El Gobierno de Javier Milei ratificó que vetará todos los proyectos aprobados en la última sesión del Senado, a contramano de las recomendaciones de Sturzenegger, cuya función quedó en el limbo desde el fin de las facultades delegadas.
Los reclamos de los gobernadores por la distribución de los fondos nacionales generaron un cortocircuito en el Gobierno de Javier Milei. Mientras el ministro Federico Sturzenegger sugiere públicamente no vetar los proyectos en caso de que avancen en el Congreso, desde Casa Rosada insisten en que van a frenar todas las iniciativas que comprometan su equilibrio fiscal.
Es que el jueves pasado el Senado aprobó una seguidilla de proyectos resistidos por el Gobierno Nacional y, acto seguido, el mandatario adelantó que tiene previsto vetarlos todos. Sin embargo, Sturzenegger había diferenciado entre las leyes de aumentos a jubilados, moratoria y discapacidad, de impulsados por los gobernadores.
¿Por qué Sturzenegger recomienda no vetar?
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado planteó su posición durante una entrevista en LN+ el domingo por la noche. “Yo le diría al Presidente que no vete la ley de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”, declaró Sturzenegger en referencia al proyecto de los gobernadores que fue aprobado en el Senado la semana pasada.
Los ATN representan fondos que la Nación debe girar a las provincias, pero cuya distribución actual mantiene un carácter discrecional que el proyecto busca automatizar. Los gobernadores habían intentado negociar con el Gobierno tras su reunión en el Consejo federal de inversiones (CFI).
Sin embargo, la falta de contraofertas de Casa Rosada motorizó un inesperado reclamo conjunto de todas las provincias, que también pretenden rediscutir la distribución de la recaudación relacionada con el Impuesto a los Combustibles.
Para Sturzenegger, la aprobación de la redistribución de los ATN “cambiaría toda la discusión del federalismo” al establecer un precedente sobre la capacidad del Congreso para modificar la coparticipación y permitiría modificar en el futuro la distribución de recursos entre provincias “chicas” y “grandes” sin necesidad de ratificación provincial.
Su argumento se basó en una interpretación constitucional: “Desde la Constitución del ’94, hay mucha discusión sobre si la coparticipación la puede cambiar el Congreso o no”. “En general, se dice que si esa ley se cambia, se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique”, señaló.
Sin embargo, “el Senado acaba de validar que la Ley de Coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso”. Por eso, agregó, “si el Presidente me consulta, yo le diría ‘esta no la vete'”.
En otras palabras, una iniciativa de estas características abriría las puertas a que el Poder Legislativo Nacional pueda discutir la distribución de recursos y, a la vez, funcionaria como moneda de cambio para sumar voluntades en el Congreso y facilitar el sostenimiento de los vetos presidenciales sobre otras iniciativas.
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En Casa Rosada insisten en que vetarán todo
Lo cierto es que la situación de Sturzenegger en el Gobierno se encuentra en un limbo desde el 8 de julio, cuando perdió sus funciones tras el final de las facultades delegadas. Aunque mantiene el título de ministro, su única labor actual es conceder entrevistas a medios de comunicación y aconsejar a Milei.
Por ahora, los consejos del ministro parecen estar cayendo en oídos sordos, ya que desde Balcarce 50 salieron inmediatamente a desmentir la alternativa de Sturzenegger y ratificaron que Milei aplicará el veto a todas las iniciativas.
“Fue apresurado lo de Sturzenegger, estuvo mal. El proyecto de los gobernadores tiene media sanción, no está aprobado. Es una conversación del futuro, falta mucho para esa discusión. No entendimos la lógica de lo que planteó”, expresó un funcionario nacional al periodista Jonathan Heguier.
El propio Presidente manifestó sus diferencias con el “Coloso” (como apoda a Sturzenegger) a través de una serie de retuits que dejaron claro que vetará todas las iniciativas. Una fuente de Casa Rosada fue categórica: “Se veta todo lo que está sancionado en el Congreso. Todo“.
En todo caso, en Casa Rosada prefieren interpretar las declaraciones como una “chicana a los mandatarios provinciales“, pero que la decisión presidencial no está sujeta a negociación. “El Presidente va a vetar los proyectos, eso nunca estuvo en duda“, remarcó un funcionario de extrema confianza del primer mandatario.
Esta ratificación implica que la Casa Rosada abrirá un nuevo capítulo de tensión con los 23 gobernadores y el alcalde porteño, quienes fueron los principales impulsores tanto de la mayor distribución del régimen de los ATN como de las modificaciones al impuesto a los combustibles.
Por lo pronto, el jueves pasado ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado con amplio consenso opositor, que incluyó tanto al peronismo como a legisladores radicales, macristas y espacios provinciales que habitualmente actúan como aliados del oficialismo. Ahora, los proyectos esperan ser tratados en la Cámara de Diputados.
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Negociaciones necesarias y promesas incumplidas
Para sostener los vetos presidenciales, el oficialismo necesita reunir 86 legisladores que impidan que la oposición logre los dos tercios necesarios para tumbar las decisiones ejecutivas. Los libertarios consultados coinciden en que “no es imposible” que lo logren, pero la matemática se complica si los gobernadores bajan la orden para plegarse.
“Estas tres leyes salieron con 142 votos a favor (en referencia a jubilaciones, moratoria y discapacidad)”, comentan en el gobierno, “lo bueno es que ahora no necesitamos 87 héroes”.
Desde el sector proponen: “Supongamos que le vaya mejor a la oposición, cosa que es poco probable, necesitamos entonces 72 ó 73 para rechazarla. Tenemos los nuestros, que son 38, sumamos al PRO, al MID, no estamos tan lejos. No es inalcanzable“, señalan desde el Gobierno.
Otras fuentes indican que “nos faltan cuatro diputados y estamos“. En este sector tienen la mira en cinco de los 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo hace un año: los radicales Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), y los del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).
Esto explica por qué aunque en Casa Rosada insisten en que no están abiertos a negociar, el jefe de Gabinete Guillermo Francos mantiene el diálogo constante con los mandatarios provinciales. De hecho, podría cruzarse con algunos de ellos este jueves en La Rural en un encuentro que se está intentando organizar con Nicolás Pino.
Sea como fuere, el tema de la modificación de la Coparticipación Federal ya estaba presente entre las promesas de la plataforma electoral de La Libertad Avanza en 2023, aunque la tropa libertaria aclaró que una reforma de este estilo llegaría recién en la “tercera generación”, tras una larga lista de privatizaciones y un proceso de desguace del Estado Nacional.
El tema también quedó entre los puntos del Pacto de Mayo, firmado por Milei y varios gobernadores en julio del año pasado. Sin embargo, el Consejo de Mayo (marco previsto para la discusión de estos puntos) se inauguró recién el mes pasado, más de un año después de haber sido anunciado por Milei.
Para colmo, el organismo fue conformado a dedo por Casa Rosada, que ubicó por decreto a sus aliados y amigos en las sillas de discusión. En este contexto, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo quedó como representante de las provincias.
Los gobernadores se muestran escépticos sobre la posibilidad de arribar a un consenso mínimo sobre cómo modificar la ley, interpretando que cualquier decisión que no aglomere a la totalidad de las provincias implicaría una judicialización inmediata.
No obstante, un operador del gobierno asegura que “es más fácil de convencer a tres personas (los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) que a 24 gobernadores”. Entre tanto, la distribución de los fondos le viene funcionando como moneda de cambio al Gobierno Nacional para presionar a las provincias a votar sus proyectos.
