Los legisladores de La Libertad Avanza incluyeron en el Presupuesto 2026 un artículo para derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, que el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar pese a que sus vetos fueron rechazados en el Congreso.
El Gobierno de Javier Milei obtuvo este martes el dictamen para su proyecto de Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Este miércoles a las 14 horas la ley de leyes se discutirá en el recinto.
Como si el ajuste que pretende impulsar no fuera suficiente, La Libertad Avanza incluyó discretamente un artículo para derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, ambas aprobadas con amplias mayorías este año e insistidas por más de dos tercios del Congreso tras los vetos presidenciales.
El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen de mayoría
La comisión que preside Alberto “Bertie” Benegas Lynch reunió este martes 28 firmas para el dictamen de mayoría, de las cuales seis fueron en disidencia parcial. El oficialismo consiguió el respaldo de diputados de La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.
En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque de Provincias Unidas impulsó un tercer despacho con tres rúbricas. La sesión especial para tratar el proyecto fue convocada para este miércoles a las 14.
Tras 2 años de prorrogar el presupuesto, ahora que el gobierno cuenta con mejores números en el Congreso pretende avanzar rápidamente hacia la media sanción y girar el texto al Senado lo más rápido posible.
El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto al señalar que “nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar“. Efectivamente, esa es la función del presupuesto, a la que el oficialismo le restó importancia durante todo lo que va de su gestión.
El diputado cordobés reivindicó el equilibrio fiscal como eje ordenador de la iniciativa y aseguró que “este Presupuesto ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las PyMEs y de los trabajadores”. Sin embargo, omitió mencionar
Junto al proyecto de Presupuesto, el oficialismo también logró dictamen para dos iniciativas fiscales adicionales: el proyecto de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria” y la ley de “Inocencia Fiscal”, conocida popularmente como “dólar colchón”.
Esta última busca blanquear los dólares que los ahorristas mantienen sin declarar y elimina la necesidad de justificar el dinero para consumo personal. El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta el mínimo para considerar evasión simple de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones.
Además, introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia y reduce el plazo de reclamo de impuestos no declarados de 5 a 3 años.
La oficialista Silvana Giudici consideró que el dictamen “deja de perseguir a los ‘perejiles’ para concentrar el poder del Estado en los grandes evasores”, pese a que los cambios tienen como principales beneficiarios a los evasores que manejan grandes montos de dinero.
[incluir_entrada id=”134999″]
La cruzada de Milei contra la salud y la educación
La principal sorpresa llegó en la antesala de la reunión de comisión, cuando el oficialismo presentó modificaciones al texto que ya tenía dictamen desde antes del recambio legislativo.
El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, presionó a Bornoroni para que hiciera públicos los cambios en la comisión. El legislador libertario se limitó a ratificar que había modificaciones y que las harían “circular a la mayoría de los bloques”.
Concretamente, el artículo 75 del nuevo dictamen deroga las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, respectivamente. Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso y vetadas por el presidente Milei, pero luego fueron insistidas por más de dos tercios en ambas cámaras.
Tras perder la batalla contra las insistencias parlamentarias, Milei promulgó ambas leyes pero las suspendió en los hechos al no asignarles partidas presupuestarias, argumentando que “no hay plata” y que el propio Congreso debería establecer el origen de los fondos.
Como contrapartida, decretó aumentos discrecionales tanto para las partidas universitarias como para los prestadores en discapacidad, aunque los incrementos estuvieron muy por debajo de lo establecido en las propias leyes.
Además, el oficialismo incorporó el artículo 77, que modifica el artículo 9 de la ley 13.478 y elimina la posibilidad de otorgar una pensión a personas con certificado único de discapacidad, otro de los derechos reconocidos en la ley de Emergencia.
Las reacciones desde los sectores afectados no se hicieron esperar. El Secretario General de la Asociación de Docentes de la UBA, Emiliano Cagnacci, manifestó que “están llevando a la comunidad educativa otra vez a un conflicto”.
Cagnacci recordó que, además de no cumplir con el Financiamiento Universitario, el Gobierno decretó unilateralmente los aumentos para 2026, dejando a los gremios docentes fuera de la discusión.
