La desregulación del régimen de practicaje impulsada por Federico Sturzenegger encendió las alarmas por la seguridad portuaria y derivó en un paro que paralizó los principales puertos del país, incluido el de Bahía Blanca.
Un decreto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desató un paro que paraliza los principales puertos del país, incluido el de Bahía Blanca.
La medida de fuerza, iniciada por los prácticos, pilotos y baqueanos, mantiene detenidos a más de 140 buques y genera alarma por eventuales problemas en el abastecimiento de combustible y en las exportaciones de granos.
El paro paraliza los principales puertos
Desde la madrugada del lunes 3 de agosto, prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país dejaron de aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y su ministro.
Se trata de un cese de actividades por tiempo indeterminado que, según distintas fuentes del sector, ya afecta a entre 140 y más de 150 buques, con cifras que crecen a medida que pasan las horas.
La paralización alcanza a terminales estratégicas como Rosario, Bahía Blanca, Campana, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Quequén, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, esta última clave para el traslado de petróleo crudo hacia las refinerías.
El Centro de Navegación, que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% del comercio exterior argentino, advirtió en una carta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación que la situación “ha escalado” y que ya hay operaciones canceladas y redireccionadas hacia Montevideo y el sur de Brasil.
En Bahía Blanca, el conflicto impacta directamente en la logística vinculada a Vaca Muerta. El buque HL White Marlin, que trasladaba la flota técnica destinada al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) con equipamiento para la futura terminal offshore de Punta Colorada, en Río Negro, permanece fondeado sin poder iniciar las maniobras de descarga por falta de practicaje.
Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos y advirtieron sobre posibles dificultades de abastecimiento. La preocupación alcanza a la distribución de nafta, gasoil y fuel oil, dado que buena parte de esos productos circula por los muelles hoy inmovilizados.
Ante el escenario, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar individualmente a más de 500 profesionales para que retomen sus tareas, argumentando que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que su interrupción podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no puede disponer una conciliación obligatoria porque, según fuentes oficiales, “técnicamente no existe un conflicto laboral”, ya que los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni agremiación que permita ordenar un cese colectivo.
En algunos puertos bonaerenses el efecto es dispar: en Puerto Quequén, los buques ya amarrados continúan con tareas de carga, aunque se frenó el ingreso y egreso de nuevas embarcaciones. En Puerto La Plata, una operación vinculada a hidrocarburos quedó condicionada por falta de espacio en la rada, lo que llevó a poner la situación en conocimiento de la Prefectura Naval.
Desde una de las terminales bonaerenses, una fuente consultada por el sector expresó sobre la medida del Gobierno: “Están jugando con cosas que no tienen repuesto. Que hagan lo que quieran con la libertad, aunque fijen precios máximos para el practicaje. Lo que no pueden hacer es tomar medidas que afecten la seguridad de la navegación. Es una locura”.
Y agregó, sobre la posibilidad de que capitanes queden exceptuados de contratar un práctico: “No sabemos el desastre ecológico que eventualmente pueden llegar a producir”.
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Qué establece el decreto de Sturzenegger
El Decreto 690/2026 reemplaza el régimen vigente desde 1991 y desregula el servicio de practicaje y pilotaje en todo el país.
Entre sus principales cambios, crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval, permite la contratación libre de estos profesionales por parte de los usuarios y elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores al mercado.
La norma también dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) establezca tarifas máximas para el servicio y obligue a publicar los precios, con el objetivo declarado de fomentar la competencia.
Asimismo, elimina la segmentación geográfica que exigía cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones de traslado de estos profesionales y amplía los casos de excepción al uso obligatorio del servicio, entre ellos el de capitanes extranjeros que acrediten conocimiento de zona y dominio del idioma inglés.
El decreto incorpora, además, mecanismos para garantizar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales, lo que incluye la posibilidad de que la Prefectura preste directamente el practicaje.
Según el texto oficial, la reforma “elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios”.
Sturzenegger defendió la medida al sostener que el practicaje “suma un montón a eso que llamamos ‘costo argentino‘”. Este ha sido el argumento del ministro para eliminar restricciones y controles en distintas áreas del Estado.
La reforma despertó preocupación dentro de la Armada por su posible impacto en la seguridad de la navegación, y generó rechazo entre empresas del sector, que sostienen que la norma habilita el ingreso de buques y operadores extranjeros bajo una supervisión más flexible que la anterior.
