El Gobierno de Javier Milei renunciará a unos 1.395 millones de dólares de recaudación por las concesiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que aunque buscaba atraer capitales extranjeros tiene a la estatal YPF como principal inversor.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) le costará al Estado entre 786 y 1.395 millones de dólares anuales en concepto de renuncia fiscal, según el nivel de exportaciones que alcancen los proyectos adheridos.
Al mismo tiempo, el estudio concluye que al menos la mitad de esas iniciativas ya estaban en marcha antes de la creación del régimen, y que YPF, la petrolera de mayoría estatal, concentra más del 68% de las inversiones comprometidas.
Parece que los resultados de la normativa no alcanzan para dinamizar la economía, porque el presidente Javier Milei anunció recientemente el lanzamiento de un “Super RIGI” con beneficios aún más amplios, lo que implicaría una reducción adicional de la recaudación destinada a financiar servicios públicos.
El costo del Super RIGI para los argentinos
El componente que más pesa en la ecuación fiscal es la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para las empresas adheridas al régimen, una diferencia que representa 545 millones de dólares anuales en el escenario base.
A esto se suman 430 millones anuales durante la fase de construcción (prevista entre 2025 y 2028) por la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital y la devolución anticipada del IVA.
Las retenciones resignadas a las exportaciones agregan otros 107 millones por año, con impacto principal en los sectores de litio y plata. Si se incorporan los beneficios cambiarios y el costo de la estabilidad fiscal comprometida, el rango total podría llegar incluso a 1.900 millones de dólares anuales.
En ese contexto, Milei anunció a través de su cuenta en la red social X que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear el Super RIGI, al que calificó como “una Mega Bomba“.
La nueva normativa extendería los beneficios a sectores hasta ahora no contemplados (como datacenters, agroforestación y tecnología) y reduciría la alícuota de Ganancias hasta el 15%, diez puntos por debajo del ya reducido piso del RIGI vigente.
Días después del anuncio, Peter Thiel, cofundador de Palantir y conocido por su interés en el acceso a recursos naturales estratégicos, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo.
La mitad de los proyectos ya estaba anunciado
Hasta la fecha de elaboración del informe, el RIGI tenía 12 proyectos aprobados por un total de 26.680 millones de dólares, con proyecciones de exportaciones anuales por 28.141 millones.
Los sectores representados incluyen minería, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL), energía renovable y siderurgia. Los proyectos en trámite suman otros 16, con una inversión potencial de 36.259 millones adicionales.
Sin embargo, el informe del CEPA identificó que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya tenían anuncios públicos, estudios avanzados o inversiones ejecutadas antes de la sanción de la ley:
- Galán Lithium había comunicado en diciembre de 2023 que comenzaría a producir cloruro de litio en Catamarca al año siguiente.
- El parque solar El Quemado, de YPF Luz en Mendoza, fue presentado en noviembre de ese mismo año.
- El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) fue anunciado en octubre de 2023.
- El proyecto de Rincón de Litio, de Río Tinto, también data de ese año.
- AbraSilver, titular de Diablillos, ya había invertido más de 25 millones de dólares y completado más de 60.000 metros de perforación.
- Los Azules, de McEwen Copper, contaba con un Informe de Impacto Ambiental aprobado con anterioridad.
Paradójicamente, YPF se perfila como el actor central del régimen. La empresa, cuya mayoría accionaria pertenece al Estado nacional, tiene participación directa o protagónica en proyectos que concentran 18.267 de los 26.679 millones de dólares comprometidos, equivalente al 68,5% del total.
Entre sus iniciativas figuran el parque solar El Quemado (211 millones), el oleoducto VMOS (2.900 millones) y el proyecto de licuefacción de GNL (15.156 millones), este último reducido fuertemente en escala luego de que Milei decidiera impedir que fuera emplazado en Bahía Blanca.
A eso se sumó, recientemente, el anuncio del proyecto LLL Oil, una inversión de 25.000 millones de dólares orientada íntegramente a la exportación de petróleo, con una producción esperada de 240.000 barriles diarios a partir de 2032.
En cuanto al empleo, los proyectos aprobados proyectan más de 44.000 puestos de trabajo directos e indirectos, aunque la mayoría corresponde a la fase de construcción. Una vez operativos, estos sectores funcionan con alta tecnología y dotaciones reducidas de personal permanente.
