El gobierno de Javier Milei incluyó su proyecto de Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, pese a que desde la oposición venían reclamando que se priorice la declaración de emergencia para las provincias afectadas por los incendios forestales.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que el proyecto de Ley Penal Juvenil será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero.
El anuncio tuvo lugar tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, en la que participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El gobierno de Javier Milei decidió priorizar el tratamiento del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años de edad pese a que la oposición venía reclamando al oficialismo que priorice cuestiones urgentes como los incendios forestales en la Patagonia, que han afectado gravemente a varias provincias del sur del país.
De hecho, el chubutense Juan Pablo Luque y otros diputados nacionales habían presentado un proyecto de ley que declara la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”, frente a la gravedad de los incendios que afectan amplias zonas de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.
El legislador de Unión por la Partia había dicho que por los incendios que están arrasando el sur del país “nunca más vamos a ver esta zona de la cordillera como la conocíamos”, y aseguró que para esa región “el desastre ambiental es tremendo”.
Aprobar el proyecto implicaría el desembolso inmediato de fondos nacionales, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias afectadas, asistencia directa a personas y familias damnificadas, reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas y aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las zonas afectadas.
¿Delito de adulto, pena de adulto?
La principal impulsora de la iniciativa es Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Tras el anuncio de Adorni, Bullrich expresó en sus redes sociales: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad“. La senadora agregó:
“La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir“.
Bullrich había retomado la discusión sobre este tema la semana pasada, a raíz del asesinato del joven Jeremías Monzón, de 15 años, quien fue asesinado en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores de edad.
En su momento, la senadora señaló: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara“. Para Bullrich, el resultado es: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”.
Por su parte, la diputada Karen Reichardt también defendió el proyecto a través de un video en sus redes sociales. “No se trata de ideologías políticas, se trata de sentido común. Queremos que las personas que delinquen, tengan la edad que tengan, las paguen”, afirmó la legisladora. Reichardt acuñó la frase: “delito de adulto, pena de adulto”, y añadió:
“En Argentina hay menores que matan, roban armados y en pocas horas están otra vez en la calle, como si nada”.
Sin embargo, cuando los legisladores libertarios hablan de “delito de adulto, pena de adulto”, cabe preguntarse si también pretenden enviar a los menores a cárceles de adultos o si la lógica solo aplica cuando suena bien en redes sociales.
Los datos oficiales contrastan fuertemente con el discurso alarmista del oficialismo. En la Provincia de Buenos Aires, los datos del Ministerio Público provincial revelan que la participación juvenil en el delito constituye apenas el 2,25% del total provincial.
Se trata de 23.846 causas, frente a las 1.036.696 del Fuero Criminal y Correccional, correspondiente a los mayores de 18 años. En delitos graves como homicidios dolosos, los menores representan apenas el 8% del total de crímenes consumados de este tipo.
La serie histórica del Ministerio Público de los últimos 14 años muestra un descenso del total de causas en que se investigan delitos imputados a personas menores de 18 años. Se trata de una reducción de 11% en términos absolutos y 21% al considerar las tasas cada 100.000 habitantes.
Si se analizan específicamente los homicidios dolosos, la cantidad de investigaciones con jóvenes imputados muestra una tendencia decreciente: en 2009 se registraron 152 casos, mientras que en 2023 la cifra descendió a 66, lo que representa una reducción de casi un 57%.
Cabe mencionar que UNICEF, en su informe “Posicionamiento de Unicef sobre Justicia Penal Juvenil (Argentina)”, señala que “la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años”. El organismo remarca que
“No hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población”.
Sea como fuere, el Gobierno nacional tampoco viene impulsando ninguna herramienta para evitar que los más jóvenes entren en el delito, a diferencia del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que presentó el programa “Entramados”, destinado a la prevención del delito y la reincidencia por parte de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
El régimen actual y los cambios propuestos
Actualmente, la edad de imputabilidad es a los 16 años, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980, durante la última dictadura militar. Esto significa que los menores de esa edad no pueden ser juzgados penalmente. Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos.
Sólo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos), pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados.
