El gobierno de Javier Milei busca aprobar el Súper RIGI en la Cámara de Diputados, recuperar la agenda política en medio del escándalo de Manuel Adorni y dejarle claro a Sillicon Valley que está dispuesto a todo para facilitar su ingreso al país.
Este miércoles al mediodía sesionará la Cámara de Diputados, donde el Gobierno de Javier Milei pretende darle media sanción al “Súper RIGI” y recuperar la iniciativa luego de haber neutralizado el pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La convocatoria llega un día después de que el oficialismo, con el respaldo de sus aliados, lograra que no se reuniera el quórum necesario para tratar en el recinto los proyectos de interpelación y moción de censura impulsados por la oposición contra el funcionario.
La sesión fue formalizada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja a partir de un pedido presentado por el diputado Gabriel Bornoroni junto a otros legisladores del oficialismo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado “Súper RIGI”, ocupa el lugar central del orden del día.
Según el oficialismo, la iniciativa busca atraer inversiones en sectores que el proyecto define como “industrias del futuro”, una categoría amplia que incluye fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables, semiconductores y desarrollos vinculados a minerales críticos y uranio.
Para acceder a sus beneficios, los proyectos deberán acreditar un piso de inversión de 1.000 millones de dólares, cifra que quintuplica el umbral de 200 millones exigido por el RIGI original. A cambio, la normativa otorga numerosas exenciones de impuestos, facilidades y beneficios a las empresas, incluso mayores a los del RIGI.
A cambio, el régimen ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, además de un conjunto de beneficios tributarios: una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias (frente al 35% del régimen general), amortización acelerada de inversiones en bienes y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
También contempla arancel cero para importaciones, la eliminación de derechos de exportación, un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que adhieran y la prohibición de que los municipios cobren tasas calculadas directamente sobre las ventas. En materia cambiaria, prevé una liberación progresiva de las divisas de exportación, que llega al 100% a partir del tercer año.
A diferencia del RIGI, que tenía una vigencia de dos años con una prórroga adicional ya utilizada, el Súper RIGI se extiende por cinco años, con una prórroga posible. El proyecto obtuvo 61 firmas la semana pasada en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, con el respaldo de los bloques aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.
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La Libertad Avanza llega confiado a la sesión
En el bloque de La Libertad Avanza se mostraban confiados en alcanzar el quórum y los votos necesarios para aprobar ambos proyectos. Durante el debate en comisiones, la iniciativa sumó el respaldo de PRO, UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo (San Juan), lo que permitiría reunir al menos 130 votos.
Según pudo saberse, el acuerdo que el martes evitó la sesión por la interpelación a Adorni incluyó el compromiso de esos mismos aliados de acompañar la agenda oficialista, tal como ocurrió en el debate en comisión.
La sesión tendrá además una particularidad: será la última participación del diputado Adrián Ravier, designado como nuevo vocero presidencial en medio del escándalo patrimonial de Adorni.
En el oficialismo evaluaban distintos escenarios ante la eventual renuncia de Ravier, dado que su voto resulta necesario para el quórum, por lo que no se descartaba que continuara como diputado hasta la votación de todos los proyectos del temario.
Pese al respaldo logrado en comisiones, persiste la posibilidad de que la oposición (Unión por la Patria, la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas y la izquierda) intente plantear durante el debate una cuestión de privilegio vinculada al jefe de Gabinete, cuyo caso volverá a tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 30 de junio.
Junto al Súper RIGI, los diputados tratarán la ratificación de los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado argentino con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, dos grupos de acreedores que quedaron fuera de los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016 tras el default de 2001.
El acuerdo ya cuenta con media sanción del Senado y contempla un desembolso total de 171 millones de dólares: 67 millones para Bainbridge y 104 millones para el grupo liderado por Attestor.
La aprobación debe concretarse antes del 30 de junio, plazo fijado en la negociación judicial tramitada en Estados Unidos, y su sanción habilitaría el levantamiento de medidas cautelares sobre activos argentinos en el exterior, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
El temario incluye además acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición y la evasión fiscal con Francia, un convenio con Italia para combatir la pesca ilegal y entendimientos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.
