Pese a que el Gobierno de Javier Milei se despegó de las propuestas para ampliar la Corte Suprema, el Senador salteño Juan Carlos Romero insiste en la necesidad de resolver urgentemente la situación del máximo tribunal, una postura en la que coincide el bloque de José Mayans.
Este miércoles se llevó adelante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, presidido por la cordobesa Alejandra Vigo y dedicado a debatir los proyectos relacionados con la propuesta de ampliar la Corte Suprema de Justicia y modificar la conformación de la Auditoría General de la Nación.
Se trata de dos temas álgidos para el Gobierno de Javier Milei, que viene de sufrir un histórico fracaso legislativo en el que el Congreso de la Nación rechazó los pliegos de sus candidatos para el máximo tribunal, correspondientes a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
La convocatoria venía siendo resistida por Casa Rosada, al punto que -según fuentes parlamentarias- la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, intentó boicotear la reunión desde el lunes, aunque sin éxito. Finalmente, el libertario Juan Carlos Pagotto, que preside Asuntos Penales, había habilitado el plenario con la expectativa de que la discusión no avanzara.
La pretensión de ampliar la Corte Suprema no es una novedad. Durante el Gobierno del Frente de Todos, un proyecto para llevar la corte de 5 a 15 integrantes llegó a obtener media sanción (aunque luego perdió estado parlamentario).
Si bien el peronismo había propuesto nuevamente esta posibilidad en medio de la discusión por los pliegos de Lijo y García-Mansilla, la negativa del oficialismo a buscar un acuerdo terminó obturando el debate y desde el fracaso legislativo, La Libertad Avanza optó por dilatar la discusión hasta después de las elecciones.
Lo llamativo es que ahora el interbloque Provincias Unidas (LPU, usual aliado del Gobierno) impulsa una iniciativa en este sentido pese al rechazo del Gobierno, que no respaldó ninguna de las propuestas presentadas. Uno de los más insistentes en esto es el salteño Juan Carlos Romero, quien presentó su propia iniciativa en los últimos días.
Además de la propuesta de Romero, hay otros documentos presentados por Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU) y Mónica Silva (JSRN). Todos están de acuerdo en ampliar el máximo tribunal, aunque las iniciativas van desde aumentar el número a 7 hasta 15.
El Gobierno sabe que cualquier pretensión de modificar la Corte requerirá el apoyo de 2 tercios de la Cámara alta, un número que sería imposible alcanzar según la conformación actual y sin apoyo del peronismo, es por esto que prefiere esperar.
Sin embargo, la postura de Romero suma una preocupación para la tropa libertaria: que su aliado termine alcanzando un acuerdo con Unión por la Patria. El bloque que lidera José Mayans no está dispuesto a permitir que se dilate la cuestión y el formoseño conoce al salteño desde hace más de 20 años.
Ahora mismo, los une la preocupación por la parálisis de la Corte Suprema, que actualmente solo tiene 3 de sus 5 integrantes, y requiere de conjueces para definir todos los asuntos en los que los magistrados no se expresen en sintonía.
Romero, Mayans y una coincidencia atípica
Durante su alocución, Romero comentó que “el hecho que haya ocho proyectos implica la importancia del tema” y remarcó que “debería surgir un consenso que permita tener un dictamen“. “Este no es un proyecto jurídico, sino político”, indicó, que “requiere del diálogo y del consenso”.
El Senador expresó su malestar con que “tengamos sin cubrir hace más de una década el procurador general” y “cientos de cargos que están pendientes”. Según el salteño, “necesitamos que estén cubiertos los cargos en todos los niveles de la Justicia” y agregó que “el hecho que esto esté pendiente no es más que la falta de consenso”.
“La Constitución en el ‘94 agravó muchas designaciones, exigiendo los dos tercios”, reconoció, pero aclaró que “en esa década había partidos políticos fuertes y sólidos, que lograron acuerdos para alcanzar esa reforma”.
“Hoy, después de dos décadas de grieta y fracaso de la política en lograr consensos, tenemos estas falencias”, lamentó.
