónaco, la exmiss Argentina 2012 que trabaja con el diputado, constituyó una Sociedad de Acciones Simplificadas llamada Salvattore Group, que resultó ser un centro de belleza, junto con otro empleado de Milman, Fernando Daga.

Un día después, Gómez Mónaco fue nombrada al frente de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito del Ministerio de Seguridad que manejaban Patricia Bullrich y Milman, y a su hermana se le dio un cargo para administrar los fondos reservados y ordinarios.

La resolución de la IGJ señala que la coincidencia temporal “motivó una fundada sospecha sobre los orígenes de los fondos utilizados por (...) Gómez Mónaco para abrir ese emprendimiento, pues mientras lo ‘asesoraba’ a Milman y su hermana Daniela ‘manejaba fondos’ de los cuales no había que dar mayormente explicaciones o rendir cuentas, aquella puso en marcha en la Avenida Corrientes 1135 Luxa Estética, dedicada a tratamientos de modelación corporal que luego empezó a facturar como Luxa Models (...)”.

La primera cuestión que observa el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, es que las llamadas SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas) fueron una modalidad societaria inventada por el gobierno de Mauricio Macri, que permitía abrir una sociedad en 24 horas sin grandes requisitos ni control de legalidad.

Supuestamente era para promover emprendimientos, pero en verdad se usaron para crear sociedades fantasma en reemplazo de las off shore.

La lista de irregularidades de Salvattore Group es por demás extensa:

La sociedad fue inscripta el 27 de septiembre de 2017, sin embargo sus operaciones sociales en los papeles comenzaron el 30 de junio de 2019, con lo cual todo indica que se buscó evitar controles. Los socios son Gómez Mónaco y Daga.

La sociedad se conformó con 31 objetos sociales distintos, es decir, declarando realizar toda clase de actividades. Entre la insólita lista se incluyen:

  • Importación y exportación (sin declarar de qué productos);
  • Servicios relacionados con actividades agropecuarias, avícolas, ganaderas, tamberas, vitivinícolas;
  • Comunicación sobre espectáculos, editoriales y gráficas;
  • Actividades culturales educativas;
  • Desarrollo de tecnología;
  • Investigación innovación;
  • Actividades inmobiliarias y de la construcción;
  • Actividades gastronómicas;
  • Actividades petroleras;
  • Actividades gasíferas;
  • Actividades de salud;
  • Transporte.

Un objeto social tan amplio, dice la IGJ, “no cumple con el principio de especialidad previsto en el código unificado y mal puede ser considerado persona jurídica”.

Salvattore Group empezó con un capital social de 17.720 pesos, 25 % en efectivo. Se integró solo con 4.430 pesos, pero gastó más y quedó con patrimonio negativo de 1.035 pesos. Esto violaría el Código Civil y Comercial.

El domicilio declarado no coincidía con el real. Si bien era en Corrientes 1135, figuraba como piso 1, pero era en el subsuelo.

Nunca presentó libros contables, hasta que fue intimada a comienzo de mes, cuando tampoco presentó todo. Entregó los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2018 y un año después, pero no entregó los de 2020, 2021 y 2022. Tampoco presentó libros de actas, balances, registro de acciones, asambleas, reuniones de socios, ni cambio de autoridades.

La sociedad no tuvo actividad comercial en los ejercicios cerrados en 2018 y 2019, ni ingresos ni gastos operativos. Aparece el pago de un alquiler, aunque según los estados contables los alquileres abonados fueron condonados el 30 de junio de 2019.

La sociedad no tiene cuentas bancarias ni dinero en caja, no registra ventas y solo contabiliza el pago de alquileres en cuestión.

El patrimonio neto es de 12.090 pesos y le debe 60 mil pesos a Gómez Mónaco.

Ante la falta de balances, cuando fueron a consultar al sistema Nosis, los especialistas de la IGJ encontraron que, pese a no tener actividad registrada en libros, la facturación anual oscilaba entre 10.050.385 y 50.251.921 pesos.

"Cristina presa o muerta"

Mientras la querella pone el foco de la investigación en Milman, a raíz de sus comentarios en Casablanca, un nuevo hecho de similares características se sumó al expediente.

Más precisamente en un bar de la ciudad de Córdoba, un testigo asegura haber escuchado una conversación en la que se habrían referido al atentado contra la Vicepresidenta.

El episodio ocurrió el mismo 1 de septiembre -día del atentado-, a las 10:45 horas. Un ocasional cliente en un bar escuchó una conversación por parte de dos personas sentadas en una mesa, en particular de uno de ellos que hablaba por teléfono.

El testigo afirma haber escuchado las siguientes frases:

  • "Vas a tener noticias. Ya vas a ver qué le va a pasar a esa hdp…
  • La primera vez será una advertencia. Todo depende de qué haga la Justicia. Después vendrá la acción de verdad.
  • Cristina Kirchner afecta los intereses del país. Hemos estado con gente de la embajada de Estados Unidos y ella molesta.
  • La decisión es presa o muerta".

No solo habrían existido referencias a la vicepresidenta. También a autoridades de la Provincia de Córdoba.

El interlocutor (que no hablaba por teléfono) insultó en repetidas ocasiones al gobernador, Juan Schiaretti, y sobre él decía: “Se está terminando la paciencia”.

El mismo personaje habría denigrado a la senadora nacional Alejandra Vigo en su calidad de mujer.

El diálogo que se escuchó en el bar de Córdoba sucedió 10 horas antes del atentado, el mismo día.

El dato está incorporado en un expediente reservado, dentro de la causa por el intento de magnicidio, que instruye (aún) Capuchetti y Rívolo.

Los testimonios de lo ocurrido en Córdoba fueron tomados en los tribunales federales del Parque Sarmiento, a partir de un cuestionario enviado por Capuchetti.

No obstante, los testigos podrían ser convocados a Buenos Aires para ratificar su declaración. Además, existirían mensajes enviados minutos después de que escucharon la conversación que podrían acreditar sus dichos.

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