La ministra Monteoliva activó el protocolo antipiquetes durante el tratamiento de la reforma laboral y desató un violento operativo represivo frente al Congreso, que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma, decenas de detenidos y cientos de heridos.
Este miércoles, las fuerzas de seguridad bajo el mando de la ministra Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, protagonizaron una jornada represiva frente al Congreso de la Nación mientras los legisladores debatían la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
El saldo de la jornada recuerda al accionar de la policía durante el tratamiento de la Ley Bases: más de 300 personas resultaron heridas, 31 fueron detenidas según los registros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y otras 70 quedaron demoradas por las fuerzas de seguridad.
La avanzada policial contra los manifestantes se desató luego de que un grupo muy reducido de personas realizara desmanes en las inmediaciones del Palacio Legislativo, circunstancia que Monteoliva utilizó como justificación para desplegar el operativo antipiquetes. Durante la madrugada, la reforma laboral fue aprobada en el Senado.
Cabe mencionar que la Ciudad de Buenos Aires no fue el único lugar donde la ciudadanía se manifestó para expresar su descontento con la reforma. La protesta se replicó en varias ciudades del país, incluida Bahía Blanca.
Otra vez represión frente al Congreso de la Nación
La jornada comenzó con una manifestación multitudinaria convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, diversos gremios y organizaciones sociales que se concentraron frente al Congreso para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral.
Durante varias horas, la protesta transcurrió de manera pacífica, con miles de trabajadores, jubilados y militantes sociales ocupando la Plaza de los Dos Congresos. El clima cambió alrededor de las 15 horas, cuando un pequeño grupo de personas encapuchadas apareció en las inmediaciones del vallado que protegía el frente del edificio legislativo.
Estas personas, que según diversos testimonios no formaban parte de las columnas organizadas de la manifestación, comenzaron a lanzar piedras, proyectiles improvisados y fuegos artificiales contra las vallas y los efectivos policiales apostados detrás de ellas.
La respuesta de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad fue inmediata y desproporcionada. Monteoliva había desplegado un operativo de 800 efectivos que incluía personal de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez iniciados los incidentes, estas fuerzas comenzaron a disparar balas de goma. Cuando parte del vallado fue derribado, los efectivos de la infantería de Gendarmería y los camiones hidrantes comenzaron a arrojar gases lacrimógenos hacia todas las personas presentes, la gran mayoría de las cuales se manifestaba de forma pacífica.
Rodrigo Pomares, director del Programa de Violencia Policial de la CPM, señaló que se trató de “un despliegue represivo completamente injustificado porque la mayoría de la gente estaba concentrándose de manera totalmente pacífica. Incluso, algunos grupos ya estaban desconcentrando“.
Pomares comparó la magnitud de la represión con la ocurrida durante el tratamiento de la Ley Bases: “Esta represión tuvo una magnitud más parecida al tratamiento de la Ley Bases, con un despliegue policial más grande y con una decisión represiva ya evidentemente tomada de antemano”.
Los socorristas que atendieron a los heridos confirmaron que varios de los disparos se realizaron por arriba de la cintura, una práctica prohibida en los protocolos de uso de armas “menos letales” por el riesgo de provocar heridas graves o la muerte.
Juan Cardoso, integrante de la posta de Salud y Cuidado, explicó: “No dispararon para la parte baja solamente. Llegamos a ver que la posición de ataque de ellos era en 45 grados, pero hacia abajo”.
Y agregó: “Tuvimos heridos de bala de goma en la cara. Ninguno con compromiso ocular, pero sí cerca del ojo, en la zona de los pómulos, en la frente, en la zona del parietal y en la cabeza”. Cabe recordar que el fotoperiodista Pablo Grillo fue víctima del lanzamiento de un proyectil a la cabeza el año pasado.
Según los equipos de postas sanitarias montados por partidos de izquierda, CEPA y la CPM, fueron asistidas 562 personas por intoxicación con gases lacrimógenos, gas pimienta e impactos de balas de goma.
Entre los heridos se contó al periodista Mario Sadras, cronista de Radio Gráfica, quien denunció que la policía le disparó con balas de goma. “Me apuntaron a la cabeza, me pegaron a centímetros del ojo”, relató.
Persecución policial durante la desconcentración
Tras el retiro de gran parte de la movilización, la Policía de la Ciudad armó cordones en las calles aledañas que impidieron la evacuación hacia el norte y el sur, según informó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
La única vía de escape quedó hacia la avenida 9 de Julio, donde continuó la persecución con 15 motos y alrededor de 100 efectivos de infantería disparando gases y balas de goma.
En la calle Lima, entre México y Chile, la Policía de la Ciudad retuvo a 70 personas. La mayoría fueron identificadas y posteriormente liberadas, pero un grupo de integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) fue trasladado a la Comisaría de Barracas.
Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos que fue demorado y luego liberado, describió la situación:
“Nos detuvieron de una manera completamente perversa. Nos veníamos retirando por la vereda a esa altura, venían de atrás tirándonos balazos de goma. Adelante cruzaron la moto, nos hicieron un corralito de los dos lados. Nos tiraron al piso y nos tiraron gas cuando estábamos en el piso. Era gente q se estaba retirando tranquila, vinieron a buscar venganza”.
La abogada Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) confirmó que la fiscalía convalidó 20 detenciones y que existían al menos 30 personas demoradas.
La Policía de la Ciudad emitió un comunicado reconociendo el mismo número de detenidos a disposición de la Unidad Flagrancia Este, donde la doctora Malena Mercuriari avaló las detenciones. A los detenidos se les imputaron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e incendio.
En un episodio que quedó registrado en vivo, efectivos policiales intentaron detener a Lula González, periodista y movilera de El Destape 1070, mientras cubría la manifestación alrededor de las 16:30 horas.
“¡Me están llevando! ¡No, no!… ¡estoy al aire!“, gritaba la trabajadora de prensa mientras un oficial la obligaba a circular. “Usted no puede estar acá“, le indicó el uniformado. González logró evitar la detención y posteriormente relató: “Me quisieron llevar detenida. Es una zona de guerra esto“.
¿Qué dijo Monteoliva sobre la represión?
Desde el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva sostuvo en redes sociales que “las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica” y que ante “cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir”.
La ministra informó inicialmente sobre 2 detenidos por agredir al personal y 3 efectivos de Gendarmería heridos, además de 1 de la Policía Federal. Posteriormente, el número de aprehendidos fue aumentando a lo largo de la jornada.
Monteoliva también señaló que algunos manifestantes estaban armados con “morteros, molotovs y gomeras con tuercas”, y afirmó que habían sido identificados mediante el resguardo de imágenes del operativo, para lo cual requirió a la Justicia las autorizaciones necesarias. Esta fue la excusa que utilizó para justificar el accionar policial.
Por parte de las fuerzas de seguridad se reportaron 6 policías heridos: un subcomisario con una herida en el dedo pulgar izquierdo, otro en el brazo izquierdo por un piedrazo, un cabo de la Policía Federal con lesión en el pómulo derecho, y tres efectivos de Gendarmería con diversas lesiones por piedrazos y agentes químicos.
La sesión en el Senado había comenzado antes del mediodía, con quórum aportado por la UCR, el PRO y sectores del peronismo provincial. Patricia Bullrich, ahora senadora y jefa del bloque oficialista, abrió el debate.
