El Gobierno de Maximiliano Pullaro mandó a colocar carteles en las rutas nacionales responsabilizando por la falta de mantenimiento a la administración de Javier Milei, que recientemente decidió disolver la Dirección de Vialidad Nacional.
En medio del creciente conflicto entre los gobernadores provinciales y el Gobierno de Javier Milei por la falta de inversión en infraestructura, el gobierno de Santa Fe tomó una medida inusual: colocó carteles viales en rutas nacionales para advertir sobre su estado deteriorado y responsabilizar directamente a la administración nacional por la falta de mantenimiento.
La iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro incluye la instalación de cerca de 20 carteles rojos con letras blancas en las intersecciones entre rutas provinciales y nacionales. Los letreros indican que “Aquí empieza la Ruta Nacional, mantenida por el Estado Nacional” y alertan sobre el “estado catastrófico” de estas vías.
“Hemos pedido a Nación, sin respuesta favorable aun, que ceda las rutas que no van a arreglar y que nos haremos cargo, porque muchos santafesinos ponen en riesgos sus vidas al transitarlas”, había dicho Pullaro, quien también recomendó a los conductores utilizar rutas provinciales alternativas en la medida de lo posible.
La Ruta A012, que rodea Rosario, representa uno de los casos más críticos. Por esta vía transitan más de 2 millones de camiones al año, pero presenta baches profundos, falta de señalización, pastizales que reducen la visibilidad y una carpeta asfáltica severamente deteriorada.
La importancia de esta infraestructura es crucial para el sur de Santa Fe, que concentra uno de los polos agroexportadores más importantes del país y por donde salen gran parte de las ventas al exterior.
La administración provincial viene destinando recursos propios para mantener su red vial, que ascienden a casi 400 millones de dólares en obras viales propias, que se traducen en más de 7.000 toneladas de asfalto para intervenciones de emergencia en rutas nacionales.
Disputa de fondo: La distribución de los recursos nacionales
Pullaro no es el único Gobernador que debió comenzar a hacerse cargo de las obras que deberían correr por cuenta del Gobierno Nacional. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Axel Kicillof firmó contratos para activar obras en universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense y reclamó la transferencia de obras paralizadas por Nación.
Sin embargo, el conflicto por la inversión en infraestructura se enmarca en una tensión más amplia sobre la distribución de recursos federales, particularmente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.
Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por impuestos federales, pero su distribución queda a criterio discrecional del gobierno nacional. Las cifras revelan una caída drástica en las transferencias a las provincias.
En 2023 se giraron $173.000 millones en ATN, mientras que en 2024 el monto cayó a $49.800 millones. En lo que va de 2025, solo se enviaron $84.000 millones, evidenciando el impacto del ajuste fiscal implementado por la administración de Milei.
Es en este contexto que los 23 gobernadores (y el alcalde porteño) enviaron dos proyectos al Congreso para modificar la situación, en una inusual muestra de unidad que da cuenta de la trasversalidad del problema.
Ambos fueron aprobados por el Senado hace unos días. Se trata de una reforma para redistribuir automáticamente los ATN utilizando los porcentajes de coparticipación, y propone eliminar los fideicomisos del impuesto a los combustibles líquidos para aumentar la participación provincial del 10,4% al 58,36%.
Estas medidas buscan que las provincias puedan utilizar esos fondos según sus propias prioridades, incluyendo el mantenimiento de infraestructura vial. Como era de esperar, desde Casa Rosada adelantaron (aunque no sin tensiones internas) que vetarán el proyecto si finalmente se sanciona.
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Tensiones con los libertarios en la Constituyente santafesina
En el caso puntual de Santa Fe, la disputa se tradujo en una escalada de tensiones en medio de la discusión por la reforma constitucional provincial. En la primera jornada de la Convención Constituyente, el bloque libertario protagonizó un episodio que evidenció el deterioro de las relaciones políticas.
El constituyente de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, publicó en redes sociales una foto del gobernador Pullaro conversando con el peronista Juan Monteverde y denunció un supuesto acuerdo entre ambos dirigentes.
“¿Ya le explicó Monteverde a sus votantes cómo es que se presenta como la renovación de la política y la mayoría de sus convencionales le votaron a Pullaro lo que necesitaba para su reelección a cambio de mantener sus privilegios en el Senado?“, comentó Aleart.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Ya le explicó @juanmonteverde a sus votantes cómo es que se presenta como la renovación de la política y la mayoría de sus convencionales le votaron a Pullaro lo que necesitaba para su reelección a cambio de mantener sus privilegios en el Senado? (mayoría… pic.twitter.com/OuLqgu22Kg
— Juan Pedro Aleart (@JAleart) July 15, 2025
Parece que una foto en el recinto legislativo fue suficiente prueba para el libertario, pero lo cierto es que el peronismo votó dividido en la primera jornada, en la que se discutió el criterio para determinar la mayoría necesaria para aprobar las reformas de Pullaro.
Precisamente fue el sector de Ciudad Futura (los 7 representantes de Monteverde) el que pidió que hubiese mayoría absoluta, a contramano de lo que quería el oficialismo. Finalmente Pullaro logró imponer mayoría simple sobre los presentes.
Sea como fuere, el concejal de Rosario, Franco Volpe, acompañó el ataque coordinado y publicó la misma foto señalando: “Al final la alianza era Monteverde y Pullaro, LLA única oposición“.
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Vialidad Nacional: disolución y resistencia judicial
En cuanto al conflicto por las rutas, este se agravó con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante el Decreto 461/2025, que también cerró la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Además, se concesionaron 9.120 kilómetros de rutas.
Más allá del impacto directo de la medida en las rutas, el cierre también afecta directamente a 5.245 empleados de la DNV, quienes a través del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentaron un recurso de amparo ante la justicia laboral.
La demanda, patrocinada por los doctores Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, fue radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº23, a cargo de Marta Rey. El amparo busca impugnar el decreto 461/2025 por considerarlo inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales“.
Los demandantes argumentan que la ley Bases y las facultades delegadas no otorgaron potestad al Poder Ejecutivo para disolver entes como Vialidad Nacional, ya que el Artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo excepciones específicas.
La medida cautelar de no innovar solicita que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de los salarios y la continuidad laboral. En caso de sostenerse el cierre del organismo, los trabajadores demandan ser absorbidos por otras reparticiones con los mismos derechos, condiciones, antigüedad y beneficios.
Los sindicatos advierten que cerrar Vialidad afecta el interés público, ya que implicará no solo más inseguridad vial sino también menos transparencia en el manejo de la infraestructura vial nacional. El organismo, con más de 93 años de historia, tiene presencia en todo el territorio de Argentina, el octavo país del mundo en extensión territorial.
