La oposición le puso fecha al tratamiento del DNU 70/23 de Javier Milei: En caso de juntar los votos para voltear definitivamente el decreto, no solo logrará frenar la extranjerización de tierras, sino que restituirá la ley de Alquileres y la ley de Góndolas, y bloqueará la privatización de empresas públicas.
La oposición de la Cámara de Diputados fijó fecha para tratar el mega DNU 70/23 de Javier Milei, el decreto que entre muchas otras medidas derogó la Ley de Tierras, y empezó a reunir los votos para intentar voltearlo el 15 de octubre.
El jueves, 32 diputados presentaron ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, la solicitud de una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14 horas.
Además del rechazo al DNU 70/23, el temario incluye la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos para aliviar a las familias sobreendeudadas. Sobre estos dos últimos temas ya hay dictámenes, obtenidos después de que se emplazara a las comisiones.
Firmaron el pedido, por Unión por la Patria, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Gustavo Bordet, Vanesa Siley, Ariel Rauschenberger, Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Juan Marino, Itai Hagman, Diego Giuliano, Hugo Yasky, Graciela Parola, Lucía Cámpora y Andrea Freites.
Por Provincias Unidas firmaron Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Esteban Paulón y Pablo Farías. Por Encuentro Federal lo hicieron Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, y por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
Completan la lista Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda; Jorge “Gato” Fernández, de Primero San Luis; y los monobloquistas Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Marcela Pagano (Coherencia).
La Corte le da la espalda a los argentinos y da luz verde para la extranjerización de tierras
El poroteo en la Cámara de Diputados
Para aprobar el rechazo hace falta mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes en el momento de la votación. Con el recinto completo, eso equivale a 129 votos afirmativos, y antes hay que reunir el quórum para abrir la sesión.
Al sumar los bloques que respaldaron el pedido, la oposición llega a unos 122 diputados: 92 de Unión por la Patria, 4 del Frente de Izquierda, 2 de Encuentro Federal, 2 de Primero San Luis, uno de Defendamos Córdoba, uno de Coherencia, los dos de la Coalición Cívica y 18 de Provincias Unidas. En ese caso, le faltarían unos 7 votos.
Sin embargo, Provincias Unidas es un bloque heterogéneo, y hasta ahora se espera que acompañen la iniciativa 6 de sus integrantes, lo que implica que la oposición reúne alrededor de 110 voluntades y le faltan otras 19 para avanzar con la sesión.
Por caso, no cuentan con el chubutense Jorge “Loma” Ávila. También desconfían de los tres disidentes del PRO (Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez) y de los cordobeses. Desde el cordobesismo deslizaron que “posiblemente acompañen”.
Para llegar a la cifra necesaria, la oposición deberá convencer a los bloques provinciales que responden a gobernadores, que no firmaron el pedido. Vale mencionar que 12 de los 24 mandatarios provinciales acompañaron a Milei en su gira por Francia.
Entre ellos están Jorge Macri, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Leandro Zdero, Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés y Gustavo Sáenz. El oficialismo toma esa foto de París como una garantía de que sus bloques no habilitarán la sesión.
Sin embargo, hay señales que apuntan en otro sentido. El diputado Alberto Arrua, de Argentina Federal, aseguró en una entrevista que su espacio va a estar “dando quórum”. Y agregó: “El 70/23 le afectó a todo el país, pero particularmente a la provincia de Misiones“.
Se sentarían los cuatro legisladores que responden al gobernador misionero, Hugo Passalacqua. Todavía no está claro qué harán los tres que responden a Sáenz. Tampoco está definida la postura de Elijo Catamarca ni la de Independencia, el bloque tucumano, que espera instrucciones de Osvaldo Jaldo, gobernador con buen diálogo con la Casa Rosada y que no viajó a Francia.
Entre tanto, el oficialismo trabaja con sus aliados para desactivar la sesión y evalúa convocar a una propia para tratar endeudamiento y discapacidad, sin el DNU.
También estudia incorporar, en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que espera tratamiento en Diputados, un capítulo para “restituir un capítulo con restricciones mínimas” sobre la compra de tierras por extranjeros.
Qué pasó con el decreto y qué volvería si cae
Vale recordar que Milei firmó el DNU 70/23 al asumir la presidencia, y con él desreguló numerosos sectores de la economía y modificó o derogó decenas de leyes. En marzo de 2024, el Senado lo rechazó, pero Diputados nunca lo trató. Para que un DNU pierda vigencia deben rechazarlo las dos cámaras, así que la decisión de Diputados es definitoria.
El tema volvió a la agenda tras un fallo de la Corte Suprema, que se pronunció sobre la legitimidad del CECIM La Plata, la organización de excombatientes de Malvinas, en su reclamo por la derogación de la Ley de Tierras prevista en el decreto.
Esa ley, vigente desde 2011, limita la venta de terrenos rurales a extranjeros, y el oficialismo no logró modificarla en el Congreso. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema le dio exactamente lo que necesitaba.
Si bien en el Senado el peronismo presentó una iniciativa para bloquear específicamente el artículo referido a la Ley de Tierras, la propuesta en la Cámara de Diputados es avanzar sobre la totalidad del decreto. Es decir que, si Diputados finalmente lo rechaza, caerán los más de 300 artículos del DNU y recuperarían vigencia, además de la Ley de Tierras:
- Ley de Alquileres: vuelve el plazo mínimo de tres años, con actualización anual por IPC, y se prohíbe publicar precios en moneda extranjera.
- Ley de Góndolas: se restablece el espacio para pymes en góndolas físicas y digitales, actualmente golpeadas por la apertura de las importaciones.
- Ley de Abastecimiento: el Estado recupera la facultad de fijar precios máximos e intervenir en la producción para garantizar el abastecimiento interno.
- Compre Argentino: vuelve la prioridad a proveedores nacionales en las compras públicas, otra medida que beneficiaría a las empresas locales.
- Registro Automotor: se restablece la traba para transferir vehículos con deudas impositivas o multas locales.
- Comercio exterior: el Ejecutivo recupera la facultad de fijar prohibiciones o restricciones.
- Obras sociales: se anula la liberación de tarifas y se fijan límites a las cuotas.
- Yerba mate: el Instituto Nacional de la Yerba Mate recupera la potestad de fijar precios de referencia de la hoja verde.
- Empresas públicas: se anula la habilitación legal para declararlas “sujetas a privatización”, lo que afectaría la situación de empresas como Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Intercargo, ENARSA, AYSA y Nucleoeléctrica Argentina, entre otras.
