Denunciaron a los diputados que visitaron a los represores en el penal de Ezeiza y la presentación implica a Patricia Bullrich como responsable del Servicio Penitenciario Federal, que se negó a brindar información sobre quiénes participaron de la vergonzante “visita humanitaria”.
El mes pasado se conoció que un grupo de Diputados de la Libertad Avanza compuesto por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, visitó a genocidas en el penal de Ezeiza el 11 de julio.
La visita a la Unidad 31 de Ezeiza se produjo en una camioneta oficial de la Cámara de Diputados y no solo generó tensiones dentro del bloque libertario, sino que dejó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) envuelto en el escándalo.
Es que las explicaciones que ofreció la entidad a cargo de la Ministra Patricia Bullrich incluyeron oficios en los que evitaban nombrar a los implicados en la visita y respuestas que incluían a Diputados que ni siquiera habían entrado en la cárcel.
En este contexto, el juez Daniel Obligado (del Tribunal Oral Federal 5) decidió presentar una denuncia ante la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza, y que quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak.
Complicidad del Servicio Penitenciario Federal
Tras conocerse la excusión a Ezeiza, el juez Alejandro Slokar, quien coordina la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, ordenó a Obligado a iniciar una investigación sobre el hecho.
Sin embargo, cuando el magistrado solicitó a Bullrich los informes correspondientes de forma urgente, la funcionaria esperó casi una semana antes de responder. En paralelo, se pronunció en los medios de comunicación a favor de los Diputados libertarios. La Ministra también atacó a Slokar, acusándolo de no tener la “misma vara” para todos.
La respuesta finalmente llegó al TOF 5, aunque sin las firmas de Bullrich ni de Fernando Martínez, el titular del SPF. Martínez intentó mantenerse fuera del radar luego de que Benedit lo calificara como un “excelente colaborador” en un chat filtrado.
Los chats filtrados también revelaron que el diputado entrerriano reivindicaba el viaje y apuntaba a profundizar los vínculos con los genocidas. Además, ya había realizado varias visitas a la Unidad 31 y la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Quien se encargó de responder al Poder Judicial fue el subdirector penitenciario, Diego Morel, quien se limitó a decir que los diputados habían cumplido con las normativas pertinentes al visitar el penal, aunque evitó dar nombres.
Entre tanto, la situación derivó en un pedido del abogado querellante Pablo Llonto, que fue respaldado por el fiscal Félix Crous. Ambos apuntaron a las declaraciones de Arrieta y Bonacci, que habían asegurado ser engañadas, que implicarían una violación de lo establecido en el decreto 1136/97.
Dicha normativa indica que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta.
En otras palabras, el detenido debe estar al tanto de quién quiere visitarlo y consentir a la visita. Esto implica que si ninguna de ellas sabía a quiénes visitarían, no podrían haber pedido la autorización para la visita.
En el Poder Judicial también sospecharon que se podría haber violado el artículo 109 del decreto, en el que se indica que los funcionarios públicos deben acreditar los motivos de sus visitas a establecimientos penitenciarios. La imposibilidad de presentar esta documentación pone en falta a los integrantes del SPF.
En este marco, Obligado decidió una denuncia ante la justicia federal de Lomas de Zamora.
Irregularidades de la visita al penal
Uno de los principales elementos que dejó expuesta la falta de controles por parte del SPF fue la respuesta del ente ante el pedido de información. Es que una legisladora que no participó de la visita apareció en los documentos de la entidad.
La situación se conoció a partir del pedido de Adrián Grünberg, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, tribunal que había condenado al exagente del Batallón de Inteligencia 601, Raúl Guglielminetti.
Grünberg había solicitado explicaciones al SPF ante la información de que el represor participó en la reunión con libertarios. Sin embargo, la respuesta inicial indicaba que Guglielminetti solo se había visto con su esposa y dos amigos.
Ante la insistencia, el SPF dio una segunda respuesta en la que admitía el ingreso de “ciudadanos” al sector, y puntualizaba que se trató de: Montenegro, Bonacci y Arrieta. Aunque se mencionaba a otras cuatro personas, no eran los demás libertarios de la comitiva proveniente de Diputados.
Sin embargo, sí aparecía la legisladora de LLA en Salta, María Emilio Orozco, quien habría presentado los papeles para ir pero finalmente no se subió a la camioneta, según indicaron desde el Congreso. La misma fuente comentó que “lo que pasa es que el SPF dejó que entraran todos sin cotejar los documentos. Lo que dice Bonacci de que entraron con los celulares es cierto”.
En este contexto, el juez volvió a reclamar precisiones al SPF, para conocer qué otros “ciudadanos” entraron a la unidad residencial II de Ezeiza el 11 de julio y que hicieron antes y después de la visita.
Prisiones domiciliarias y la complicidad de Bullrich
Bullrich se manifestó sobre la reunión entre diputados y genocidas durante su visita a Mendoza, y deslizó la necesidad de discutir sobre la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad.
“El tema en este sentido es la igualdad ante la ley. Es decir, a los 70 años las personas que están condenadas y que han cometido todo tipo de delitos, asesinatos, crímenes de todo tipo, pueden salir”, comentó en una conferencia de prensa, y agregó que “en el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel”.
“Ahora, a mí me toca administrar la cárcel. Me parece que una cosa es cumplir con una condena y otra cosa es infligir a esa condena una situación de extrema gravedad, como es tener una persona con un cáncer terminal en una cárcel. Me parece que es un tema que hay que pensarlo”, completó.
Sobre la visita, comentó que “la versión que tienen ellos es otra. Fueron a un pabellón y en ese pabellón estaban estos detenidos“. “Yo no iría a visitarlos, pero ¿hay alguna prohibición para visitar a tal o cual detenido? Yo creo que no, se tienen que hacer cargo los que lo hicieron”, añadió.
“Si consideran que hay una lectura distinta respecto a lo que pasó en el pasado y quieren dar vuelta a esa lectura, tienen el derecho a hacerlo. Porque esa es la libertad”, dijo sobre la reivindicación de los represores.
Un Diputado de LLA amenazó con apoyar sanciones contra los libertarios que visitaron genocidas
En paralelo, fuentes pertenecientes al bloque de diputados libertario aseguraron que un grupo de legisladores busca habilitar la prisión domiciliaria para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, algo que formaría parte de un pacto con Javier Milei y Victoria Villarruel.
Mientras trabajan en el proyecto, los involucrados crearon un grupo de Whatsapp junto a jueces, fiscales y sacerdotes, en el que se menciona la colaboración del Ministerio de Seguridad.
Así, Bullrich no solo es salpicada por su responsabilidad al tener a cargo el servicio penitenciario, sino que además estaría colaborando con el proyecto de prisiones domiciliarias para represores. La estrategia era llevar a Karina Milei un plan de acción y luego pulir el proyecto junto a Benedit.
Sin embargo, las denuncias de Bonacci y Arrieta sobre un engaño del entrerriano para llevarlas al penal generaron tensiones dentro del bloque, que se encuentra al borde de la ruptura, y la defensa de Benedit no hizo más que ensuciar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Ante todo, en las filas libertarias señalan que no solo Menem sabía de la visita, sino que también estaría implicada Bullrich, mencionada en los grupos de Whatsapp como colaboradora para concretar la visita.
“Quienes quieran asistir, enviarme foto y DNI para organizar ingreso con el Director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez (excelente colaborador)”, había dicho Benedit.
