Se estancaron las negociaciones entre los Gobernadores y el Gobierno Nacional por el Presupuesto 2025 ante la negativa de Javier Milei a responder a sus reclamos, y las tensiones podrían reactivar la discusión por la Ley de DNU y el decreto de canje de deuda.
Este martes a las 15 horas está agendada la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el Diputado José Luis Espert, para avanzar con la discusión del Presupuesto Nacional 2025, luego de que la semana pasada el oficialismo no lograra dictaminar.
El objetivo de la Casa Rosada es dictaminar mañana para darle media sanción al proyecto durante esta semana e informarlo sin demoras al Senado. A pesar de lo optimista de este cronograma, el oficialismo deberá convocar a sesiones extraordinarias para permitir su tratamiento en el Senado y sancionar el Presupuesto entre el 11 y el 12 de diciembre.
Sin embargo, el Presidente Javier Milei se niega a responder a los pedidos de los Gobernadores y tensa las relaciones incluso con los mandatarios provinciales que venían mostrándose como sus aliados (los representantes del PRO y la Unión Cívica Radical).
Los encargados de destrabar las negociaciones empantanadas entre el Gobierno Nacional y los sectores dialoguistas (nucleados actualmente en los bloques federales), Casa Rosada envió al Vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y Guillermo Francos y Lisandro Catalán, de la jefatura de Gabinete.
Si las negociaciones se destraban ambos sectores llegan a un acuerdo, La Libertad Avanza podría obtener un dictamen de mayoría conformado por los 6 miembros del oficialismo, 2 del MID, 7 del PRO, 5 de la UCR, 2 de Encuentro Federal, 2 de Innovación y 1 de Producción y Trabajo. En conjunto, se quedarían con 25 de las 49 voluntades dentro de la comisión.
En caso contrario, el dictamen de Unión por la Patria (con las firmas de sus 20 integrantes) podría ser el mayoritario. Además del bloque de Germán Martínez, también se mostraron en desacuerdo con la propuesta oficialista los integrantes de Democracia para Siempre (2 diputados) y el de la Coalición Cívica, que no pretenden adherir a ningún despacho.
Entre tanto, Encuentro Federal concretaría la presentación de su propio dictamen de minoría, elaborado por el Diputado Nicolás Massot. Restaría definir si en este caso los integrantes de la UCR y el PRO adhieren a la propuesta del bloque de Miguel Ángel Pichetto o no.
De trabarse definitivamente la discusión, el Gobierno de Milei volverá a prorrogar el Presupuesto 2023, que había sido votado durante la gestión del entonces Ministro de Economía, Sergio Massa, y que no fue actualizado desde entonces a pesar de la inflación acumulada entre las gestiones de Alberto Fernández y el libertario.
Esta es la situación que más preocupa a los Gobernadores, ya que quedarán sujetos a la distribución de partidas discrecional que haga el Gobierno Nacional, lo que le daría una herramienta a Casa Rosada para extorsionar a las administraciones provinciales a cambio de acuerdos en el Congreso.
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Los ejes de la discusión
Recientemente los mandatarios provinciales que pertenecen al PRO y el radicalismo dejaron trascender un documento con 5 reclamos de cara a la discusión del presupuesto, y ninguno de ellos fue aceptado por la gestión libertaria.
El primer punto hace referencia al financiamiento por compensación del pacto fiscal del 2017, impulsado durante la gestión de Mauricio Macri. Otro tema a discutir es la coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos durante este año, que representan el 1% de la recaudación total.
Otro tema álgido es la eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles. Según la normativa vigente, de lo recaudado el 10,40% debe ser destinado al Tesoro Nacional.
Entre tanto, el 15,07% debe ir al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y el 10,40% a las Provincias. Otro 28,69% debe girarse al Sistema Único de Seguridad Social, mientras que el 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% a la Compensación Transporte Público.
La denuncia de los mandatarios provinciales es que el Ejecutivo no cumplió con la normativa, ya que muchos de estos fines no fueron respondidos por el Gobierno Nacional, que dejó en manos de las provincias el financiamiento de fondos como el FONAVI o el del Transporte Público.
Otra exigencia es la reducción del aporte realizado por las provincias de los fondos coparticipables por financiamiento a la ex AFIP. Es que Milei decidió disolver AFIP y reemplazarlo por la agencia ARCA.
Si bien esta decisión no implicó grandes cambios en el cobro de impuestos, sí abarcó una fuerte reducción de su planta de personal. La medida fue celebrada por el oficialismo como una forma de reducir los costos del Estado.
Ahora bien, el Presupuesto vigente establece que el 1,9% de la recaudación neta total será destinada para el funcionamiento del organismo. El reclamo es que si se redujeron los costos, entonces debe revisarse qué porcentaje de la recaudación se destina a ARCA. Ese 1,9% de la recaudación, las provincias quieren que se coparticipe.
