El Fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva para las personas detenidas durante las manifestaciones contra la Ley Bases, y en línea con el Gobierno Nacional, los acusó de realizar acciones terroristas.
El pasado miércoles, mientras el Senado de la Nación debatía sobre la Ley Bases, en las inmediaciones del Congreso una multitud se manifestaba contra el proyecto impulsado por el Presidente Javier Milei.
En este contexto, las fuerzas de Seguridad llevaron adelante un importante operativo represivo que derivó en una escalada de violencia. Los uniformados avanzaron contra los presentes disparando balas de goma y lanzando gas pimienta, y detuvieron a más de 30 personas.
A varios de los detenidos se les abrieron causas en los tribunales de Comodoro Py, por lo que quedaron a disposición de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. La fiscalía solicitó su prisión preventiva y les imputó 15 delitos, acusándolos de “atemorizar a la población”. Es decir, terrorismo. Los delitos que se les imputan son:
- Instar la violencia colectiva en contra de las instituciones infundiendo temor público
- Alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y/o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los Senadores
- Provocar daños, incendios y estragos dolosos
- La tenencia de material explosivo y/o incendiario en algunos casos
- Alteración del orden público.
Los familiares de los detenidos, que revelaron los detalles de la causa, indicaron que “la causa tenía otra carátula y se esperaba que los detenidos fueran puestos en libertad luego de tomarles indagatoria”.
Sin embargo, “un dictamen del fiscal Stornelli, con pedido de múltiples imputaciones y de prisión preventiva, demoró su liberación”. “El Ministerio de Seguridad se presentó como querellante en la causa”, agregaron.
En el comunicado también remarcaron que “quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito“, sino que “se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso Nacional”.
¿Qué dice el dictamen de Stornelli?
A través de su dictamen, Stornelli solicita que se dicte prisión preventiva para los detenidos, y pide a la justicia porteña que envíe sus legajos al fuero federal. A continuación, será la jueza Servini la encargada de definir si aceptará el pedido. Según indica el texto:
“Atento a la gravedad de los hechos, tomando en consideración el estado incipiente de la investigación, la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí-, sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente con la investigación, solicitaré que ordene sus prisiones preventivas de conformidad con lo nombrado por el art. 210, inciso “K” del Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063)“.
“Dicha restricción a sus libertades ambulatorias luce como única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso“, indicaron desde la fiscalía. En ese sentido, además de “la gravedad de lo acontecido”, hicieron referencia a la necesidad de recuperar el contenido de filmaciones de seguridad, así como el análisis de dispositivos móviles incautados.
En este contexto, pidieron que se preste declaración indagatoria “para los casos pertinentes, en el caso de no ser remitidas las actuaciones de oficio, promoviendo la cuestión de competencia por inhibitoria por el fuero local”.
Más adelante, el fiscal habla de la “enorme trascendencia institucional” de los hechos, y señaló que hay sospechas de que las acciones se dieran “de forma organizada” con el objetivo de:
“Incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática”.
Por otro lado, manifestó que se intentó “perturbar y/o impedir -aunque sea temporalmente- el libre ejercicio de las facultades constitucionales” de los Senadores durante la sesión, realizando -según el texto- atentados a la autoridad, lesiones al personal, daños simples y agravados, incendios y estragos dolosos, utilización de material explosivo y/o incendiario.
En línea con el Gobierno Nacional
De esta forma, Stornelli se expresa en sintonía con el Gobierno Nacional. Al respecto, cabe recordar que, durante la tarde del 12 de junio, la Oficina del Presidente felicitó a las fuerzas de Seguridad “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas” que atentaron “contra el normal funcionamiento del Congreso“.
Entre los fundamentos utilizados por la Fiscalía está justamente esta publicación en redes sociales, y dos artículos periodísticos, uno del Diario Clarín y otro a La Nación. En este contexto, sentenció:
“En atención a los hechos por los cuales fueran prevenidos, corresponde a este Fuero Federal, concretamente al Juzgado a vuestro cargo y con intervención de esta Fiscalía, entender, de inmediato, en orden sus situaciones. (…) Así y sin perjuicio de cuanto la investigación delimite respecto de cada una de las personas detenidas a ser indagadas, los hechos comprendidos en la instrucción de esta causa y de aquellas que por razones de competencia material deberán ser atraídas, resultan prima facie (más allá de toda otra calificación que arroje el devenir del proceso) constitutivos de los delitos reprimidos y contemplados por los Art. 89, 183, 184, 186, 189, 209, 211, 212, 213 bis, 226, 237, 239 y/o 241″.
