Mientras se acumulan en el Senado los rechazos a las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, en los tribunales ya se presentaron 2 planteos para frenar el decreto de Javier Milei, y el ex supremo Juan Carlos Maqueda advirtió que la medida “está al borde de la inconstitucionalidad“.
Este 1 de marzo el Presidente Javier Milei volverá al Congreso de la Nación para pronunciar un nuevo discurso frente a la Asamblea Legislativa y espera que entre los asistentes estén los jueces de la Corte Suprema de Justicia, incluidos los que nombró por decreto: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Los actuales miembros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, se reunirán este jueves para decidir si les tomarán juramento, y si su nombramiento se concretará antes de la Asamblea Legislativa, como quieren en Casa Rosada.
Sin embargo, ya hay al menos dos presentaciones ante la Justicia federal de La Plata contra el decreto 137/2025, con el que el libertario impulsó las designaciones. Además, un total de 30 organizaciones de la sociedad civil se expresaron en contra de la resolución ejecutiva.
Ambos candidatos cuentan con un amplio rechazo por parte del Senado, que si bien no puede actuar contra el decreto directamente, sí puede convocar a una sesión especial para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla, lo que suscita la pregunta: ¿Qué pasará con los magistrados si finalmente se caen los pliegos?
El peronismo buscará voltear los pliegos de Lijo y García Mansilla como respuesta al decreto de Milei
Situación de los pliegos en el Senado
Por ahora, los números en el Senado de la Nación auguran malas noticias para el Gobierno de Javier Milei, ya que sus candidatos cosecharon el rechazo generalizado de la amplia mayoría de los bloques.
Para empezar, Unión por la Patria cuenta con 34 integrantes. La bancada dirigida por el Senador José Mayans requiere que 37 legisladores (la mitad más uno del total de los miembros del cuerpo, que asciende a 72) estén sentados en sus bancas para obtener quórum.
Es decir que en caso de que la totalidad del bloque peronista esté presente, se necesitará el apoyo de otros 3 senadores. Posteriormente, serán necesarios 25 votos negativos (un tercio del cuerpo) para rechazar el pliego de Lijo, que ya había obtenido dictamen sobre el cierre de las sesiones ordinarias.
La situación de García-Mansilla es más compleja, ya que como su pliego no consiguió dictamen en la Comisión de Acuerdos, por lo que su suerte dependerá de que se apruebe su tratamiento sobre tablas, que requiere el voto positivo de dos tercios de los senadores presentes.
Esto implica que si la maniobra fracasa, se daría la extraña situación en la que se rechazaría el pliego de Lijo (pese a que concentra más apoyos en la cámara alta), pero no el de García-Mansilla, que es el más resistido.
Por su parte, el Poder Ejecutivo podría solicitar el retiro de los pliegos enviados, lo que impediría a los Senadores votarlos (justamente porque no tendrían nada que rechazar). Aunque esto sería una contradicción y un accionar antidemocrático contra el Senado, también lo fue la designación por decreto de los magistrados.
Ahora bien, si finalmente se concreta el rechazo de los pliegos, no queda claro qué ocurrirá con los jueces que habían sido designados. Es que algunos sostienen que quedarían fuera del cargo de forma inmediata, mientras que otros aseguran que tendrán mandato hasta el fin del periodo legislativo, y quien debería dirimir esto sería justamente la Corte Suprema.
Se acumulan los rechazos de los Senadores
En el caso de Unión por la Patria, la reacción del bloque peronista fue de inmediato rechazo al decreto de Milei y la expectativa de pedir una sesión especial para voltear ambos pliegos. “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la corte“, anunciaron los liderados por Mayans.
Ya en noviembre del año pasado, cuando el oficialismo coqueteaba con la posibilidad de nombrar a sus candidatos por decreto, la bancada había publicado un comunicado en el que se comprometían a: “Impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema ‘en comisión'”.
Tras el decreto, calificaron el acto como “manifiestamente inconstitucional” y “una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”. Finalmente, adelantaron que pensaban “iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”.
“El Presidente se manda una mega criptoestafa que según la revista Forbes es la más grande de la historia y para lograr su impunidad se le ocurre la ‘brillante’ idea de poner dos jueces en la Corte Suprema por decreto. Hacen bien los que se preocupan por la seguridad jurídica de sus patrimonios en este país”, remarcaba Juliana Di Tullio.
Sin embargo, las reacciones también se extendieron a los espacios que suelen oficiar de aliados para La Libertad Avanza, como el PRO. Si bien inicialmente la mayoría de sus representantes guardaron silencio, la Senadora Guadalupe Tagliaferri enfatizó su repudio a la acción de Milei.
Posteriormente, el partido amarillo se reunió en un cónclave que tuvo como principal figura a Mauricio Macri, y luego del encuentro el jefe de la bancada, Alfredo De Ángeli, adelantó que “la mayoría del bloque va a ir en contra del pliego de Lijo“.
Algo similar dijo Luis Juez durante una entrevista, en la que lo calificó como “operador judicial” y “todo lo que está mal”, pese a que el año pasado ensayó un acercamiento a la tropa libertaria y renunció a la jefatura del bloque. Nada dijeron sobre el caso de García-Mansilla.
