Este martes continuó el juicio por la obra pública en Santa Cruz contra Cristina Fernández de Kirchner con la segunda jornada donde el fiscal Diego Luciani prosiguió con su alegato donde ignora todo lo ocurrido durante los tres años del juicio.
Además, el ministro de Justicia Martín Soria, reveló que el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, fue un visitante de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.
El alegato de Luciani
La acusación del fiscal Luciani se destacó por no hacer ninguna referencia a lo ocurrido en el expediente durante estos últimos tres años. Por ejemplo, en la continuidad de su exposición hizo centro en que las licitaciones que ganaron las empresas de Lázaro Báez fueron “meras ficciones”, “puestas en escena”, según dijo, pero en estos tres años de audiencias, nada de eso se probó.
Todo lo contrario: pasaron empresarios de la construcción y funcionarios de todos los niveles de los sucesivos gobiernos y no hubo ni uno solo que aportara un elemento para sostener que las licitaciones fueron “puestas en escena”.
Hasta los testigos de la fiscalía desmintieron las hipótesis de la acusación. Ninguna de las empresas -nacionales e internacionales- cuestionaron las licitaciones ni tampoco se presentaron a la justicia.
Alguien podría alegar que ese comportamiento fue por la existencia de una supuesta “cartelización”. En verdad, Báez era un enemigo de las constructoras y no integraba la Cámara de la Construcción. Pero Luciani tampoco presentó ninguna prueba de la cartelización y menos aún imputó a las demás empresas por haber -supuestamente- sido cómplices de un delito.
La realidad es que Báez ganó licitaciones por presentar las ofertas más bajas debido a que no tenía que transportar ni personal ni maquinarias a 2.800 kilómetros. Ese fenómeno de regionalización de la obra pública se dio en todo el país: tienden a ganar licitaciones las grandes constructoras de cada zona. Eso explica también por qué las empresas de Báez no ganaron ni una licitación fuera de Santa Cruz.
En la cuestión en que sí hizo una comparación con otros distritos, Luciani mencionó que sólo en Santa Cruz hubo 84 convenios entre la Nación y la provincia para que ésta licitara, adjudicara y controlara las obras. Dedujo de eso que fue una maniobra para que las autoridades nacionales –Cristina Kirchner, Julio De Vido– no tengan responsabilidad penal en lo que se estuvo haciendo y que eso explica que no hubiera tantos convenios con otras provincias.
Nuevamente, omitió lo expuesto en el juicio. En total, durante el gobierno de CFK hubo 900 convenios, de los cuales 455 se hicieron con la Provincia de Buenos Aires. Y un dato notable es que uno de los convenios fue suscripto por Néstor Kirchner, pero no como presidente sino como gobernador. Fue con Carlos Menem. Es que el gobierno nacional no ponía fondos para rutas y entonces Kirchner propuso firmar el convenio en el cual la provincia de Santa Cruz adelantó los fondos y la Nación debía devolverlos en algún momento.
Todo el alegato del fiscal Luciani es más una jugada mediática que judicial. Realiza afirmaciones, pero no puede referenciarlas en algo que haya dicho un testigo en los tres años de audiencias. Sin embargo, esta no es la única irregularidad del Partido Judicial en la causa. El otro fiscal que colabora con Luciani es Sergio Mola, quien fue apuntado ayer por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, por haber ingresado a la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos.
El visitante de Macri tras el juicio a CFK
Soria reveló en su cuenta de Twitter que Mola visitó la Casa Rosada el 16 de junio de 2016, cuando gobernaba Mauricio Macri. No fue el primer ni el único visitante judicial del expresidente en intervenir en este caso, donde ya participaron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y podrán continuar haciéndolo con el aval que les dio la Corte Suprema el mismo día que rechazó todos los recursos de CFK en esta causa con tres años de tardanza.
Los mismos Hornos y Borinsky visitaron a Macri en su despacho en la Rosada y en la Quinta de Olivos, varias veces y en fechas claves antes de resoluciones judiciales que afectaron la libertad de ex funcionarios kirchneristas.
“Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra @CFKArgentina entraba a escondidas al despacho de Pepín Rodríguez Simón y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país“, escribió Soria.
En su posteo adjuntó una foto de la planilla de ingresos a la Casa de Gobierno donde figura Mola, con la aclaración de que se trataba de un “fiscal general de la nación“, que pasaría por la secretaría Legal y Técnica, por entonces a cargo de Pablo Clusellas, nombre apuntado como miembro de la llamada “mesa judicial” del macrismo. En esa época Mola era fiscal federal en Lomas de Zamora.
Soria sostuvo que, en el juicio a Cristina, a ambos fiscales se los vio “más preocupados por ver cómo adjetivaban a la expresidenta que por exponer pruebas” e incluso involucraron “el sentido común” como si fuera parámetro en un juicio. “El único objetivo es la persecución contra Cristina Kirchner“, señaló.
Recordó que sólo se peritaron ya iniciado el juicio 5 de las 51 obras viales cuestionadas “y que en ninguna se nombra a Cristina Fernández de Kirchner“. El ministro pronosticó que tarde o temprano “esto va a terminar como las otras causas que se cayeron a pedazos: Dólar Futuro, Memorándum con Irán o la bendita carta de San Martín”.
Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra @CFKArgentina entraba a escondidas al despacho de Pepín Simón y Macri en la Casa Rosada.
No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país. pic.twitter.com/anfbDc4jsg
— Martin Soria (@MartinSoria_) August 2, 2022
El alegato de los fiscales Luciani y Mola en el juicio por las rutas en Santa Cruz -basado en una auditoría del macrismo que demostró que nunca se pagó ninguna obra que no se hubiera terminado y que las demoras eran las mismas que podían darse en otras provincias- seguirá por lo menos por siete audiencias más, a razón de tres días por semana.