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Por otro lado, piden discutir el financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la nación, pero desde los bloques dialoguistas indicaron que el Gobierno no aumentará la coparticipación mientras las provincias no acepten discutir las deudas con la Nación.
En última instancia, los gobernadores reclaman un cambio en la “regla fiscal” referida a los ingresos. El proyecto del Presidente establece que si se reducen los ingresos fiscales, también se reducen los giros a las provincias.
Sin embargo, si los ingresos son superiores a los proyectados, la diferencia quedaría en manos de la Nación, a usar de forma discrecional. Esta idea no gusta a las Provincias, que reclaman que se elimine esta discrecionalidad.
Rechazo de la oposición y las negociaciones con los aliados
En el caso del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez adelantó que los integrantes del espacio rechazarán el dictamen del oficialismo y tendrán su propia propuesta. El encargado de explicarla en la última reunión de comisión fue Carlos Heller.
“Este proyecto apunta decididamente a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que se viene llevando a cabo desde que asumió la actual administración. El proyecto de Presupuesto que se nos ha presentado claramente está en las antípodas de las políticas que los diputados y las diputadas de UxP nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes”, explicó.
La iniciativa peronista propone aumentar los presupuestos para Ciencia y Tecnología, Educación y Cultura, Seguridad Social, Vivienda, Asignaciones Familiares, Universidades, reestablecer el Fondo de Financiamiento Fiscal y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros puntos.
Por su parte, Christian Castillo (del Frente de Izquierda) también adelantó que no apoyará la propuesta del oficialismo. En cuanto a Democracia Para Siempre, si no prosperan las negociaciones de Nación con las provincias, los diputados que responden a Pablo Juliano no firmarían el dictamen que impulsa Espert.
Entre tanto, las bancadas más cercanas al oficialismo (el PRO de Cristian Ritondo y la UCR de Rodrigo De Loredo) se mueven en conjunto, y aunque inicialmente tenían pensado acompañar a La Libertad Avanza (a lo sumo, con disidencias parciales) el freno de las negociaciones con los gobernadores parece haber alterado sus planes.
Así, si finalmente no llegan a un acuerdo ambas partes, los espacios evalúan presentar su propio dictamen y dejar a los libertarios en soledad. Otra posibilidad es que se sumen al dictamen de Encuentro Federal, que cuenta con las voces del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Chubut, Ignacio Nacho Torres.
Si esto se concreta, se convertiría en el dictamen de mayoría. La propuesta de Massot mantiene el equilibrio fiscal eliminando gastos tributarios, aumenta las partidas de jubilaciones y Universidades e incorpora las demandas de las provincias.
Los dialoguistas quieren establecer qué ocurrirá con los excedentes de la recaudación si supera la proyección oficial, y plantean subir los recursos de las universidades (a pesar de que el Consejo Interuniversitario pide 7,2 billones de pesos, el gobierno estableció 3,8 billones).
Un elemento que el Gobierno sumó a la discusión es la posibilidad de eliminar las PASO y, con los fondos que se ahorren, financiar el reclamo universitario. La diferencia no solo sería insuficiente para cumplir con las demandas, sino que además tampoco gustó a los bloques opositores, que se negaron a esta posibilidad.
En cuanto a las jubilaciones, los dialoguistas no acompañan la ratificación del decreto sobre actualización de las jubilaciones, pero sí pretenden que se establezca la movilidad de los haberes de la clase pasiva.
Finalmente, en consonancia con el peronismo, quieren mantener la movilidad de la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares.
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Caputo y el canje de deuda
Cabe recordar que la discusión por el presupuesto estuvo frenada durante varias semanas, ya que en Casa Rosada admiten que no es prioridad su sanción. Lo que quieren es “avanzar y cerrar el trámite en el Congreso” para calmar las aguas y consolidar el apoyo de la oposición dialoguista.
Sin embargo, el debate se reactivó recientemente a partir del tratamiento de la Ley de DNU y la propuesta de derogar el DNU 846/2024, que permite al Ministro de Economía Luis Caputo realizar canjes de deuda sin respetar la ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.
Una gestión de último momento permitió al oficialismo hacer caer la sesión y la promesa era discutir el Presupuesto. Sin embargo, las bancadas de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre pidieron una sesión especial para este jueves con el objetivo de insistir en estos temas.
La expectativa gira en torno a lo que ocurra este martes, ya que si se rompe definitivamente la relación con los Gobernadores, es posible que no presionen a sus diputados para impedir el quórum reglamentario de 129 diputados.
Esto daría lugar a la sesión y eventualmente a la media sanción de los proyectos. Esta posibilidad es la que más preocupa a Caputo y pone en jaque parte de su programa económico.
