El Gobierno de Javier Milei desplegó un violento mensaje en las estaciones de AMBA para intimidar a quienes participen de la marcha de jubilados, y temiendo una movilización masiva, Patricia Bullrich planea cortar los accesos a CABA para evitar la llegada de manifestantes al Congreso.
Este miércoles se llevará adelante una nueva marcha de jubilados a partir de las 17 horas. Como todas las semanas, los manifestantes se agruparán frente al Congreso de la Nación para exigir mejoras en sus haberes y la restitución de remedios gratuitos por parte de PAMU, entre otros.
Sin embargo, esta semana la movilización estará atravesada por el repudio al violento operativo policial impulsado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la semana pasada. En aquella oportunidad, fueron detenidos cientos de manifestantes y las fuerzas de Seguridad hirieron de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo, quien aún lucha por su vida.
Por otro lado, cabe destacar que los jubilados estarán acompañados por organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones de hinchas de varios clubes de fútbol del país, a quienes se suman cada vez más sectores.
Temiendo una movilización masiva, el Gobierno de Javier Milei decidió redoblar la apuesta y en un intento de desincentivar la protesta publicó mensajes amenazantes en varias estaciones del AMBA, que repetían la consigna: “La protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la república“. La frase también se desplegó en varias pantallas.
Además, la marcha se realizará mientras en el interior del Congreso de la Nación -que amaneció vallado- se celebrará una polémica sesión por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que Milei pretende que se apruebe el endeudamiento con el FMI.
Un operativo represivo diseñado por Bullrich y la SIDE
Entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, habrá más de 2.000 efectivos apostados en los alrededores del Congreso. Puntualmente, serán 900 policías porteños, 720 policías federales y alrededor de 40 miembros de Gendarmería y Prefectura.
Así lo definió el Gobierno luego de la reunión que la Ministra Bullrich sostuvo con los líderes de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, el secretario de Transporte, Franco Mogetta; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El martes se especulaba con la posibilidad de que, tras la violencia ejercida por las fuerzas de Seguridad la semana pasada, el Gobierno optara por evitar los enfrentamientos y no aplicar el protocolo antipiquetes.
Según consignaba TN, la idea era poner a los efectivos detrás de los vallados ubicados para evitar el paso de manifestantes. Sin embargo, Casa Rosada advirtió que tiene previsto reprimir a quienes intenten derribar las vallas. En la zona también habrá camiones hidrantes.
Cabe recordar que el oficialismo viene justificando su accionar argumentando que la semana pasada habrían estado presentes barrabravas en la marcha de jubilados, y varios funcionarios incluso argumentaron que se trató de un intento de golpe de Estado, responsabilizando a sectores vinculados al peronismo y a la izquierda.
Lo cierto es que aunque más de 100 personas terminaron detenidas tras la marcha, la jueza Karina Andrade rápidamente procedió a la liberación de casi todos, remarcando que no se le había provisto información suficiente como para probar que hayan cometido algún delito. La respuesta del Gobierno fue denunciar a la magistrada.
Durante la semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “el uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado“, y anticipó que los manifestantes “serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse”.
Con el fotógrafo Grillo como estandarte, cada vez más sectores se suman a la marcha de jubilados
Como en la fase 1: Bullrich bloquea los accesos a CABA
En cuanto a la presencia del Secretario de Transporte en la reunión en la que se diseñó el operativo, cabe señar que responde a la intención de controlar los accesos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires, en la que participará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El bloqueo de los accesos a la Capital responde al temor de Bullrich por la posibilidad de una marcha masiva, y recuerda a las políticas llevadas adelante durante la fase 1 de la cuarentena por el COVID-19, que la ministra tanto había cuestionado en 2020, al punto de violar la cuarentena para participar de marchas contra el dispositivo sanitario.
La funcionaria había intentado mantener la iniciativa en secreto y tampoco dijo nada sobre la instalación de inhibidores en el área del Congreso. Incluso dio a entender que pretendía frenar el paso de quienes llevaran camisetas de fútbol.
Las imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad instalando dispositivos en los árboles de la plaza frente al palacio legislativo derivó en un amparo presentado por el exdiputado Jorge Rivas ante la Justicia, en el que solicita:
“Suspender de manera inmediata la prohibición del uso de drones en la marcha de jubilados convocada para el día 19 de marzo de 2025, garantizando así el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la transparencia y la integridad física de los manifestantes”.
La decisión de impedir el uso de drones no es una casualidad, ya que justamente fueron estos aparatos los que captaron las imágenes que luego permitieron desmontar el falso relato que Bullrich había intentado montar sobre el proyectil lanzado contra Grillo.
Entre tanto, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires publicó un “mapa de afectación de tránsito desde las 9 horas“, que incluye la zona del Congreso y sus alrededores.
Recompensas a cambio de información
Esto no impidió que el oficialismo siga insistiendo en su relato contra los manifestantes. De hecho, en las últimas horas el Ministerio de Seguridad hizo oficial la promesa de Bullrich de ofrecer recompensas a quienes informen al Estado Nacional sobre los participantes de la marcha que habrían ocasionado disturbios.
A través del a Resolución 357/2025, la cartera dispuso la entrega de 10 millones de pesos a “aquellas personas que aporten información clave que permita identificar y lograr la captura de los autores y responsables de los incidentes” de la semana pasada.
En su comunicado oficial, el Ministerio insistió en que “el hecho en cuestión involucró a grupos organizados que, bajo la excusa de participar en una manifestación de jubilados, promovieron disturbios de extrema gravedad“.
En este contexto, aseguraron que se registraron “agresiones a efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, “ataques con armas blancas y de fuego“, “incendios de vehículos oficiales y daños a bienes públicos”. Además, “más de una docena de efectivos policiales resultaron heridos“, agregan.
El texto evitó hablar de las agresiones impulsadas por los propios efectivos contra los manifestantes, sobre los que -por otro lado- aún no se probó la utilización de armas blancas o armas de fuego, como proclama la Ministra.
De lo que si se captaron registros, es de la presencia de supuestos infiltrados en la marcha que se grabaron incendiando contenedores de basura. También se pudo observar un móvil policial abandonado y con las puertas abiertas, que luego -casualmente- fue prendido fuego. A esto se sumó la imagen de un uniformado “plantando” un arma en la plaza.
El Gobierno Nacional presentó una denuncia contra los manifestantes, a quienes acusa de delitos de sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional.
Mientras tanto, el Congreso discute el DNU de Milei
La manifestación coincidirá con la sesión pedida en el Congreso para discutir el DNU en el que Milei pide autorización para avanzar con un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El oficialismo viene de conseguir las nueve firmas que necesitaba en la bicameral gracias al apoyo de bloques aliados (y pese al rechazo de Unión por la Patria) a pesar de que aún no ha dado precisiones sobre los montos del acuerdo ni el uso que se le dará al eventual desembolso.
Por parte del Poder Ejecutivo habían asistido al congreso el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía, José García Hamilton, y el director del Banco Central, Mario Griffi.
Sin embargo, cuando se preguntó a Quirno al respecto, el funcionario respondió:
“A esta pregunta, Quirno respondió: “El monto no es un capricho, no está definido y esto, al final del día, la dará el FMI. Al tener esa incognita que tienen ustedes, y de alguna manera nosotros, no se pueden definir algunos de los temas que se han preguntado. Por ejemplo: la división en el uso para cancelar letras intransferibles o pagar vencimientos”.