También se expresó en contra de “vivir con conjueces tomando decisiones“. Para el Senador de LPU esto implica que aumente “la dilación de la resolución”. “Lo más grave es que al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica que tiene la Corte en muchos temas”, explicó.
“Esto sí trae inseguridad jurídica; algunos dicen que aumentar el número también. Pero más grave que aumentar el número es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles”, agregó.
“De nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios”, completó, “en algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”.
Algo similar expresó Mayans, quien acordó en que “esta es una discusión del sector político“. Según el formoseño, “el Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. Más del 90% no cree en la eficacia, eficiencia e imparcialidad de la justicia”.
También apuntó contra los tres supremos. Para él, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti “no están a la altura de las circunstancias”. Cometen “una violación permanente de la Constitución Nacional”, agregó.
“Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte”, profundizó, y recordó que “no tenemos Presupuesto Nacional, no tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria, política fiscal, ni impositiva, previsional, educativa, de salud, de seguridad, de defensa, de control de la deuda, de relación con los estados provinciales“.
“Y tenemos una Corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado“, completó. Es por eso que adelantó que desde Unión por la Patria están “dispuestos a un diálogo institucional” y “a reparar lo que haya que reparar con fuerza de ley”, aunque aclaró: “Hay que terminar con las mezquindades, sino vamos a terminar con la Patria misma”.
La Auditoría General de la Nación: Otro frente abierto del Gobierno
Este miércoles los representantes de La Libertad Avanza se mostraron ajenos a las conversaciones sobre las discusiones para ampliar la Corte. Hasta el año pasado, quien estaba al frente del tema era el asesor Santiago Caputo, aunque eso entró en duda luego del fracaso legislativo.
La posición oficial es esperar hasta fines de octubre para definir, ante la expectativa de posicionarse mejor en la distribución de bancas. Es que en el Senado, la tropa libertaria es particularmente débil y discutir ahora implicaría ceder un pliego al peronismo.
Sin embargo, en Casa Rosada no se inmutaron demasiado ante este debate y dejaron trascender que están dispuestos a aceptar una reforma que aumente la cantidad de bancas para los magistrados. Más allá de esto, lo que más preocupa al oficialismo es la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El senador radical Pablo Blanco fue uno de los que se expresó al respecto. “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”, dijo, y agregó:
“Es importante que tengamos Auditoría General de la Nación, que hace 30 días está vacante y es una vergüenza que un Gobierno que se dice defensor de las auditorías no facilite la discusión para el cumplimiento de la ley. Pero es mucho más importante discutir la problemática que está teniendo la gente con discapacidad, con los créditos UVA…”.
En este punto, no está claro qué pretende hacer Casa Rosada con la AGN, el otro tema que se puso en discusión. La Libertad Avanza había promovido que se mantenga el número de 7 integrantes, pero luego adelantó que buscaba modificar su conformación para quitarle una banca correspondiente a la Cámara Alta.
Lo cierto es que tampoco habilitó la negociación para nombrar a funcionarios en los 6 puestos vacantes (3 corresponden a la Cámara baja y los otros 3 al senado). Actualmente, solo queda su titular, el peronista Juan Manuel Olmos.
Según Blanco, en el Gobierno “están buscando tiempo, tratando de ver qué resulta de las elecciones para ver si cambia la conformación de las cámaras y, si les que le va bien, poder acomodar sus auditores”.
El accionar del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco facilita las discusiones. El riojano instruyó al Diputado Nicolás Mayoraz para que impulse un proyecto que modifique su integración, de modo que queden 2 lugares para el senado y 4 para los Diputados (donde los libertarios están mejor posicionados).
Irónicamente, en su defensa la libertaria Mercedes Llano aseguró que “lo que se busca es elevar la autonomía de la AGN y despartidizar ese organismo” para que no se use “como un botín político”.
El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, ya había hecho notar lo irrisorio de la situación cuando comentó que al oficialismo le “brota ese espíritu republicano” justo cuando la oposición acuerda la nominación de Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó.
