El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: La aprobación se logró pese a los intentos iniciales del gobierno de Javier Milei de recortar los alcances de la Ley de Emergencia que esta normativa viene a reemplazar.
El Senado sancionó por unanimidad este jueves la nueva Ley de Discapacidad, que reemplaza el régimen de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre. La aprobación se logró pese a los intentos iniciales del Gobierno de Javier Milei de recortar los alcances de la ley de emergencia, a la que el nuevo texto viene a reemplazar.
Se obtuvieron 71 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones. Solo faltó la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, por hacer uso de su licencia por maternidad.
Las tensiones detrás del proyecto
El proyecto llegó desde Diputados con 237 votos a favor y el Senado lo aprobó sin modificaciones. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, firmó el dictamen tal como vino de la otra cámara, aunque sectores del Gobierno le pedían lo contrario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó hasta último momento que se introdujeran cambios. Según se informó, Bullrich ni siquiera abrió la carpeta con las modificaciones que él le envió, a sabiendas de que cualquier intento de ajustar el texto complicaría su sanción.
Es que, si se aprobara con cambios, tendría que volver a la cámara baja, aunque también existía la posibilidad de que varios legisladores le retiraran su apoyo. Desde el entorno de la senadora lo explicaron así a Perfil: “Que junte los votos él, si no hay margen para que salga con cambios, vino de diputados con más de 230 votos“.
Por otro lado, también es cierto que el gobierno de Milei incluyó en su proyecto de Presupuesto 2027 una alternativa a la ley de Emergencia que sostenía el ajuste y evitaba negociar una normativa específica para Discapacidad.
Sin embargo, el rechazo generalizado de la sociedad, la oposición e incluso de la propia Bullrich, terminó obligando a La Libertad Avanza a eliminar los artículos 36 al 41 en el dictamen de Presupuesto de Diputados.
La resistencia de Casa Rosada no es una novedad. Milei ya había vetado la ley de emergencia 27.793 en 2025. El Congreso luego rechazó ese veto en ambas cámaras y el Gobierno aplicó la norma recién en febrero, tras un fallo de la justicia federal de Campana.
Ahora el Poder Ejecutivo deberá reglamentar y cumplir la ley. Un nuevo veto luce complicado: el respaldo en ambas cámaras hace difícil reunir los apoyos para sostenerlo, y pondría en una encrucijada a los legisladores libertarios que encabezaron las negociaciones.
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Los discursos en el recinto
Bullrich defendió el acuerdo: “Estamos saliendo de una emergencia, a pocos días de diciembre y generando certeza”. En medio de su maniobra para diferenciarse del ajuste que impulsa Casa Rosada, reconoció las dificultades que atravesaron las personas con discapacidad y sus familias en los últimos dos años.
También aseguró que hubo irregularidades en el otorgamiento de pensiones y cuestionó las auditorías, que obligaban a los beneficiarios a demostrar su condición una y otra vez.
Por otro lado, mencionó los “certificados falsos“, un argumento que el Ejecutivo venía usando, aunque sin pruebas. Por caso, el vocero presidencial Manuel Adorni había afirmado que se usó la radiografía de un perro para obtener un certificado, pero luego se demostró que esa afirmación era falsa, porque en su momento el pedido fue rechazado.
Desde el peronismo y otros sectores hubo críticas y dudas. Alicia Kirchner sostuvo: “Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida“. Y agregó: “Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva”.
Lucía Corpacci atribuyó la ley a la movilización del sector y advirtió: “Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos”.
“Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”, completó. Señaló que Incluir Salud tiene “un recorte real del 13%” en el Presupuesto 2027 y resumió su temor así: “Hay cosas que se escriben con la mano y borran con el codo”.
Jorge Capitanich calculó “un ajuste neto en valores constantes de 73 billones” entre 2023 y 2027. Martín Soria dijo que “tuvo que venir el Papa a decirle en la cara a Milei que los discapacitados no son un peso para la sociedad”.
Daniel Bensusán admitió que hubiera preferido “otro texto mejor, más integral, pero queremos garantizar las prestaciones y los beneficios a las personas con discapacidad. Equilibrio fiscal sí, pero respetando la dignidad humana”.
Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, votó a favor pero cuestionó: “Muchos de los que hoy aparecen como bondadosos luego de la visita del Papa, antes no pensaban en las personas con discapacidad y sus familias”. Reclamó además acompañamiento a las provincias.
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Qué establece La ley de Discapacidad
La norma se denomina oficialmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Replica casi todo el esquema de la ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio. Sus principales puntos son:
- Pensiones: la pensión no contributiva equivale al 70% de la jubilación mínima, se actualiza por movilidad y exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Es compatible con un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Salud: se garantiza la cobertura del programa Incluir Salud para quienes cobran la pensión. Los recursos del Ministerio de Salud no podrán ser menores, en términos reales, a los del año anterior.
- Prestadores: se mantiene el nomenclador único y los aranceles se actualizan con el índice de movilidad y un estudio de costos. El Estado debe notificar el cronograma de pagos en 30 días y saldar la deuda de compensaciones en un máximo de 90 días corridos. El miembro informante, Agustín Monteverde, estimó esas deudas en unos $278.300 millones.
- Auditorías: se realizarán de forma periódica, cruzando datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. El beneficiario recibirá una notificación y tendrá un plazo para presentar su descargo antes de cualquier suspensión.
- Reglamentación: el Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar la ley. Además, el Consejo Federal de Discapacidad participará en el diseño de las políticas públicas.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal será de $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI. A partir de 2028 será de más de $1,2 billones anuales, un 0,07% del PBI. Es decir que el costo no pone en riesgo el superávit que el gobierno dice defender y que inicialmente usó como excusa para frenar la normativa.