El gobierno de Javier Milei modificó la “Ley Malvinas” para evitar que las sanciones afecten a las empresas estadounidenses que participan indirectamente del proyecto Sea Lion poco después de la reunión del libertario con el funcionario de Donald Trump que manifestó su “preocupación” al respecto.
El Gobierno de Javier Milei modificó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (con el que busca capitalizar políticamente el reclamo soberano por las Islas Malvinas) después de que Estados Unidos manifestara su preocupación por la posibilidad de que empresas norteamericanas resultaran sancionadas.
Con el nuevo texto, La Libertad Avanza buscará dictaminar el proyecto este martes 27 de octubre, a las 16 horas, en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Sin embargo, por ahora el oficialismo todavía no reúne las firmas necesarias.
Un cambio a la medida de Estados Unidos
La modificación central afecta al régimen de sanciones. El texto original alcanzaba a empresas y Estados extranjeros que explotaran recursos argentinos en las islas, y su primer capítulo apuntaba a las firmas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y a sus socias.
En la nueva redacción, las penalidades se limitan a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de negocios ilegales en territorio argentino. Quedan exentos los fondos de inversión con participaciones indirectas en las explotadoras.
La excusa oficial de La Libertad Avanza es que “había que poner un corte, porque sino el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar intereses de empresas nacionales”, aunque lo cierto es que el cambio tuvo lugar inmediatamente después de que Casa Blanca manifestara su “preocupación”.
El proyecto mantiene el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano presidido por el jefe de Estado e integrado solo por miembros del Poder Ejecutivo. Tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar inversiones de Estados extranjeros y de empresas con capitales de ese origen en defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Se incorporaría al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo.
Para asegurar el apoyo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento, con facultades para auditar las decisiones del Consejo.
La propuesta fue del diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El Ejecutivo deberá informar a la bicameral dentro de las 48 horas las medidas de seguridad que adopte el organismo.
También se reformuló el artículo que fija penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, “alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública“, figura que catalogó como “desinformación masiva”.
El gobierno tuvo que excluir al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses, luego de que el radicalismo y el oficialismo plantearan que la redacción original podría ser fácilmente abusable y utilizada como excusa para perseguir a periodistas críticos.
Persiste un punto de desacuerdo. Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas piden dividir el proyecto en dos: por un lado, lo vinculado con Malvinas y la soberanía; por otro, las reformas en inteligencia, defensa, seguridad interior, infraestructura crítica y delitos de desinformación. El oficialismo defiende el tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026.
Milei apuró una reunión con el funcionario de Trump que se quejó por la “Ley Malvinas”
La “preocupación” de Washington por el proyecto
Los cambios llegan después de las declaraciones del subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, sobre los alcances del proyecto.
El jueves pasado, en una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, Landau admitió la preocupación de la administración de Donald Trump, que considera que un endurecimiento de las sanciones podría afectar a filiales, fondos de inversión, intermediarios financieros y proveedores con sede en su país.
“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es verdad que cualquier país se preocupa por eso”, dijo el funcionario, quien aclaró que Estados Unidos “respeta” el proceso legislativo argentino.
Al día siguiente, viernes 23 de octubre, Milei recibió a Landau en la Casa Rosada. En ese contexto, la administración estadounidense advirtió sobre las consecuencias que las sanciones podían tener para sus empresas. El embajador Peter Lamelas también había transmitido inquietudes.
Quirno ya se había adelantado a esas objeciones. El canciller sostuvo que la iniciativa “no va en contra de nadie en particular” y que “se le da a las diferentes empresas que quieren operar en Argentina la posibilidad de elegir entre una oportunidad que tiene un potencial muchísimo mayor, de manera legítima, y una operación más riesgosa e ilegítima”.
El plenario estaba previsto originalmente para el martes pasado, pero Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, informó su postergación hasta este 27. Poco después de que la Casa Blanca pidiera eliminar el Comité de Descolonización de la ONU, el ámbito donde la Argentina sostiene su reclamo por las islas.
El oficialismo reconoció que necesitaba tiempo para negociar. La diputada Silvana Giudici, junto con Martín Menem, está a cargo de reunir los votos, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, recibió aportes del PRO, el MID y el PJ.
El sábado, el vocero presidencial Adrián Ravier expresó: “Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos”.
El plenario de este martes definirá si el oficialismo consigue las firmas para un dictamen de mayoría y avanza hacia el recinto, o si debe convocar a una nueva reunión.
