Javier Milei reglamentó el “silencio positivo” para trámites administrativos, un punto de la Ley Bases que abre las puertas al remate de tierras públicas, y que el libertario acompañará con una serie de decretos para poner a la venta varios inmuebles del Estado.
Desde la sanción de la Ley Bases a fines de junio, el Gobierno Nacional viene llevando adelante la reglamentación de los distintos capítulos del proyecto. En este contexto, a partir del 1 de noviembre comenzará a regir el “silencio administrativo”, un mecanismo por el que se autorizan automáticamente tramites administrativos ante la falta de respuesta del Estado.
La normativa afecta -entre otros- a las tierras estatales, que podrán pasar a manos de privados gracias a la inacción del Gobierno Nacional. De esta manera, varios negocios inmobiliarios ya no podrán discutirse y quedarán habilitados.
En paralelo, el Presidente Javier Milei ya prepara una serie de decretos para avanzar con el remate de las tierras públicas. Se trata de más de 200 terrenos que se pondrán a la venta con el objetivo de recaudar unos mil millones de dólares.
El texto está siendo elaborado por funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), e incluye terrenos tanto dentro como fuera del país. Entre ellos, están incluso varios predios de las Fuerzas Armadas, como el Campo Hípico militar y el Regimiento de Patricios.
Silencio positivo y negocios inmobiliarios
Este lunes el Gobierno Nacional reglamentó el “silencio positivo” para trámites de la administración central y organismos descentralizados. La normativa responde al artículo 31 de la norma de la ley bases, e implica la modificación -a partir de noviembre- del artículo 10 de la Ley 19.549.
“A partir del 1º de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados”, indica el texto, “deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos”.
Puntualmente, “en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa“, a través de la “Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos”. De esta forma, quedarán habilitados varios negocios inmobiliarios, que ya no podrán ser discutidos.
En cuanto a la Ley de Administración Pública que rige hasta ahora, cabe destacar que la normativa funciona desde 1972. La interpretación legal del silencio administrativo figura en su artículo 10, en el que detalla que la respuesta, “frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa”.
Entre tanto, “sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo“. “Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de 60 días“, agrega el texto original, “vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 30 días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.
En otras palabras, la normativa original indicaba que en caso de que el Estado no expresara una respuesta luego de 60, esta se interpretaría automáticamente como negativa. Ahora el razonamiento será el opuesto, si el estado no responde, el silencio será positivo. Una habilitación legal a la medida de quienes buscan hacer negocios con el patrimonio estatal.
Según el abogado Fernando Juan Lima, “el origen de la mayoría de las dificultades que se han presentado alrededor del silencio tiene su origen en el olvido de la razón de ser de este singular instituto y en la concepción del silencio como un verdadero acto”.
“La figura del silencio positivo, cuyo campo natural de acción se halla en el ámbito de la denominada actividad de policía o de control mediante la autorización de actividades privadas, no ha tenido fácil aceptación y sólo se ha previsto en limitadísimos supuestos“, remarca en uno de sus ensayos.
Rematar las tierras públicas a espaldas del Congreso
En paralelo con la reglamentación de la Ley Bases, y desesperada por obtener divisas extranjeras, Casa Rosada prepara una serie de decretos para poner a la venta alrededor de 200 terrenos e inmuebles del Estado. El libertario planea “privatizar todo lo que se pueda privatizar“.
El listado de propiedades en riesgo implica varios predios, aunque el grueso del listado está compuesto por los inmuebles de las Fuerzas Armadas. En conjunto, el Ejecutivo espera ganar mil millones de dólares con esta maniobra.
Entre militares hay preocupación por la posibilidad de desprenderse de terrenos como el Campo Hípico militar y del Regimiento de Patricios.
Asimismo, la operación a cargo de la AABE se llevará adelante sin la participación del Congreso, que viene de impartirle 3 derrotas legislativas a Javier Milei en los últimos días. Cabe recordar que algo similar había hecho Mauricio Macri durante su gestión.
En este caso, el encargado de la elaboración de la lista es Nicolas Pakgojz, un exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Detrás de su nombramiento, la sospecha es que se encuentra el empresario Eduardo Elzstain, el dueño del Hotel Libertador donde el Presidente se hospedó durante el último tramo de su campaña y parte de su mandato.
El dueño del hotel donde se hospeda Milei controlará los bienes del Estado nacional
A través del decreto 636/24, Milei puede vender terrenos solo con su firma y la AABE tiene “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional”.
Desde el Ejecutivo ya hicieron explícitas sus intenciones de deshacerse del edificio donde funcionaba el Ministerio de las Mujeres, así como bienes “incautados en casos de corrupción” y propiedades “en desuso” que el libertario puede rematar sin costo político.
Otro sector que sería fuertemente perjudicado sería el ferroviario, así como los predios de las universidades nacionales y organismo como el INTI. Incluso Tecnópolis estaría en la lista.
Los sectores universitarios y científicos vienen estando entre las principales víctimas del desguace libertario, y transitan una fuerte crisis presupuestaria que en algunos casos a llevado a las instituciones a la paralización.
Para esto, Pakgojz pidió a las distintas dependencias del estado que informen sobre la cantidad de inmuebles a disposición (es decir, no solo los que están en desuso), en un llamado que fue extensivo a las Fuerzas Armadas.
Los terrenos de las Fuerzas Armadas
En medio de una cruda interna con la Vicepresidenta Victoria Villarruel y el sector pro-militar del oficialismo, Milei apunta a los 1.500 inmuebles del Ejército, los 3.500 de la armada y los más de 3.000 que tienen Prefectura y Gendarmería.
En CABA, los terrenos más codiciados son el Campo Hípico y los terrenos de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército. El Regimiento de los Patricios (en Palermo) y el edificio del Regimiento de Granaderos también están entre los intereses, así como el edifico del Círculo de la Fuerza Aérea y hasta el predio del Servicio Meteorológico Nacional (cerca de Aeroparque).
En Mendoza se encuentra el Campo de los Andes y sus 10 mil hectáreas. En Córdoba está la Fábrica Militar Río Tercero, una de las sedes de Fabricaciones Militares. Previamente el Ministro Luis Petri había visitado la zona con representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La visita causó alarma entre los trabajadores y derivó en un pedido de informes de la Diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) exigiendo “información precisa y detallada sobre todas las empresas privadas y/o extranjeras que han visitado la Empresa Estatal Fabricaciones Militares”.
La legalidad de las ventas, en discusión
Esta no es la primera vez que se impulsan medidas de este estilo. Son conocidos los negocios Inmobiliarios en CABA que impulsó Macri entre 2016 y 2019, cuando habilitó 71 procesos de venta. En aquella oportunidad la mayoría de los terrenos estaban en el bastión PRO.
El negociado se dio partir de un vacío legal ocurrido durante la creación de la AABE en 2012, que daba al Poder Ejecutivo la autorización final en este tipo de maniobras. Escudado en un decreto de la dictadura que para delegar toda responsabilidad al PEN, Macri avanzó con la venta. Algo similar está haciendo Milei.
Sin embargo, la legalidad de las ventas está en discusión y no se descartan amparos en el fuero Contencioso hasta denuncias de tipo penal. Según el abogado y titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo:
“El Plan Sistemático de venta de tierras públicas que implementará Milei va en contra de la Constitución Nacional por que no tiene autorización del Congreso para hacerlo y podrá constituir la comisión del delito de asociación ilícita que alcanzará a todos los que participen en estas ventas”.
