Martín Soria juraría recién el viernes 26 como ministro de Justicia, tres días después de aceptarse su renuncia como diputado, pero en sus primeras apariciones públicas dejó claro dónde tiene la mira puesta: la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, que hace casi cuatro años está a cargo en forma interina de Eduardo Casal.
Si algo enfrentó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la ya ex ministra Marcela Losardo fue su decisión de no ir de frente contra las cabezas de la Corporación Judicial.
Hasta soportó desafíos directos, como cuando hace un mes Losardo firmó un acuerdo de cooperación con el camarista Javier Leal de Ibarra, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco).
Poco le importó que el 30 de diciembre la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, había presentado un informe que responsabiliza a la oficina de escuchas que funcionó en esa dependencia desde 2016 de fabricar pruebas para empujar causas judiciales contra la vicepresidenta.
El presidente era Martín Irurzun, el camarista que patentó la doctrina para detener ex funcionarios por su “poder residual“. En su primera declaración, Soria le achacó a la Corte haberlo protegido y anticipó que pedirá explicaciones.
Con respecto a Casal, tiene la intención de empujar la reforma del Ministerio Público que aprobó en noviembre el Senado y Diputados nunca trató porque faltan 7 votos y Losardo no estuvo muy interesada en buscarlos.
Ni siquiera se movió por la reforma de la justicia federal que envió ella misma para multiplicar los juzgados en todo el país y habilitar subrogancias anuales en oficinas vacantes. Fue aprobada en el Senado en septiembre y también cajoneada en la Cámara baja, sin una sola manifestación pública de Losardo.
En noviembre, los referentes del bloque oficialista le propusieron evaluar retoques propuestos por los bloques aliados, pero no aceptó.
Tanto fue su silencio que hasta se rebelaron los socios de siempre que tiene el oficialismo, como los tres diputados por Misiones y el rionegrino Luis Di Giácomo. Este último entró en rebeldía junto al senador Alberto Weretilneck, por su enfrentamiento local con Soria.
Y los cuatro diputados por Córdoba, claves para llegar a la mayoría, se mantuvieron firmes en no tratar ninguna ley judicial mientras dure la pandemia, porque entienden que no sería prioridad.
Necesitado de fondos para cubrir su eterno déficit previsional, el gobernador Juan Schiaretti compensó con ayudas para otras urgencias del Gobierno como la moratoria, la quita de la coparticipación a la ciudad y el cambio de la fórmula de actualización jubilatoria, sancionado en diciembre.
Uno de los ejes de Soria será cambiar el orden de prioridades de estas negociaciones. “Algunos proyectos se están por destrabar. El presidente está dispuesto a hacer las correcciones que hagan falta“, anunció el ministro designado.
Un legislador oficialista que batalló por estas leyes cree que si no salieron, es porque el presidente no puso el pie en el acelerador. “Lo que Alberto nunca entendió es que no hay sentido en festejar una reforma previsional si la Corte te la anula con una firma. O un fiscal te la objeta con el argumento que elija y no lo podes recusar. No hay Gobierno posible si no cambia eso“.
A ese objetivo se suma el de desmenuzar las causas contra la vicepresidenta para hallar irregularidades y que se caigan solas.
El costo de especular con los votos en el Congreso puede ser alto. Además de jubilar a Casal (está en edad de abandonar el cargo y así se lo hizo saber Anses) la reforma deja a su reemplazante sin su poder de fuego, tanto que Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández a ocupar el cargo, anticipó que podría retirar su postulación si esas son las reglas de juego.
Es que de sancionarse esa ley los jefes del Ministerio Público dejarán de surgir de un acuerdo con la oposición porque alcanzará para nombrarlo con la mayoría simple del oficialismo en el Senado.
Y no podrán manejar a gusto los procesos contra los fiscales como hace Casal, que nunca inició un jury contra Carlos Stornelli, fiscal del lawfare, pese a que llegó a ser procesado por espionaje ilegal y faltó nueve veces a declarar.
Con los jueces de la Corte Suprema la relación de la Vicepresidenta no puede ser peor y como no son interinos, desplazarlos no es posible sin los votos de Cambiemos en el Congreso.
Soria, en su primera entrevista televisiva, anticipó que les pedirá una audiencia para saber qué opinan de algunos temas, como la escasa participación de mujeres en la justicia y la visita del camarista Gustavo Hornos al despacho de Mauricio Macri, cuando era presidente.
El plan legislativo es diluir a los jueces en una Corte más grande y presionarlos para que den un paso al costado y eviten duras acusaciones por las irregularidades en la oficina de escuchas.
Al informe específico, la bicameral sumará uno sobre su balance de gestión, que presentará a fin de mes. El más apuntado es Ricardo Lorenzetti, porque era el presidente de la Corte y por lo tanto administraba el polémico sistema para intervenir comunicaciones. No descartan denuncias penales.
Leopoldo Moreau ya anticipó su idea de presentar un proyecto para ampliar la composición de la Corte y así restarle poder a sus actuales integrantes. La iniciativa, aún en ciernes, incorporaría la paridad de género para que ingresen mujeres, sobre todo si, como esperan, acepta jubilarse Elena Highton de Nolasco.