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La UIA pidió mayor participación de la industria local
La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó observaciones al proyecto durante la reunión mensual de su Junta Directiva. Su presidente, Martín Rappallini, sostuvo que “si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío de fondo sigue siendo mejorar las condiciones bajo las que opera el conjunto de la industria”.
La entidad reclamó que el régimen incorpore una mayor participación de proveedores locales en las inversiones que se realicen. Entre sus propuestas, presentadas ante la Comisión de Industria de Diputados, figura replicar el requisito de inversión mínima del 20% ya previsto en el RIGI original, pero aplicado de manera exclusiva a bienes con valor agregado nacional.
También planteó establecer esquemas de integración progresiva de proveedores argentinos a medida que avancen las etapas de cada proyecto, y mecanismos para verificar junto al sector privado la existencia de oferta local en condiciones competitivas de precio y calidad.
La UIA presentó además un informe sobre la presión tributaria, en el que advirtió que miles de pymes están en riesgo por el peso combinado de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Según ese informe, la industria concentra el 27% de la recaudación tributaria nacional y compite con países de carga impositiva sensiblemente menor.
El Centro de Estudios de la UIA (CEU) difundió también datos sobre la actividad manufacturera, que cayó 0,8% interanual en mayo, con retrocesos más marcados en la industria automotriz (-21%), la metalmecánica (-5%) y el sector de bebidas (-14%).
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Las advertencias de especialistas sobre el Súper RIGI
La consultora Fundar elaboró un informe en el que señaló que el Súper RIGI reproduce y profundiza la lógica del RIGI original, en la medida en que ambos regímenes establecen beneficios diferenciales para sectores específicos elegidos por el Estado, con la diferencia de que el nuevo esquema se aplicaría también a actividades que todavía no existen en el país.
Según el informe, las concesiones tributarias del Súper RIGI son más amplias que las del régimen anterior en varios puntos:
- La alícuota de Ganancias baja al 15% (contra el 25% del RIGI)
- Las retenciones a la exportación son nulas desde el primer día (en el RIGI recién al tercer año)
- Los derechos de importación se eliminan para todos los bienes vinculados al proyecto (en el RIGI solo para bienes de capital y sus partes)
- Se incorpora una reducción de contribuciones patronales al 10% para los nuevos empleos, beneficio que no estaba contemplado en el esquema previo.
El informe también detalla que los dividendos tributarán 3,5% desde el cuarto año (en el RIGI, desde el séptimo) y que la amortización acelerada permite descontar el 60% de la inversión en el primer año, mientras que el régimen general distribuye esa deducción entre cinco y diez años.
Fundar también comparó el esquema de liquidación de divisas: mientras el RIGI alcanza el 100% de libre disponibilidad recién en el cuarto año, el Súper RIGI llega a ese porcentaje desde el tercero, y elimina por completo la obligación de liquidar en el mercado oficial los ingresos de capital y deuda externa, exigencia que el RIGI sí mantiene con excepciones acotadas.
En cuanto a los proveedores locales, el informe remarca que el proyecto representa un retroceso respecto del propio RIGI. La Ley 27.742 exige un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales con un compromiso mínimo del 20% de contratación nacional en bienes y obras, tanto en construcción como en operación.
El Súper RIGI elimina ese requisito y solo exige informar el nivel de integración local alcanzado. El artículo 55 del proyecto impide al Estado exigir al inversor la compra de insumos nacionales cuando exista una alternativa importada de menor costo, y el artículo 4° excluye de los beneficios a las ampliaciones de plantas industriales ya existentes.
Como conclusión, Fundar advirtió sobre la combinación de beneficios tributarios y cambiarios podría derivar en inversiones que no generen recaudación significativa, no aporten divisas al mercado local y no impulsen el desarrollo de proveedores, dado que el proyecto, según el informe, no establece contrapartidas productivas para los sectores que accedan al régimen.
