La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la desregulación de precios de las prepagas, en lo que representa su primer fallo contra el mega DNU 70/23 del presidente Javier Milei. El tribunal invalidó dos artículos del decreto que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina privada y dispuso que el Estado vuelva a ejercerlo.
Marcha atrás con la liberación de precios
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron por unanimidad declarar inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23. Confirmaron así, de forma parcial, una sentencia de la Cámara Federal de La Plata.
Es la primera vez que el máximo tribunal se expide sobre una cuestión de fondo del decreto. Hasta ahora, la Corte se había pronunciado sobre otros artículos del DNU solo en relación con fallos de tribunales inferiores, es decir, para validarlos o rechazarlos.
En este caso, en cambio, analizó y resolvió sobre la validez de la norma en sí. Fuentes judiciales señalaron que los planteos anteriores contra el decreto habían sido impulsados por actores sin legitimación directa para demandar.
El fallo, de ocho páginas, no analiza si conviene o no liberar los precios de las prepagas. Se concentra en cómo se tomó la decisión: la Corte sostuvo que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que la Constitución exige para legislar por decreto.
Los magistrados recordaron que su jurisprudencia exige una “rigurosa excepcionalidad” para los DNU. Sobre los fundamentos del decreto, señalaron que “de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”.
El Gobierno había justificado las medidas en una supuesta “crisis del sistema de salud” y en la necesidad de aumentar la competitividad. Para la Corte, “estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”.
El tribunal también cuestionó que no se explicara por qué era necesario eliminar las facultades de control. Afirmó que los considerandos “no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”.
Agregó que esas potestades correspondían a órganos del propio Poder Ejecutivo y que el Gobierno ya podía darles la orientación política que considerara. Eso, según la Corte, exige un esfuerzo de justificación mayor para modificar la ley por decreto.
Además, descartó los criterios de simple conveniencia: “el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
Por último, aclaró que el trámite de revisión pendiente en el Congreso, previsto en la ley 26.122, no impide el control de los jueces. “Ello no puede implicar sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas”, indicó.

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Qué cambia con el fallo de la Corte Suprema
El decreto había derogado la facultad estatal de revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones, y había reformado el artículo que obligaba al Estado a fiscalizar la razonabilidad de los precios. Tras el DNU, solo quedó previsto que las prepagas podían fijar precios diferenciales por franjas etarias, con una variación máxima de tres veces entre la primera y la última.
Con la decisión de la Corte, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá reasumir sus competencias. Esto incluye revisar las cuotas y sus modificaciones y garantizar que los aumentos estén fundados en variaciones de costos y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”. El organismo depende del ministro de Salud, Mario Lugones.
La Corte, sin embargo, revocó un punto de la sentencia de la Cámara: la orden de limitar los aumentos de la empresa demandada al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El tribunal de origen deberá dictar un nuevo pronunciamiento según los criterios fijados por la Corte.
El caso lo inició María Del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La afiliada, adherida al plan SM02, denunció que su cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, al pasar de $136.161,21 a $301.218,02. Sostuvo que, con la regulación anterior, el aumento de enero de 2024 habría sido de 6,26%, según la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud.
El amparo fue rechazado en primera instancia, pero la Sala II de la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión y declaró la inconstitucionalidad de los artículos. Swiss Medical y el Estado Nacional apelaron ante la Corte.
Más allá del caso concreto, el fallo representa un duro golpe para el gobierno de Javier Milei, porque cuestiona la necesidad y la urgencia con que se sustentó el decreto. Es decir que la sentencia puede tener efectos más amplios.
Se trata de uno de unos 300 casos de usuarios de prepagas que, desde diciembre de 2023, demandaron por los efectos de estos artículos. Para ellos, el fallo sienta jurisprudencia. “De ahora en más, van a ir saliendo fallos como este contra las prepagas”, deslizó un camarista.
La Corte dejó en claro los límites de su decisión: se refiere solo a los dos artículos vinculados con la medicina prepaga y no implica opinión sobre otros aspectos del decreto. Esos puntos, indicó, podrán ser analizados cuando lleguen casos concretos al tribunal.
Sin embargo, los jueces dejaron expuesta la maniobra del gobierno Nacional para quitarle herramientas al Estado dedicadas a mejorar la calidad y garantizar la razonabilidad de los aumentos de los precios, decisión que habría condicionado también a las próximas administraciones y le habría permitido a Lugones lavarse las manos con respecto a los aumentos.