En cuanto a la Unión Cívica Radical, el bloque lanzó un comunicado diciendo que Milei había tomado una decisión “imprudente” y que se trataba de un nombramiento “innecesario“. No sin sutileza, los radicales completaron:
“A las puertas de un nuevo período de sesiones ordinarias, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que sólo está prevista para situaciones extraordinarias y en este caso no se condicen con este momento histórico”
Más tajante fueron los Senadores Martín Lousteau y Pablo Blanco. El porteño indicó que “este zafarrancho que hizo, hace que sea muy difícil tener una Corte independiente”, mientras que el fueguino aseguró que presentaría un pedido de sesión especial para tratar los pliegos.
El radicalismo votaría dividido, aunque si Maximiliano Abad (quien expresó su rechazo) se sumara a Lousteau y Blanco, la oposición sumaría las voluntades necesarias para avanzar con el rechazo en el Senado.
Desde Las Provincias Unidas, el interbloque que nuclea a varios legisladores que responden a sus gobiernos provinciales, el salteño Juan Carlos Romero comentó que “no es la forma adecuada de designación” de los magistrados, y consideró que afecta “la seguridad jurídica que necesitan las decisiones de la Corte“.
A los repudios se suma el formoseño Francisco Paoltroni, exintegrante del bloque libertario, que viene rechazando a Lijo desde hace tiempo. “Es una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente”, sostuvo.
Maqueda también criticó el decreto de Milei
Los rechazos llegaron incluso hasta el exintegrante del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda, quien comentó que “a mí me pareció horrible el decreto” durante una entrevista a LN+. “Es horrible la actitud del Poder Ejecutivo“, agregó.
“A tres días de que comiencen las sesiones ordinarias toma esta decisión cuando no se trata como ellos lo trataron de justificar“, criticó, y cuestionó la lógica de que “si el Senado no lo trató durante el año pasado entonces hay que apelar a esto”.
“No sé en qué lugar de la Constitución lo dice. Esto no es así. Los pliegos tienen que seguir en el Senado, y se tiene que seguir dialogando y buscando un acuerdo. Ese es el espíritu de la Constitución”, completó.
Además, indicó que “es horrible la actitud del Presidente” y remarcó que el decreto “da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad“. Al respecto, puntualizó:
“Creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, que está en el artículo 99 inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene, pero esto no quiere decir que no sea cuestionado judicialmente y de que no pueda haber otras opiniones como las hay”.
En dicho artículo, “la Constitución reformada en 1994 establece cómo se deben elegir los miembros de la Corte Suprema, en adelante”, señaló, al tiempo que aseveró que “el Senado está en condiciones de rechazar estas designaciones”.
“Hay antecedentes jurisprudenciales que uno los puede rastrear, donde la Corte se ha expedido, que si el Senado trata un pliego y lo rechaza, el juez debe dejar de prestar funciones en el mismo momento“, dijo, y concluyó:
“Eso puede pasar en cualquier momento. Lo que establece la Constitución es un límite. El Senado puede convocar al tratamiento de los pliegos en cualquier momento, y su resultado dirá si esos jueces siguen o no en la Corte”.
Los planteos ante la Justicia Federal
En cualquier caso, el decreto también derivó en dos planteos judiciales presentados en los tribunales de La Plata, que serán los encargados de definir la validez del decreto 137/2025. El primer pedido fue presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
El organismo pidió la nulidad de la resolución y que se frene la toma de juramentos. El escrito que presentaron Mariano y Emanuel Lovelli, resalta que:
“El peligro de afectar el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema y con ello el sistema democrático y republicano de gobierno con la designación en comisión de dos magistrados en el cimero tribunal dan el basamento legal que torna las circunstancias expuestas de carácter grave e impostergable, ameritando el dictado de una medida interina que suspenda los efectos del decreto 137/2025”.
Dicha presentación se radicó en el Juzgado Federal 4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo. Sin embargo, el CEPIS lo recusó y ahora el expediente pasará a manos de Alejo Ramos Padilla, en el Juzgado Federal 2 de dicha ciudad.
Ahí también quedó radicado un amparo presentado por Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), Fernando Cabaleiro (Naturaleza de Derechos) y María Eva Koutsovitis (La Ciudad Somos Quienes la habitamos). En este caso, advirtieron que:
“Este decreto viola los principios estructurantes de la organización política del país como son el principio de división de poderes, el principio republicano, el principio democrático, la garantía del debido proceso, el principio de independencia e imparcialidad del poder judicial, el principio de los actos propios y con su dictado se cometió abuso del derecho. Todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la Nación en el caso de que sea integrado por los dos jueces designados en comisión estarían viciadas de nulidad absoluta”.
Ramos Padilla había sido el responsable de frenar en 2015 la designación por decreto de Rosenkrantz y Rosatti, por parte de Mauricio Macri. El juez obligó al líder del PRO a dar marcha atrás y acudir al Senado para validar los pliegos.
El exsupremo Raúl Zaffaroni advirtió recientemente que “el problema que crea es tremendo” y adelantó las consecuencias penales que tendría. “Los jueces de la Corte van a firmar con personas que no están nombradas constitucionalmente. Para los que no están nombrados es usurpación de funciones”, advirtió.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también se manifestó en contra asegurando que ambos candidatos “se convertirán en cómplices de un ilícito que violenta el artículo 99 de la ley suprema de la Nación”.
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil las que se manifestaron en contra a través de un comunicado en el que indicaron que “constituye un avance indebido del Presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.
Entre los firmantes están Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entre otros.