“No sólo le están dando la espalda a la institucionalidad y a las leyes vigentes que deberían estar aplicando porque así lo determinó el Congreso, sino que además siguen sin convocar a la discusión paritaria, lo que agrava aún más la situación”, agregó el dirigente sindical.
En el caso de la Emergencia en Discapacidad, un fallo de la justicia federal de Campana vigente desde la semana pasada obliga al Gobierno a aplicarla sin miramientos, con los fondos necesarios para que los prestadores y las instituciones de apoyo recuperen lo perdido por el ajuste oficial desde diciembre de 2023.
Un prestador del sistema consultado señaló que “el gobierno hizo todo lo posible para dilatar los tiempos legislativos, de promulgación y después judiciales. Y ahora que está acorralado por el fallo de Campana, busca derogarla. Claramente no les importan el origen de las partidas, solo quieren destruir al colectivo de la discapacidad“.
La contrapropuesta de los diputados peronistas
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó la presentación de dictámenes propios no solo para la ley de gastos, sino también para las iniciativas fiscales.
La propuesta del peronismo reincorpora el financiamiento universitario en los términos aprobados por el Congreso y contempla los fondos correspondientes a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Pediátrico.
Martínez advirtió sobre el artículo 30 del proyecto oficial, que plantea la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo. “Queremos posicionarnos claramente en contra de esa derogación, que elimina el compromiso de destinar el 6% del PBI a la educación“, señaló.
En relación con las universidades nacionales, el legislador santafesino precisó que el proyecto de Unión por la Patria prevé una asignación de 7,3 billones de pesos para 2026, frente a los 4,8 billones anunciados por el Gobierno.
Además, incluye un esquema de becas con actualización de Progresar, el respeto de las paritarias docentes y no docentes, y la garantía de fondos para educación ambiental y escuelas técnicas.
El diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin denunció que “hay una falta de respeto institucional” y “de republicanismo” por parte del oficialismo al incluir estas derogaciones en el texto presupuestario.
La diputada Cecilia Moreau fue aún más enfática en sus críticas, sosteniendo que quienes acompañaron el dictamen oficial “validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad” y calificó ese respaldo como una “traición a las mayorías sociales” que impulsaron esas normas.
“El acompañamiento [de las derogaciones incluidas en el presupuesto] es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de estas leyes pero, por sobre todo, es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron”, expresó en redes sociales.
Por su parte, el diputado Itai Hagman alertó que el nuevo texto enviado por el Gobierno insiste en derogar leyes que ya habían sido sancionadas por insistencia del Congreso, y denunció que el ajuste presupuestario avanza sobre derechos previamente garantizados.
Respecto al proyecto de Compromiso Fiscal, Hagman sostuvo que “el único gasto que está garantizado con esta regla es el pago a los acreedores” y no así las jubilaciones y la obra pública. Calificó la iniciativa como “una ley fiscal ridícula” que “no se aplica en ningún país del mundo”.
Desde el peronismo anticiparon que “vamos a rechazarlo totalmente y vamos a construir una mayoría para restaurar las leyes de emergencia en discapacidad y de emergencia en universidad”.
[incluir_entrada id=”137515″]
“Un verdadero mamarracho constitucional y legislativo”
Las objeciones no provinieron únicamente del peronismo. La diputada Karina Banfi manifestó estar de acuerdo con proyectos que busquen un esquema “financiero equilibrado” pero arremetió contra el articulado del proyecto de Compromiso Fiscal.
“Tiene artículos que son inconstitucionales“, advirtió. “Se entromete en funciones exclusivas del Congreso; trata de disciplinar desde el Poder Ejecutivo al Congreso”, agregó la legisladora radical. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue igualmente crítico:
“Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue”.
Resta conocer cuál será la posición definitiva de los bloques de la oposición dialoguista y los aliados del gobierno que votaron ambas leyes con amplio consenso hace pocas semanas. La incógnita es si cambiarán su voto como ya lo habían hecho los “radicales con peluca” al convertirse en los “heroes” que frenaron los aumentos jubilatorios en 2024.
