El Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y propinó una dura derrota al Gobierno de Javier Milei, mientras que la Justicia dictó una cautelar prohibiendo que García-Mansilla intervenga en las decisiones del máximo tribunal.
Este jueves el Senado de la Nación rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambos jueces habían sido designados “en comisión” a través de un decreto del Presidente Javier Milei, aunque solo el académico pasó a integrar formalmente al máximo tribunal.
Hasta último momento, el Gobierno Nacional había intentado alcanzar un acuerdo con sus aliados para suspender la sesión impulsada por Unión por la Patria, aunque no logró evitar el quórum, que se logró gracias a la presencia de 32 legisladores peronistas, dos radicales, dos del PRO y un exlibertario.
Luego, se rechazaron los pliegos de ambos jueces. En el caso de Lijo, contó con el respaldo de 27 senadores, el rechazo de 43 y una única abstención. Entre tanto, García-Mansilla recibió 20 votos a favor y 51 en contra.
En ambos casos, La Libertad Avanza necesitaba reunir dos tercios de los presentes en el recinto. Con Edith Terenzi (Las Provincias Unidas) como la única ausente, el oficialismo estuvo lejos de su objetivo y ahora la incógnita es qué pasará con García-Mansilla, que se desempeña en el máximo tribunal.
Cómo votó cada Senador los pliegos
Tras la discusión en el recinto, el primer pliego en discutirse fue el de Ariel Lijo, quien recibió el rechazo de 24 de los 34 integrantes del interbloque que comanda José Mayans, 10 de los 13 radicales de la bancada de Eduardo Vischi, los 7 integrantes del PRO (cuyo jefe de bancada es Alfredo De Ángeli), uno de Provincias Unidas, y el del exlibertario Francisco Paoltroni.
Se trató de la votación que más fragmentó al bloque peronista, ya que 10 de sus integrantes apoyaron el pliego. Se trató de Guillermo Andrada, Teresa González, Claudia Ledesma, Juan Manzur, Sandra Mendoza, Carolina Moises, Gerardo Montenegro, Emilio Neder, Fernando Rejal y Sergio Uñac.
En cuanto a la UCR, Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela y Víctor Zimmermann votaron a favor. Mientras tanto, votaron en contra Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Flavio Fama, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Martín Lousteau, Stella Olalla, Rodolfo Suárez y Vischi.
En Provincias Unidas, Lucila Crexell, Carlos Espínola y Juan Carlos Romero votaron a favor y Alejandra Vigo votó en contra. La quinta integrante, Edith Terenzi, estuvo ausente. La única abstención correspondió al libertario Juan Carlos Pagotto.
En cuanto a García-Mansilla, el académico recibió el apoyo de toda la bancada libertaria que lidera Ezequiel Atauche, y de 3 senadores del PRO: Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina y Luis Juez. Sin embargo, votaron en contra los demás integrantes del bloque amarillo: Alfredo De Angeli, Enrique Goerling Lara, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri.
A los apoyos se sumaron los radicales Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela y Víctor Zimmermann. Los 3 integrantes de Innovación Federal, los 2 de Por Santa Cruz y Beatriz Luisa Avila (Por la Justicia Social), votaron a favor en ambos casos.
En contra también se manifestaron todos los integrantes de Unión por la Patria, el resto de la bancada de la UCR, dos de Provincias Unidas y, una vez más, el exlibertario Paoltroni.
Ante el revés, el Gobierno acusó a los Senadores de ser “la casta”
Como era de esperar, en cuanto se conoció el resultado el Gobierno de Javier Milei publicó un comunicado a través de la Oficina Presidencial de la República Argentina, en el que aseguró que el Poder Legislativo es una “máquina de impedir” y “no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”.
“Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos“, indicaron, “participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente”. Sin embargo, “luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes”.
Cabe recordar que el año pasado Lijo y García-Mansilla se habían presentado para defender sus candidaturas, y en el caso de Lijo, su pliego había recibido las firmas para ser debatido en el recinto hacía meses.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el académico, quien ganó aún más rechazos luego de admitir que había sido convocado por el asesor presidencial, Santiago Caputo. La persistencia del oficialismo en solo aceptar que se introdujeran ambos jueces (y no solo uno de los candidatos) en el máximo tribunal derivó en que las discusiones se dilaten.
Entre tanto, la decisión de nombrarlos en comisión y por decreto por parte de Milei, ignorando las exigencias de la Constitución Nacional, fue lo que desencadenó el rechazo generalizado de la Cámara alta, que aceleró el tratamiento de los pliegos.
A pesar de esta situación, desde casa Rosada se victimizaron utilizando el argumento de que es “la primera vez en la historia” que el Senado rechaza pliegos “por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad“.
Además, acusaron a los senadores de ser “la casta”, un calificativo que el oficialismo suele utilizar para referirse a todos los legisladores que no votan en sintonía con los intereses de Milei. Según explicaron, la votación:
“Evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”.
“Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia”, afirmaron, y agregaron que “mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina“.
Incógnita por el futuro de García-Mansilla
La pregunta pone a García-Mansilla en un lugar complejo. Si bien el decreto que le permitió ingresar a la Corte establece que tiene la posibilidad de mantenerse en su puesto hasta el final del periodo legislativo, su presencia envuelve en un manto de dudas la validez de los fallos del máximo tribunal.
Es por esto que no se descarta que el académico decida renunciar a la Corte por su cuenta y evitar así vacíos institucionales. Por lo pronto, no depende de dicho tribunal su continuidad, aunque la Justicia ya dictó una cautelar para limitar su accionar tras la decisión del Senado.
El fallo firmado por Ariel Ramos Padilla dispuso que se abstenga del “conocimiento y decisión” de todas las causas que estén en trámite en la Corte mientras que actúe como juez en “comisión”. En cuanto a Lijo, le prohibió jurar como ministro de la Corte hasta que termine la validez de la medida (3 meses).
El texto establece que “es claro que le compete al Poder Judicial y a los jueces nombrados de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución, garantizar que las decisiones sobre la designación de magistrados se adopten dentro del marco legal correspondiente, evitando cualquier acción que pueda comprometer la integridad del sistema de administración de justicia“.
Por otro lado, el Juez federal de La Plata indicó que “sostener que no es posible revisar la validez constitucional de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se ha designado a dos jueces ‘en comisión’, implica privar de jurisdicción a los actores, privarlos del acceso a la justicia y dejar indemne un acto estatal violatorio de derechos y garantías constitucionales”.
“Este caso no se trata de un juez que remueve a otro, sino de un juez que ejercita su función de controlar la constitucionalidad de un acto del Poder Ejecutivo. Es incongruente presentar este control como un conflicto de competencias entre los tribunales, el presidente o el Congreso”, aclaró.
Ramos Padilla también echó por tierra el argumento de Milei para justificar el nombramiento a través del decreto 137. “En los últimos cien años, ningún presidente elegido democráticamente por el voto popular ha realizado un nombramiento en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se haya materializado”, explicó.
Además, remarcó que “para evidenciar aún más que no estamos ante una ‘práctica constitucional sostenida’, puede decirse que de los más de 75 magistrados integraron la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos cien años, sólo uno asumió como juez ‘en comisión’ mediante un decreto” del Presidente: Manuel José García-Mansilla.
“No es lo mismo designar a un juez debido al receso del Senado que hacerlo por la falta de acuerdos políticos”, comentó, rechazando otro de los argumentos de los libertarios. “Este atajo inconstitucional permitiría designar a una misma persona en comisión como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cada vez que el Senado entre en receso”, dijo.