El nuevo código penal juvenil que impulsa el Ejecutivo propone establecer la edad de imputabilidad en 13 años, según revelaron fuentes de Casa Rosada. El régimen de penas deberá orientarse:
“Siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
El proyecto cuenta con un apartado sobre el “cuidado de la dignidad humana” del adolescente, que establece el impedimento a ser desprovisto de su derecho a la identidad de género. También prohíbe la publicación de nombres, así como la exhibición de fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación.
Lo que el oficialismo omite mencionar es que, si no pretende que los menores transiten sus penas en cárceles para adultos, debería realizar una fuerte inversión en institutos especializados. Hasta el momento no lo ha hecho y tampoco se ha encargado de mejorar la situación del sector.
El proyecto ya había sido presentado en 2024 y obtuvo dictamen en mayo de 2025 en la comisión presidida por la entonces diputada macrista Laura Rodríguez Machado, ahora integrante del bloque de La Libertad Avanza. Sin embargo, nunca llegó al recinto en lo que fue un año complicado para el oficialismo.
En aquella ocasión existieron diferencias entre los libertarios y el PRO por la edad de imputabilidad. Mientras el Gobierno pujaba por que sea de 13 años, el macrismo insistió en que se establezca en 14, edad que finalmente quedó estampada en aquel dictamen y que el Gobierno buscará modificar en este nuevo tratamiento.
El dictamen se cayó por los cambios en la composición de la Cámara, según explicaron fuentes del oficialismo. Ahora, con el nuevo llamado a extraordinarias, el proyecto volverá a ser discutido, aunque desde Casa Rosada admiten que podría aprobarse recién en marzo.
Fuentes oficiales explicaron que la decisión de avanzar con la Ley Penal Juvenil en lugar de la Reforma Penal completa responde a cuestiones de tiempo. “Son más de 900 artículos, no dan los tiempos. La Penal Juvenil, que corresponde a otro régimen separado al Penal común, es más corta y puede tratarse en estas instancias”, señalaron desde Casa Rosada.
En el oficialismo advierten que la reforma laboral y el acuerdo con el Mercosur son prioridad, por lo que no se enfocarán en el proyecto de Ley Penal Juvenil hasta mediados de febrero. La posibilidad de declarar en estado de emergencia a las provincias afectadas por incendios parece estar completamente ausente en las prioridades del gobierno.
Santilli y Bullrich en campaña por la reforma laboral
Además de la Ley Penal Juvenil, el temario de las sesiones extraordinarias incluye la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, y el eventual debate sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Este último punto genera dudas en Casa Rosada. Si bien estaba previsto tratarlo en febrero, un sector del Gobierno se muestra partidario de posponer el debate, dado que si se trata y aprueba pero el Parlamento Europeo logra resistirlo, carecería de sentido el accionar del Congreso Nacional.
En paralelo a la discusión por la Ley Penal Juvenil, Diego Santilli y Patricia Bullrich buscan los votos que les faltan para impulsar la reforma laboral, otro de los temas centrales en el temario de las sesiones extraordinarias.
Santilli tuvo un enero de intensa actividad: ya visitó seis provincias y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para el proyecto. El ministro del Interior viajará esta semana a Corrientes y Misiones para reunirse con los gobernadores Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.
El Gobierno ya tiene el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). De concretar el respaldo en Corrientes y Misiones, la suma de apoyos ascendería a 10 provincias.
En cada visita, Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”.
Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial, que reducen alícuotas de impuestos como Ganancias y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias. Tampoco está claro que el proyecto genere empleo privado.
La arquitectura de negociación quedó definida en la última reunión de la mesa política: Patricia Bullrich quedó a cargo del diálogo con los aliados en el Senado, Martín Menem de la negociación en Diputados y Diego Santilli del vínculo con los gobernadores.
La idea del Ejecutivo es votar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero en la Cámara alta, para que ambos proyectos desembarquen en Diputados el 19 de febrero.
En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 del PRO, y suman a la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores y otros tres que son opositores en sus provincias. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre.
Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de provinciales para llegar a los 37 del quórum.
La mirada está puesta en la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz; la neuquina Julieta Corroza; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero también podrán recurrir a peronistas disidentes: Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.
